Aldama.- En este municipio chiapaneco, el desplazamiento forzado mantiene a más de 2 mil indígenas tzotziles sin poder conciliar el sueño, entre la violencia y la falta de alimento.
Llevan en un cuaderno anotado las 98 veces que les han disparado durante los últimos tres meses, desde una montaña colindante con sus tierras, ubicada en el municipio vecino de Chenalhó.
Manuela Sántiz Hernández tiene 24 años de edad y la responsabilidad de alimentar a ocho menores de edad, tres de ella, y cinco de su suegra, quien murió dejando huérfanos a cinco niños pequeños.
Vivían todos en la comunidad Yetón, uno de los 11 poblados donde se ubican 60 hectáreas de tierra que sus agresores del municipio de Chenalhó, intentan arrebatarles por la vía de la fuerza armada.
(Foto: Chiapas Paralelo)
Testimonios recogidos por el medio Chiapas Paralelo, recuerdan como la disputa por la tierra inició hace siete años, pero en fechas recientes escaló el nivel de agresiones que ha llevado al desplazamiento forzado a 115 familias, un total de 2 mil 36 personas.
“Una noche entraron a la casa, nos pusieron el arma en la cabeza, nos dijeron que teníamos que salir, y nos fuimos… no tenemos nada, ahí quedó todo, completamente todo, nuestras pertenencias, nuestras cosechas, nuestra casa. Tenemos que empezar de nuevo”, señala Manuela.
El pasado 15 de julio, por la mañana, el mismo medio registró que representantes de cada una de las 115 familias desplazadas, llegaron a la cabecera municipal de Aldama. Ahí cada familia recibió un costal con maíz, un poco de frijol y sal. Alimento que fue adquirido como parte de las donaciones de personas independientes, ante la falta de apoyo por parte de las autoridades.
La pelea por las tierras
La disputa entre las comunidades es por 60 hectáreas de tierras colindantes entre los municipios de Aldama y Chenalhó. Todo a base de agresiones armadas donde utilizan, de acuerdo a los disparos que se pueden ver en las paredes de las viviendas, armas de grueso calibre y rifles de asalto.
Los indígenas piden que se les devuelvan sus tierras, pues es ahí donde cosechan todo su alimento.
“Nosotros vamos a seguir peleando las 60 hectáreas porque son nuestras tierras, queremos que nos las devuelvan, porque ahí es donde sacamos nuestro alimento, nuestro sustento diario”, explicó Rosa Sántiz Sántiz.
Por lo que pidieron al gobierno de Chiapas darle una solución al conflicto “porque ya estamos cansados”.
La gente que se encuentra desplazada ha tenido que buscar maneras de sobrevivir.
En el caso de algunos hombres, salen a trabajar a Santiago el Pinar por 80 pesos diarios. Laboran de siete de la mañana a cuatro de la tarde, en la cosecha de café.
En Aldama, los desplazados se han organizado para resistir las agresiones de sus vecinos de Chenalhó.
(Foto: Chiapas Paralelo)
Desde el 23 de enero del 2019 el Gobierno Federal se vio obligado a instalar en las comunidades afectadas de Aldama, un destacamento de policías federales, estatales y el ejército mexicano, tras los constantes enfrentamientos registrados. Sin embargo, la violencia no se detuvo y al poco tiempo, los oficiales se retiraron del lugar, denunciaron los pobladores.
Los disparos han dejado a 15 heridos y siete personas han sido asesinadas, entre ellos Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama.
Las investigaciones han llegado hasta la Fiscalía General del Estado, sin embargo, cuando se intenta dar un seguimiento, la dependencia solo dice “que aún falta que se complete la investigación”.
Además, los pobladores también denunciaron que, tras retirarse el campamento del ejército, esporádicamente pasan a dar patrullajes pero se dan la vuelta y les dicen:
“Ustedes guarden silencio, no caigan en provocación”.
Conflicto llega a la CNDH
El gobierno de Chiapas, explica Manuel Melesio Sántiz López, otro de los desplazados, les ha ofrecido dividir la tierra y reubicar a las familias afectadas en un rancho ubicado en el municipio de Ixtapa, un lugar de tierra infértil donde el uso prolongado de agroquímicos ha acabado con la fertilidad de la tierra. Sin embargo, las mismas autoridades han suspendido el proceso para una posible reubicación.
Por su parte, la Fiscalía de justicia detuvo a Cristóbal Sántiz Jiménez, uno de los voceros de los desplazados. A la fecha, Cristóbal está preso en el penal El Amate. Con la detención, a la demanda para la restitución de sus tierras, y el alto a las agresiones, se suma ahora la exigencia para la liberación del líder comunitario.
“Esta pandemia se está complicado todo, porque hay escasez de alimento, hay una crisis muy fuerte, económicamente; y laboral, porque en el pueblo de Aldama trabajamos del campo, vivimos del campo y somos del campo”, sostiene Silvia, una joven de la zona, que ha tenido que dejar sus estudios para tomar el liderazgo en sistematizar las problemáticas, y servir de enlace hacia el exterior.
Las denuncias sobre la situación en Aldama han escalado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión Interamericana (CIDH), a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Pero los pobladores, aseguran que ninguna instancia ha servido para que la violencia se detenga y es una situación que se agudiza con la pandemia, pues ha provocado una crisis económica que los mantiene en hambruna ya que los campesinos desplazados han tenido dificultad en conseguir trabajo.
bl