TUXTLA GUTIÉRREZ. - Pese a que se carece de una cifra oficial de los abusos en contra de la población migrante en su paso o estancia por Chiapas, una de las últimas estrategias utilizadas por el Estado mexicano para inhibir o frenar el flujo migratorio, es el paramilitarismo.
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Esta hipótesis, advierten activistas y defensores de derechos humanos de la entidad, es cada vez más visible, y aseveran que, de hecho, los tres órdenes de gobierno han implementado otras en un pasado reciente, como el discurso de odio en contra de esa población, el cual sin duda ha sido redituable para sus “oscuras intenciones”.
De acuerdo con Yaneth Gil Ardón, presidenta de la Asociación Civil “Una Ayuda para ti, Mujer migrante”, casi a diario recibe llamadas telefónicas o la visita de mujeres o familias completas que, en su paso por territorio chiapaneco, fueron secuestradas, violadas y despojadas de todo lo que llevaban.
“En este sentido de violaciones a mujeres, mismos (que son cometidos) por parte de las autoridades, nos llegan testimonios, casi a diario… no se trata de una cuestión esporádica, sino frecuente”, reafirma.
Comenta que los grupos que atemorizan a los migrantes un día están vestidos como agentes de Migración, y al otro como civiles, pero siempre con armas.
“Nos preocupa porque las violaciones están imparables; violan parejo: niñas, madres, o si no abusan de las menores, éstas ven cómo sus mamás son violadas… es terrible, porque hasta niños son abusados”, manifiesta.
El pasado 2 de enero, en el municipio de Escuintla, un grupo de alrededor de 50 migrantes caminaba por una ruta de esa región Soconusco de Chiapas y, de pronto, tuvo que internarse en el monte, para pasar desapercibido porque el peligro estaba al acecho.
De repente, les salió una agrupación de varones con armas de alto calibre, quienes “no se tentaron el corazón” y los violaron a todos. De este caso, no se emitió ni una sola denuncia formal, pero por temor a sufrir más represalias.
Al respecto, Yaneth Gil externa que, lo más “irrisorio”, es que los mismos agresores les indicaron dónde podrían solicitar ayuda, “y los llevaron donde había un punto de migración”.
(Yaneth Gil Ardón, presidenta de la Asociación Civil “Una Ayuda para ti, Mujer migrante”. Foto: Christian González)
Otro caso que causó indignación (según información que recibió La Silla Rota por parte de una de las víctimas), pero que se quedó “archivado”, fue el de un grupo de 11 migrantes provenientes de El Salvador, quienes fueron desnudados y ultrajados en una zona “de silencio” en el municipio costeño de Arriaga. Mientras que, a las mujeres, las violaron.
Entrevistado por aparte, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, AC, advierte que sin duda el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, ha implementado una estrategia de terror para inhibir el tema migratorio, y ahora lo hace, dice, con la ayuda de “coyotes”, agentes migratorios e incluso de cárteles de la droga.
“Hablamos de paramilitarismo, pero la autoridad empezó con una táctica dilatoria, luego de criminalizar a los defensores de derechos humanos, como es mi caso, y luego, de atemorizar, con grupos armados, a esa población”, deja en claro.
Ejemplifica que, en la actualidad, acompaña a una familia migrante que hace poco fue plagiada por una banda armada, pero no le pidieron nada, “solo la mantuvieron secuestrada, y lo único que le decían es que ya se regresaran a su país”. Por ello, asevera que hoy se implementa el miedo para que los migrantes no pasen por Chiapas.
“Es el sexenio de la impunidad, no hay detenidos, no hay nada, ni habrá… todo es mediático, y si no, veamos lo que ocurrió en diciembre pasado con la muerte de 56 migrantes, luego de que un tráiler que los transportaba, hacinados, se accidentara en la carretera federal de Chiapa de Corzo”.
De lo que también está convencido, dice, es que la cultura de odio en contra de los migrantes, provoca que la gente se arme y robe, mate, secuestre y viole a esa población, amparada sobre todo por la impunidad.
VEJACIONES SON LATENTES
Con base en la Unidad de Política Migratoria, de enero a noviembre de 2021 se registraron 680 delitos cometidos contra personas en movilidad humana.
Aunque la cifra no es mayor al 2018 cuando se contabilizaron mil 423, esto demuestra el casi nulo acceso a la justicia, pues a decir de la sociedad civil muchos casos no alcanzan ni la carpeta de investigación, advierte la mencionada Unidad.
Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca son las entidades mexicanas con mayor registro de delitos cometidos contra personas migrantes, advierte el estudio.
Los crímenes que ocupan los primeros lugares de la lista actual son el tráfico ilícito de migrantes, robo, secuestro y extorsión, principalmente contra originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador.
“Los migrantes son secuestrados y cuando sus familias no pagan el rescate les proponen trabajar para ellos y cuando se niegan a hacerlo, pues los matan. Ellos, los propios migrantes son obligados a secuestrar a otros migrantes y a traficar con ellos”, lamentó la encargada de un albergue en Chiapas de identidad reservada, quien añade: “Es un círculo delictivo que no para, incrementa”.
De 2016 a 2019, Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas encabezaron las listas de entidades con más delitos cometidos contra migrantes: secuestro, robo y tráfico de personas.
Desde 2017, el Centro de Análisis e Investigación publicó: “Aunque en México existen fiscalías especializadas para migrantes, persisten obstáculos graves para denunciar delitos y para investigarlos”.
El informe “El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel” señaló, en su momento, que las autoridades mexicanas no tienen voluntad de investigar delitos contra migrantes y buscan pretextos para alargar los casos sin castigar a los responsables.
DE LA SIEMBRA DE ARROZ A LA SIEMRBA DE TERROR
La Arrocera está ubicada detrás de una aduana, como a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Huixtla, en la zona Soconusco de Chiapas. Allí, desde hace años, no solo se acostumbraba a sembrar arroz, sino que se ha cometido una serie de vejaciones en detrimento de la población migrante: desde violaciones sexuales, despojo, humillaciones, y hasta crímenes o feminicidios.
Es, para la población migrante, un paso que representa un alto peligro para sus vidas. Sin embargo, por algún tiempo, cuenta Heyman Vázquez Medina, activista y padre de la parroquia de San Francisco de Asís en ese lugar, ese tipo de abusos bajaron de forma considerable.
Sin embargo, asegura que, a partir de diciembre pasado y en lo que va de este mes, decenas de migrantes, entre éstos mujeres jóvenes o niñas, llegan a solicitarle ayuda porque grupos armados las ultrajan.
“Ahí desnudan a los migrantes, a las mujeres las toquetean o las violan; se había frenado un poco el tema de los asaltos, pero ya atendemos a víctimas otra vez, y eso nos preocupa mucho”, comenta.
Hace 15 días, elementos de Protección Civil Municipal auxiliaron a un migrante herido de bala, al parecer haitiano, que fue víctima de un grupo delincuencial de la región.
Apenas el sábado pasado, recuerda, acompañó a dos migrantes a la Fiscalía para que interpusieran su denuncia, “porque a uno le dispararon en el brazo, a otro le pasó un rozón en el glúteo, pero eran más, lo malo que no quisieron denunciar todos, por miedo; porque también a las mujeres las tocaron, les metían el dedo en sus zonas íntimas, frente a sus hermanos, frente a sus familiares”.
De hecho, se trataba de un grupo de 50 migrantes, quienes fueron secuestrados por cerca de nueve hombres quienes, con sus armas de grueso calibre, los mantenían cautivos.
“Le hablé al presidente municipal de Huixtla, le conté la situación, me dijo que me mandaría una patrulla, y ya no pasó nada; no me respondió después”, evidenció.
Por propia cuenta, el párroco Heyman caminó, entre el monte, para buscar a los indocumentados que se habían dispersado por la zona de “La Arrocera”. En esa búsqueda, prácticamente rescataron a varios.
DENUNCIA ES POCA; AUTORIDAD BORRARÍA “ARCHIVOS”
Para Heyman Vázquez y Yaneth Gil, ahora el gran problema al que se enfrentan es que la mayoría de migrantes que sufren vejaciones de cualquier tipo, se rehúsan a denunciar ante instancias competentes porque tienen miedo a que los deporten o, peor aún, que los acribillen.
“Te puedo decir que, de cada 50 mujeres que sufren esos abusos, solo una se atreve a denunciar, porque se anima al verse acompañada por nosotras”, dice Gil Ardón.
Ora situación que le preocupa, alerta, es que la mayor parte de todas esas denuncias o atenciones que le dan a las mujeres migrantes que, por ejemplo, han sido violadas sexualmente en su paso por Chiapas, son borrados de los registros de hospitales públicos o de otras áreas.
La Silla Rota investigó el caso de Ramón, migrante hondureño cuya esposa fue desaparecida y violada hace más de tres años en la ciudad de Comitán, zona fronteriza del estado, pero no halló el registro de atención a la víctima en los nosocomios de esa zona, pese a que se cuenta con un número de carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía de Atención a Migrantes en ese mismo lugar y año.
