Xalapa, Ver.-A 10 años de que los ayuntamientos del Estado comenzaron a crear sus Institutos Municipales de las Mujeres se confirma que estos espacios solo han servido para la simulación en la mayoría de los casos, pues prácticamente no les destinan recursos, oficinas propias y no operan conforme a su naturaleza legal con personal capacitado.
Lo anterior quedó reflejado en el informe de la situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres del estado de Veracruz 2019, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a petición del Congreso del Estado.
De acuerdo con la información, que ha circulado en medios de comunicación, 7 de los 11 ayuntamientos que cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Veracruz por violencia feminicida argumentan no tener presupuesto para atenderla, ni para reforzar sus IMM.
Lo anterior sin importar la grave situación de violencia de género que atraviesa Veracruz, ubicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como la entidad con más feminicidios del país en lo que va de 2019.
El órgano fiscalizador, a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, advirtió a los legisladores locales que de los 212 municipios solo 184 aportaron la información que les requirieron sobre los institutos y el resto se negaron a hacerlo o no lo hicieron de forma apropiada.
Se trata de los ayuntamientos Acula, Álamo Temapache, Amatlán de los Reyes, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Chiconquiaco, Chumatlán, Coacoatzintla, Coyutla, Cuichapa, Ilamatlán, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan y Jalcomulco.
Tampoco lo hicieron Jilotepec, Manlio Fabio Altamirano, Mixtla de Altamirano, Pueblo Viejo, Soledad Atzompa, Tancoco, Tantoyuca, Tehuipango, Texcatepec, Tlachichilco, Tomatlán, Tres Valles, Zaragoza y Zontecomatlán.
IMM operan sin estrategia
De los 184 municipios que atendieron el informe solo 56, o el 30 por ciento de los gobiernos municipales, reportaron haber destinado recursos a los IMM o áreas análogas para su operación.
En cuanto a la distribución por objeto del gasto se identificó que se aplica hasta un 68 por ciento al capítulo de servicios personales, seguido del capítulo de servicios generales con 18 por ciento, es decir que la mayor parte se destina al gasto corriente.
De estos ayuntamientos 53 de ellos no rebasan un millón de pesos anuales de presupuesto; 3 ejercen hasta 1.5 millones y solo uno ejerce hasta 6.5 millones de pesos.
En cuanto a la plantilla de personal, el 82 por ciento del total cuenta con 1 a 3 trabajadores en las áreas operantes, pese a que se espera que cada instituto cuente con dirección general, área administrativa, jurídica, de psicología y áreas de trabajo social.
Además en la mayoría de los casos el perfil universitario no es afín al trabajo que realizan los integrantes de los institutos. Esto cuando el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de los IMM requieren de conocimientos y capacidades altamente especializados, resalta el ORFIS.
El órgano agrega que solo 79 o el 43 por ciento son Organismos Públicos Descentralizados. Otros municipios tienen a sus Institutos como órganos desconcentrados o como dirección de área.
Igualmente 103 IMM restantes funcionan sin acuerdo o decreto como Organismo Desconcentrado, Dirección u otra denominación, cuando por su naturaleza debe de ser un OPD con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión.
Aunque 184 municipios tienen institutos en 80 cuentan con Reglamento Interior del IMM y 114 tienen Comisión Edilicia de Equidad de Género.
Igualmente 85, o el 46 por ciento de los 184 Ayuntamientos, señalaron contar con oficinas propias para el desempeño de las actividades del IMM y 110, 60 por ciento, tienen mobiliario y equipo para su operatividad.
De acuerdo con el ORFIS “es indispensable que todos los IMM dispongan de espacios acondicionados para garantizar a las usuarias privacidad y atención”.
De los 184 Ayuntamientos únicamente en 79 casos las personas encargadas cuentan con título profesional y 151 cuentan con Dirección General.
Además, del total solo 28 cuentan con Áreas Administrativas; 53 de los IMM cuentan con Áreas Jurídicas; 55 con Áreas de Psicología, 28 con Áreas de Trabajo Social.
En 77 casos existe únicamente la Dirección General y solo 9 institutos funcionan todas las áreas.
Esto deja en evidencia que la mayoría de los Institutos no funcionan, por lo que se requieren para mejorar la gestión y alcanzar los objetivos de igualdad de género, añade el ORFIS.
Alerta de género inservible
Lo anterior, se agrega al “Diagnóstico Estatal de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. Análisis y evidencias a partir del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres”, el cual dictamina los nulos resultados de una alerta de género por violencia feminicida.
