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"Información pública no debe ser negocio en Sonora"

Leticia Cuesta, directora de Sonora Ciudadana explicó que el estado tiene derecho a recaudar por estos servicios , pero se detectó que agregaban impuestos

Escrito en ESTADOS el

Sonora (La Silla Rota).- Los sonorenses interesados en solicitar escrituras de sus propiedades o bien de inmuebles y terrenos próximos a comprar, tienen que pagar 644 pesos en el Registro Público de la Propiedad por concepto de recaudatorio, únicamente por acceder a información pública a la que legalmente tiene derecho.

Esto provocó que un par de ciudadanos se inconformara ante el cobro excesivo por dicho trámite, por lo que, con apoyo de la asociación de Sonora Ciudadana, acudieron a la justicia federal y a través de un amparo se logró que un juez declara inconstitucional esta percepción.

Leticia Cuesta Madrigal, directora de Sonora Ciudadana, explicó que el estado tiene derecho a recaudar por estos servicios ofrecidos, pero se detectó que se estaban agregando impuestos adicionales por el cobro de copias de los documentos solicitados.

Cada ciudadano invierte 400 pesos en fotocopiar las escrituras de sus propiedades cuando requerían hacer algún movimiento legal. A principios de octubre el juez federal Antonio Moza Diez declaró inconstitucional el cobro, por lo que ahora cualquier sonorense puede negarse a pagar dicho monto en el Registro Público de la Propiedad.

“Logramos que se hiciera valer el artículo sexto constitucional de que la información pública debe ser gratuita o a bajo costo y con el caso del registro civil el juez nos asienta esa lucha que nosotros tenemos porque los documentos que obran en el registro público son documentos públicos, esto quiere decir que el ciudadano interesado en sus escrituras puede acudir y no le deben de cobrar un solo peso”.

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Por cada hoja fotocopiada, dijo, se cobra al solicitante 26 pesos y este monto incrementa cada seis meses.

Con esta resolución del juez, se pretende informar al ciudadano que no es obligación el pago de los 400 pesos por copias ya que ahora puede fotografiar los documentos, y en caso de negarle este derecho puede interponer una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

“El juez también nos dio la razón de que, aunque sea una copia certificada, es decir, que tenga que tener la firma del titular de la oficina, eso tampoco debe de representar un costo adicional, toda vez que los servidores públicos ya reciben un sueldo por su trabajo y es parte de sus obligaciones certificar documentos”.

La información Pública no debe ser negocio para los gobiernos

Cada año el gobierno del estado recauda 2.3 millones por el cobro de copias y solicitudes de información sobre escrituras de propiedades, por lo que esta asociación de Sonora Ciudadana buscará que se elimine de la ley de ingresos aprobada para 2018.

Además dijo alentarán a la ciudadanía para que interpongan recursos de amparo para que un juez les exente del pago y así lograr jurisprudencia a fin de que el juez ordene derogar este impuesto.

“Nosotros vamos a esperar a que el gobierno del estado presente su propuesta o si no vamos a seguir amparando a ciudadanos para buscar la jurisprudencia, que son cinco sentencias consecutivas en el caso y ya se vuelve una obligación derogarlo por parte del juez”.

Estado eliminaría este impuesto solo si hay afectación a la población

El cobro de impuestos en servicios del Registro Público de la Propiedad, será retirado únicamente a las personas que se amparen ante estos cobros de derecho que contemplan copias y tramitología en dependencias públicas para tener acceso información de escrituras, declaró Raúl Navarro Gallegos.

El secretario de hacienda estatal dijo que la propuesta de la agrupación Sonora Ciudadana de retirar dichas recaudaciones, hacen referencia a un caso en específico, ya que hubo dos ciudadanos que presentaron recurso de amparo al inconformarse por el cobro de copias.

Señaló para efectuar la eliminación de estas percepciones, se tendrían que analizar los efectos negativos que han causado en la población, tema que se analizará en el proyecto de ley de ingresos del siguiente año.

“Es un derecho, no es un impuesto y beneficia a la persona que se amparó, tendríamos que ver las consecuencias en la ley de ingresos que estamos formulando para 2018”.

Aclaró que no se trata de desaparecer impuestos, ya que este servicio es un derecho, no una contribución del ciudadano, pero se contemplará en el análisis del paquete fiscal 2018.