Pese a que esas personas ya están en Estados Unidos, e incluso cuentan con un empleo, requieren de ese documento que valide que la mujer recibió atención en uno de los hospitales públicos comitecos, pero extrañamente los registros desaparecieron de las bases de datos.
Yasneth Gil Ardón lamenta que el “receteo” de expedientes sea una constante, “porque llega la Fiscalía, llega Migración, se dan cuenta que en el hospital fue atendida una mujer migrante, vamos a decir por violación, y ellos piden que eso se borre; que no haya huella de que estuvo ahí la víctima”.
En su momento, Luis García Villagrán apunta que, si hay migrantes muertos o secuestrados, o mujeres violadas, “no habrá nada, porque si quienes somos defensores de esa población, lidiamos con esos ataques, qué podemos esperar”.
MIGRACIÓN EN DATOS
El Análisis de la violencia de género: mujeres solicitantes de protección internacional en México” advirtió que el 72.5 por ciento de las mujeres migrantes que ingresaron en 2020 reportaron haber sufrido agresiones físicas, en el país de origen y en México a manos de integrantes de pandillas y delincuencia organizada, familia, compañeros de trabajo y autoridades.
El estudio, realizado por Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (Imumi), destacó que la violencia sicológica muestra también una frecuencia en 82.5% de los casos atendidos por el equipo de la Clínica Jurídica, “algunas de las manifestaciones identificadas en torno a este tipo de violencia incluyen amenazas, intimidaciones, insultos, humillaciones y marginación, lo que desencadenó graves consecuencias para la persona afectada”.
Las mujeres que participaron en el reporte son en su mayoría de Honduras, quienes representan 45% de la población total estudiada para el periodo de 2020. Siguen las mujeres originarias de Venezuela, que registraron 35%, mientras que el resto se distribuye entre las originarias de distintas regiones de Guatemala (7.5), El Salvador (7.5) y Cuba (5.0).
Del total de la submuestra analizada, 64.1% de las mujeres reportaron haber sido o ser víctimas de persecución en el país de origen y constituye el primer motivo para dejar el hogar y solicitar asilo en México.
En el desglose, la frecuencia de la violencia patrimonial asciende a 57.5%, pues engloba aquellos actos que perjudican a las mujeres en términos de adquisición de bienes, destrucción de estos, sustracción de documentos y pertenencias.
“Esto quiere decir que seis de cada diez mujeres reportaron haber sido víctimas de este tipo de violencia, a partir de las experiencias de robo, desalojo y despojo tanto en el país de origen como en el de acogida”.
La violencia sexual resultó en 17.5% de los casos, pero la afectación se potencializa al estar fuertemente relacionada con la violencia psicológica y física. Estas agresiones sexuales fueron cometidas por agentes policiacos y familiares.
Según la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar), durante el año pasado se registró una nueva marca: los solicitantes de refugio provinieron de 110 nacionalidades de todo el mundo.
Además, explicó que las primeras 21 nacionalidades rebasan 100 solicitantes cada una, de las cuales las primeras 10 superan el millar cada una y las primeras seis, las seis mil.
Otro récord que se rompió fue el de mujeres solicitantes de refugio, al llegar a 53 mil 972, es decir 249 puntos porcentuales más que en el 2020.
Entre otros datos, refirió que en siete de los “top 10” países de origen de los solicitantes de la condición de refugiado en México, en el 2021 aumentó el número respecto de sus marcas históricas.
Es decir, Haití registró 773 por ciento; Chile 767% (esta cantidad se trata de los hijos e hijas de los haitianos); Brasil 595% (también hijos e hijas de haitianos), Nicaragua con 30.72%; Colombia, 28.09 y Guatemala, 9.99%.
Los 131 mil 448 solicitantes de la condición de refugiado en nuestro país vinieron, el año pasado, del Caribe (60 mil 371), América Central (49 mil 748), Sudamérica, con 19 mil 045 (el 56:74% son hijos de haitianos); África (mil 910), Asia (220), Europa (83), Norteamérica (69) y Oceanía (2).
Además, los solicitantes de asilo en México, igualmente el año pasado, provinieron principalmente de: Haití, con 51 mil 857; Honduras, con 36 mil 361; Cuba, con 8 mil 319; Chile, con 6 mil 970; Venezuela, con 6 mil 223 y El Salvador con 6 mil 037.
(djh)