Xalapa, Ver. - La carrera delictiva de ex mandos y elementos policiacos municipales empezó una década antes de ser señalados por el Comité de Derechos Humanos Organización de las Naciones Unidas (ONU) como los presuntos responsables de la desaparición del estudiante Christian Téllez Padilla, ocurrida en Poza Rica durante el 2010.
El camino que llevó a los exmandos Juan Carlos Novoa Torres alias “El Novoa”; Amado Mercado Guerrero, alias "El Indio"; así como a los policías municipales Pablo García, Marco Alfredo Castellanos López, Carlos Vicencio Santiago, a convertirse en presuntos jefes de plaza de grupos criminales, extorsionadores y hasta “matones a sueldo”, se gestó en su paso por la policía municipal.
El subcoordinador de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, Javier Amador Mercado Guerrero, “El Indio”, fue detenido el 24 de diciembre de 2011 por ser el presunto líder de plaza del grupo delincuencia de “Los Zetas”, según presumió el Gobierno del entonces mandatario Javier Duarte de Ochoa.
Juan Carlos Novoa Torres “El Novoa” aunque se llegó a desempeñar como comandante de la Policía Municipal de Coatepec durante el Gobierno del alcalde Roberto Pérez Moreno “Juanelo” fue señalado como el responsable de ejecutar el asesinato del tesorero Guillermo Pozos Rivera, presuntamente por órdenes del presidente municipal, aunque no está detenido por dicho crimen.
Corría el 2014 cuando el 25 de agosto, cuatro días después del “levantón” del funcionario municipal, su cuerpo apareció con el tiro de gracia y lesiones por arma de fuego en un paraje que conecta a Coatepec con la comunidad de Tlaltetela.
Por este hecho el alcalde fue desaforado el 22 de junio de 2015 y el subdirector Operativo, Eder Omar Álvarez Tapia; su escolta, Jairo Brígido Caballero Espinosa y el motopatrullero, Francisco Sandoval Hernández, fueron detenidos, pero de “El Novoa” solo se supo que fue escoltado por elementos de la SSP tras la disolución que se hizo de la policía municipal de Coatepec.
En la investigación de la entonces Procuraduría General del Estado, a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, se advirtió que se estudiaban los problemas que había por el manejo de los recursos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) con el comandante de la Policía Municipal, Juan Carlos Novoa Torres. En este caso, “Juanelo” fue exonerado, pero de su ex comandante de policía no se sabe nada.
“El Novoa” fue señalado por los familiares de Christian Téllez Padilla por el presunto encubrimiento que hizo de los policías involucrados en la desaparición del joven, mediante la firma de documentación que avalaba que los elementos no se encontraban en el lugar de los hechos.
En el caso de Marco Alfredo Castellanos López fue señalado por los familiares del estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México de encubrir a los policías que detuvieron al joven de 30 años y que posiblemente lo desaparecieron. En ese momento, pese a las denuncias, este hecho fue pasado por alto.
Luego, en diciembre de 2011, elementos de la Policía Federal detuvieron a Mercado Guerrero, como presunto responsable de realizar y ordenar secuestros en la zona de Poza Rica, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, San Rafael, Vega de Alatorre y Tuxpan, en el norte del estado de Veracruz.
Según la información del Gobierno del Estado, el detenido encabezaba un grupo encargado del tráfico de drogas, de extorsionar a comerciantes y locatarios, además de privar de la libertad a integrantes de grupos antagónicos o a quienes no cumplían con sus exigencias económicas.
Desde inicios de 2010 "El Indio" se desempeñaba como policía intermunicipal de Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán, posición que aprovechaba para brindar información y seguridad a “Los Zetas”.
