CANCÚN, Q.ROO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Gobierno de Quintana Roo que investigue a funcionarios públicos involucrados con incumplimientos de materiales e insumos para la seguridad que deben entregar a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las anomalías detectadas y detalladas por la autoridad federal en la auditoría 1272, van desde la falta de entrega de uniformes, chalecos balísticos y hasta el incumplimiento del contrato de mantenimiento de equipos que sirven y alimentan al Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.
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De acuerdo con la ASF, el Gobierno de Quintana Roo recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), equivalente a 167 millones 460 mil pesos durante el ejercicio fiscal de 2017, correspondiente al periodo de gobierno que encabeza actualmente el gobernador Carlos Joaquín González.
Entre las anomalías la ASF solicitó a la Contraloría de Quintana Roo que realice investigaciones e inicie procedimientos administrativos en contra de funcionarios públicos que estén involucrados en irregularidades relacionadas con uniformes para elementos de seguridad pública estatal, de los cuales nunca se acreditó la entrega de uniformes para los policías, esto a pesar de que formaba parte de un convenio de coordinación del FASP que firmaron con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno de Quintana Roo.
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La auditoría federal ordenó también que se investigue y se realicen procedimientos administrativos contra funcionarios de seguridad que durante su gestión no acreditaron la entrega de chalecos balísticos a elementos de seguridad mismos que fueron pactados en el contrario número SSP/AD/EXC/010/07/17 adjudicados con recursos del FASP.
Una tercera anomalía señalada por la autoridad federal corresponde a irregularidades de funcionarios públicos que adjudicaron el contrato para la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, también conocido como 911, ya que solo entregaron una sola cotización para realizar el mantenimiento, lo que no facilitó los criterios de eficiencia, economía y honradez como gobierno del estado.
En mayo de este año, policías ministeriales de la Fiscalía de Quintana Roo se manifestaron en las instalaciones de la Vicefiscalía de la zona norte ubicada en Cancún, para exigir que sus superiores mejoraran las condiciones laborales y de seguridad para realizar actividades de investigación y patrullaje.
Entre las exigencias de los policías durante la protesta solicitaban incrementos salariales y de la póliza de seguro de vida, señalaron recortes en primas vacacionales y falta de equipamiento para realizar actividades de patrullaje e investigación, además solicitaron la renuncia de Miguel Ángel Pech Cen, funcionario que renunció al cargo de fiscal general de Quintana Roo, el pasado 27 de septiembre de 2018.
Para la ASF en los señalamientos de la auditoría, el Gobierno de Quintana Roo y en su caso la SSP y la FGE no justificaron las mejores condiciones para el estado, además de no basarse en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para le ejecución de presupuesto del FASP, mismo que beneficia con recursos a la seguridad de Quintana Roo y a policías estatales.
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A pesar de los esfuerzos para reforzar la seguridad en Cancún, es considerada por sus propios habitantes como la cuarta ciudad con mayor percepción de inseguridad pública. Durante los últimos 10 meses de 2018, Quintana Roo ha sido escenario de más de 512 asesinatos relacionados con grupos criminales de acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) detalla que Cancún se ha mantenido durante 2018 con niveles altos de sensación de inseguridad.
De acuerdo con el estudio del Inegi, en septiembre de este año 92.8 por ciento de la población en el destino turístico manifestó sentirse inseguro, mientras que en junio de este mismo año 94.1% de los cancunenses aseguró encontrarse en un estado de inseguridad en la ciudad.
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