La alerta de género se decretó en 11 municipios de la entidad en 2016 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), sin embargo los feminicidios no han cesado, tal y como lo refleja el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Con corte a junio de 2019, el estado de Veracruz aporta 97 feminicidios a una cifra total de 448 en México, con lo cual ostenta un deshonroso primer lugar nacional, no obstante las autoridades del Estado justifican que la Fiscalía General del Estado reporta todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios y sigue sin clasificar las que son homicidios dolosos y culposos.
En el recuento del Sistema, Xalapa escaló al primer sitio estatal con 6 casos. Le sigue Coatzacoalcos, con 4, y Emiliano Zapata y Veracruz con 3 casos cada uno.
Además, la Fiscalía General ha iniciado 113 carpetas de investigación por homicidios dolosos de mujeres durante el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 10 de junio de 2019.
En Xalapa, con el gobierno postulado por Morena de Hipólito Rodríguez Herrero, se han registrado 8 casos de feminicidios o asesinatos dolosos.
Además, en el puerto de Veracruz gobernado por el panista Fernando Yunes Márquez se han registrado 6 casos, ubicándose en segundo sitio con más delitos de este tipo en el citado lapso.
El mismo número de casos se registra en Córdoba, gobernado por la también panista Leticia López Landero y en Minatitlán, administrado por el morenista Nicolás Reyes Álvarez.
Además, en el municipio de Coatzacoalcos gobernado por el morenista Víctor Manuel Carranza Rosaldo se han registrado 5 casos; en Acayucan, a cargo del perredista Cuitláhuac Condado Escamilla se han registrado 4 casos en dicho periodo.
Además, según la Fiscalía, en Agua Dulce; Martínez de la Torre; Papantla; Poza Rica; Santa Ana Atzacan; Tierra Blanca y Tlachichilco se han registrado 3 asesinatos de mujeres en cada uno de estos municipios; de estos Martínez de la Torre y Poza Rica también están incluidos en la AVG.
En Orizaba, Río Blanco, Tecolutla, Tuxpan y Álamo se han registrado 2 casos de feminicidios en cada uno de estos municipios. Orizaba y Tuxpan también se encuentran en el listado de 11 municipios con AVG, por lo que en total en 9 municipios con el mecanismo de la CONAVIM la situación no mejora.
Finalmente, en otras 43 demarcaciones se ha registrado un homicidio doloso contra mujeres, dando el total de 113 casos en lo que va del gobierno de García Jiménez.
Detalló que en total se han registrado feminicidios en 63 de los 212 municipios veracruzanos.
Contra los feminicidios no hay plan
El alza en este tipo de delitos refleja además la exclusión en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024 para combatir de frente los feminicidios, refirió el enlace del Colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra.
Indicó que la seguridad es responsabilidad del Gobierno del Estado, más el PVD no contempló una política integral con injerencia en los diferentes niveles de gobierno para orientar la toma de decisiones en un plan de seguridad integral, con respeto a la autonomía de los ayuntamientos.
“A estas alturas si el Gobernador está diciendo que no cuenta con la información suficiente para hacerlo y se remite a la Conavim para poder acceder a una análisis que ya tendría que haber hecho el gobierno del estado, es comprensible que los institutos municipales no cuenten con este tipo de fortalecimiento para poder operar a nivel local” alegó.
En esta “lavatoria de manos”, los municipios con un instituto u organismo de defensa de las mujeres, por ley no cuentan con la responsabilidad de garantizar la seguridad ni garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia.
Esto, dado que los institutos municipales se limitan en la función de promoción de los derechos de las mujeres, brindar acompañamiento técnico para delimitar las políticas públicas municipales en el marco de los derechos humanos, ejercer un trabajo comunitario de difusión de los derechos y promover herramientas para darles a las mujeres adquirir habilidades para mejorar sus condiciones.
En esta laguna, indicó, entran en el papel las atribuciones y obligaciones del gobierno del estado, a través de la Fiscalía General del Estado y por otra parte el Poder Judicial.
“Dentro los tres ámbitos de gobierno es quien tiene una mayor cercanía con la población y es importante su fortalecimiento también. A más de 10 años de que se crearon los primeros institutos también sería importante que desde el Instituto Nacional de las Mujeres se pudiera impulsar y desde el (Instituto) veracruzano una medición, evaluación del impacto que están teniendo este tipo de política municipal en el acceso a los derechos de las mujeres”, indicó la activista.