Policías rasos con negro historial
Los otros implicados en la presunta desaparición forzada de Téllez Padilla son el inspector de la policía municipal de Papantla, Marco Alfredo Castellanos López, que también en 2010 fue señalado por agredir a varios ciudadanos y por lo cual el Ayuntamiento presidido por Bonifacio Castillo Cruz, recibió una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDEH) que fue ratificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Se trata de la recomendación 46/99 de la CEDH, derivada de dos quejas presentadas en 1999 en contra de Marco Alfredo Castellanos López, Elfego Hernández Montero y Juan Muñoz Ignacio, como probables responsables de abuso de autoridad, daños y contra la libertad de expresión en perjuicio del reportero Luis de la Cruz Velázquez, y Gaspar Espejo Arroyo, Édgar Pablo Patiño Espejo, Gaspar Arturo Espejo Pérez y Víctor Efrén Hernández Gutiérrez; sin embargo, Castellanos López nunca fue sancionado.
Los policías municipales fueron señalados como probables responsables de lesiones y abuso de autoridad en agravio de los ciudadanos, que aseguraron fueron golpeados por los uniformados sin haber razón.
La Comisión ordenó al Ayuntamiento sancionar a Marco Alfredo Castellanos López, Elfego Hernández Montero, Benjamín Mohedano Hernández, Luis Fernández Martínez, Víctor Manuel García Mata, Benito Castillo Malpica, Juan Muñoz Ignacio, Pedro González García, Gonzalo de la Cruz de Olmos, Crisóforo Morgado Velázquez, Israel González García y Óscar Manuel Castellanos; pero el Ayuntamiento alegó que al haberse iniciado un proceso penal en su contra no podría sancionarlos.
Esto fue evidenciado por la CNDH, que ratificó el 9 de septiembre de 1999 la queja bajo la carpeta CNDH/122/99/VER/I00275, y avaló la recomendación del organismo local.
“El Presidente Municipal de Papantla, Veracruz, interpretó equivocadamente la Recomendación emitida por el Organismo Local, ya que como servidor público le corresponde dictar las medidas pertinentes para que se dé inicio a la investigación administrativa y, en su caso, se sancione conforme a la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Entidad a las autoridades involucradas, sin que para ello exista impedimento, toda vez que no es válido el argumento del edil, en el sentido de que ya están siendo sujetos de un proceso penal, porque no existe fundamento en el que se señale que ello impida el inicio del procedimiento administrativo”, señala el documento en poder de La Silla Rota Veracruz.
En el caso de Christian Téllez, Castellanos López fue señalado por Aideé Galindres Basave, un testigo presencial de la detención, como uno de los responsables de bajar de su automóvil al hombre y subirlo a una camioneta de la policía intermunicipal con rumbo desconocido.
Con él habría estado el policía municipal Pablo García, de quien se hizo un retrato hablado, que el 29 de noviembre de ese año, fue citado a declarar y aseguró no pertenecer a la Unidad Canina y no manejar patrullas ni motocicletas, e incluso haber estado de vacaciones el día de los hechos.
Como prueba, mostró un oficio firmado por el Coordinador General de la Policía Intermunicipal, que entones era Juan Carlos Novoa Torres, y una bitácora de 20 de octubre de 2010 de la Unidad Canina, firmada por el Subcoordinador de la Policía Intermunicipal, Javier Amador Mercado Guerrero.
Otro de los señalados fue Carlos Vicencio Santiago, que dos años antes, junto con otros tres policías el 28 de octubre de 2008, recibieron estímulos económicos de 2 mil 500 pesos cada uno por sus acciones inmediatas en contra de la delincuencia.
El reconocimiento se hizo por parte del Ayuntamiento de Poza Rica, que los “premió” por su labor sobresaliente, enaltecer su profesión y cumplir con la ciudadanía, ya que participó en la detención de un taxista que se dedicaba presuntamente a la venta de droga a menores de edad.
ONU pide aclarar desaparición forzada de Christian Téllez
La Organización de las Naciones Unidas, por medio del Comité de Derechos Humanos, instruyó al Estado mexicano a realizar una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y eficaz sobre la desaparición del estudiante pozarricense Christian Téllez Padilla.
