TUXTLA GUTIÉRREZ.- Carlos Eduardo intentaba llegar a Tijuana, Baja California, desde la semana pasada, pero en un retén en la zona conocida como “La Pochota”, en esta ciudad capital de Chiapas, elementos de Migración lo retuvieron y lo “encarcelaron”, a pesar de que el joven comprobó, con documentos oficiales, que era mexicano.
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Elidia Rivas López, su madre, está parada a las afueras de la estación migratoria “El Cupapé I”, en esta misma localidad, en espera de que liberen a su hijo de 17 años de edad, quien desde el miércoles pasado fue privado de su libertad.
En entrevista, cuenta que desde el sábado ella salió del lugar donde viven, Amatenango de la Frontera, en esta geografía chiapaneca, para rastrear a su menor, a quien lo despojaron de mil 600 pesos que traía en la bolsa, sus papeles (entre éstos los de su primaria terminada) y un teléfono celular.
Aunque ella es guatemalteca, confirma que desde niña radica en Chiapas e, incluso, ya cuenta con acta de nacimiento y otros documentos que le permiten estar en estas tierras, mientras que su hijo –deja en claro-- es mexicano de nacimiento.
Mientras La Silla Rota platicaba con ella, fue llamada por un policía, quien le confirmó que podría ingresar por Carlos Eduardo. A los pocos minutos, ambos ya estaban afuera, pero sin los papeles de Carlos, quien se tendrá que regresar a su pueblo para tramitar esos certificados, pues de otra forma no podría viajar a Tijuana, donde se reuniría con un amigo para trabajar en la venta de ropa de paca.
Ahora, se esfumaron las esperanzas de que el amatenanguense llegue a esa ciudad norteña y, con el fruto del esfuerzo, les enviara dinero a sus padres, quienes trabajan el campo de sol a sol, pero les es insuficiente para mantener a otros cuatro hijos, todos menores de edad.
“Prestamos ese recurso para que él se fuera (a Tijuana), y ahora quedaremos endeudados, ¡eso no es posible, no se vale!”, lamenta Elidia, quien es acompañada por Marbella Navarro, abogada chiapaneca que le ayudó a presionar a las autoridades del INM.
Lo que más le preocupa, dice la mujer, es que su esposo tiene 66 años de edad y ya le cuesta sembrar la tierra. Por su parte, Carlos advierte que solo el día de la detención lo “torturaron” de forma sicológica: los agentes del INM le advirtieron que lo mantendrían encerrado en la estación migratoria “El Cupapé II”, conocida como “La Mosca, por al menos una década. “Que ahí me quedaría”, puntualiza.
Para Marbella Navarro, también defensora de derechos humanos, esta acción representa una arbitrariedad, pues en todo momento se demostró que Carlos es chiapaneco; “lo que sucedió, al parecer, es que al momento que lo detienen, se pone nervioso, porque es menor de edad, y de ahí se valieron para llevárselo”.
Lo que más le genera sospecha, dice, es que le hayan desaparecido los documentos, cuando una funcionaria del mismo INM le confirmó que ellos los tenían. “Lo que debieron hacer (las autoridades) es comunicarse con los papás; porque a Carlos solo le permitieron hablar con su mamá por muy poco tiempo; me extraña que se haya registrado esta detención tan arbitraria”.
Ahora, Elidia Rivas se dirigiría a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia por el extravío de los documentos oficiales de su hijo por parte del INM.
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