Lo anterior, luego de que el Comité finalizó el análisis de la comunicación CCPR/C/126/D/2750/2016, promovida por familiares de Christian Téllez, ante hechos violatorios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de elementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán y Coatzintla.
María Eugenia Padilla García, madre de la víctima, y sus hermanos Ricardo Ulises Téllez Padilla y María Eugenia Zaldívar Padilla, denunciaron que con la desaparición de forzada el Estado mexicano violentó los derechos de Christian Téllez a un recurso efectivo, a la vida, a la prohibición de la tortura y los tratos crueles e inhumanos, además de su derecho a la libertad y a la seguridad personal, y el reconocimiento de la personalidad jurídica.
Los hechos se remontan al 20 de octubre de 2010, cuando Christian Téllez Padilla, en ese entonces, de 30 años y estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México (UGM) de Poza Rica, conducía su automóvil por las calles de aquella ciudad cuando en el puente del Huéleque (bulevar Ruiz Cortines), dos patrullas de la policía Intermunicipal le detuvieron y lo trasladaron en una de las unidades.
La compañera de Christian, y al momento, la única testigo presencial, Aidée Galindres Basave reconoció a tres de los ocho patrulleros: Pablo García (de quien se había realizado un retrato hablado) y Marco Alfredo Castellanos López y Carlos Vicencio Santiago.
Pablo García recibió el encubrimiento del entonces coordinador de la Intermunicipal, Juan Carlos Novoa Torres, al exhibir el jefe policial un oficio en donde autorizaba vacaciones al señalado.
El documento de las Naciones Unidas evidencia conductas asumidas por el Estado mexicano relativos a la desaparición forzada de personas: inicialmente, el día 20, la Intermunicipal negó contar con registros de la detención de Téllez Padilla, la entonces Agencia del Ministerio Público no admitió la denuncia por desaparición del joven sino pasadas 48 horas después de la detención.
A esto se agrega que la corporación no demostró pruebas del paradero de la víctima, no aplicó análisis dactiloscópico al vehículo del joven desaparecido ni proporcionó la grabación de las cámaras de vigilancia en la zona, y la Policía Intermunicipal imposibilitó el avance de las investigaciones.
La comunicación de la ONU advierte de violaciones al derecho a la vida y el derecho a no ser objeto de tortura contra Christian Téllez, además de un punto principal: fue detenido sin orden judicial, no se le informó de los motivos de la detención, no se formularon cargos contra él, ni compareció ante una autoridad judicial para poder impugnar la legalidad de su privación de libertad, además que la desaparición se realizó bajo la custodia de la Policía Intermunicipal.
Refiere que el Estado no inició de oficio una investigación independiente, imparcial, seria, exhaustiva y eficaz, que garantizara el derecho a la verdad y respetara el derecho de los familiares a la participación en el proceso.
Otro aspecto es que ninguno de los policías implicados admite su participación en la desaparición de Christian Téllez, e incluso el Estado mexicano alega que “se puede presumir que los autores del injusto penal (acto delictivo) pudieran tratarse de elementos encargados de hacer cumplir la ley, sin embargo, no se ha concluido fehacientemente la participación de algún miembro de la Policía Intermunicipal”.
En el análisis, el Comité de Derechos Humanos resuelve que el Estado sí violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por lo tanto, tiene la obligación de una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados.
A la par de la investigación a la que el Estado está obligada a realizar tiene la obligación de poner en libertad de manera inmediata al Téllez Padilla, en caso de que siga recluido en régimen de incomunicación y en el supuesto de que la víctima haya fallecido, entregar sus restos mortales a sus familiares.
Además, se le urge a investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones que hayan podido entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y localización, proporcionar a la familia información detallada sobre los resultados de la investigación y procesar y castigar a las personas halladas responsables de las vulneraciones cometidas y divulgar los resultados de esas actuaciones.
Por último, se le exige al Estado velar por que se presten a los familiares los servicios adecuados de rehabilitación psicológica y tratamiento médico en función de sus necesidades y concederles una reparación integral, que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas.