Monterrey, N. L. Alan, un alumno de secundaria del municipio de Escobedo, fue agredido por un ex alumno del plantel y ahora es objeto de bullying mientras las autoridades escolares hacen caso omiso, por lo que la madre del muchacho interpuso una denuncia judicial.
"El no llevar a cabo la Ley contra el acoso escolar pues provoca que los casos sigan sucediendo", destaca Luis Antonio Lucio López, especialista en acoso escolar de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
En 2013, el Congreso del Estado aprobó la Ley contra el Acoso Escolar y la Violencia Escolar o contra el bullying, en la que se contemplan sanciones contra los alumnos responsables de agresiones hacia compañeros.
“Es severamente reprochable la conducta negligente tanto de las escuelas como de su personal docente, pues es su obligación generar un ambiente escolar adecuado y crear instrumentos de conducta que protejan a los estudiantes contra el abuso y el acoso por parte de otros estudiantes o del personal, y sean omisos, e inclusive permitan dicha violencia, colocando no sólo al menor en una situación de riesgo, sino generando un ambiente inadecuado para todos los alumnos”, explica la legisladora Karina Barrón Perales.
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Apenas el pasado 22 de marzo, Alan intervino para meter paz y defender a una compañera de la secundaria Mariano Azuela, la que era víctima de acoso por otro grupo de muchachas
Éstas últimas amenazaron a Alan y lo enfrentaron con otro joven identificado como Rogelio Alejandro, quien le causó fractura en la nariz y una herida en el ojo izquierdo que lo puso en riesgo de perder la visión, por lo que fue intervenido de urgencia en un hospital local. Los hechos se registraron en el estacionamiento de la escuela.
"El problema nunca fue con mi hijo, ellas (las compañeras) quieren tener el control con las chicas en la secundaria y si no pueden empiezan a amenazarlas, y a todo aquel que se les atraviese se lo llevan de encuentro. Me siento muy decepcionada, mi hijo hubiera perdido la vista", lamenta Karla Galicia, madre del menor.
La mamá interpuso una denuncia en el CODE, sin embargo, el agresor no ha sido localizado y la dirección de la escuela secundaria se ha negado a intervenir a través de medidas disciplinarias contra las alumnas acusadas de orquestar el conflicto.
"No había vigilancia ahí, la Ley marca que docentes y directivos son los responsables de la seguridad de los alumnos, pasó a metro y medio del portón de la escuela. La directora no notifica a los maestros cómo cuidar a los estudiantes, hasta ellos mismos han hecho comentarios despectivos contra mi hijo"
Acusa que el plantel educativo no siguió los protocolos de seguridad marcados por la Ley de Acoso Escolar y el reglamento de la Secretaría de Educación Pública, ya que el joven no recibió atención médica en el momento, pese a que cuenta con seguro y los hechos se presentaron a escasos metros de las aulas.
"Ellos detectaron que había problemas entre las chicas y no siguieron los protocolos. No se le hizo el llamado antes a los papás de las niñas que estaban agrediendo, por lo tanto, ese problema creció desatando la golpiza que le dieron a mi hijo".
En octubre de 2018, Luis, un jovencito de 14 años de edad, se colgó de un árbol en el patio de su casa para quitarse la vida, en la localidad de Aramberri, a unos 300 kilómetros al sur de Monterrey.
El muchacho era objeto de burlas de sus compañeros y constantemente lo acosaban en la escuela secundaria Pablo Livas, lo que le llevó a una depresión y a tomar la determinación de quitarse la vida.
Joven se quita la vida por Bullying
Un par de meses atrás, un estudiante de la Prepa Tec Valle Alto, se quitó la vida en el plantel. Padecía el síndrome de Asperger, un trastorno autista y era también objeto de bullying, inclusive había sido cambiado de escuela.
Pese a la existencia de una Ley en la materia, el acoso escolar continúa con la complacencia de las autoridades, maestros e instituciones educativas, señala la diputada Barrón Perales que solicitó al Estado indicadores y protocolos para atender el bullying.
Cada uno de los planteles de Nuevo León deberá contar con una brigada antibullyng, integrada por maestros, padres de familia, el director del plantel y alumnos, quienes determinarán las sanciones para cada uno de los casos de agresores, explica el investigador Lucio a su vez.
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Los tipos de acoso son el físico, verbal, psicológico, cibernético, sexual y de exclusión social, siendo el método para conocer estos casos el de denuncias en cada plantel y, para lo cual, se instalarían buzones para dejar mensajes anónimos en caso de temor a represalias y las medidas disciplinarias para los agresores serán correctivas y preventivas, evaluadas previamente por la brigada antibullying, y de las cuales la expulsión del alumno no se incluye en las sanciones, coinciden la legisladora y el investigador universitario.
Sin embargo, nada de eso ha funcionado, los padres de familia denuncian que los profesores tienen miedo de actuar, principalmente en zonas conflictivas.
8 de cada 10 son víctimas
En Nuevo León 8 de cada 10 estudiantes han sufrido algún episodio de acoso escolar en su vida académica, de estos el 4.1 por ciento denuncian violencia grave, comentó la diputada Ivonne Bustos Paredes.
Señala que, si bien se cuenta con un ordenamiento en la materia, que data de 2013, fue hasta un año después, en 2014, que se capacitó a las primeras 5 mil 840 personas en el Plan General de Prevención del Acoso y la Violencia Escolar, sin que hasta el momento, casi cinco años después, se cuente con información actualizada al respecto.
En ese sentido, el año pasado fue particularmente complejo pues se registró un aumento del 30 por ciento en casos de suicidio en jóvenes de entre 12 y 19 años de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, una cifra que hace cuestionarnos si en verdad se está combatiendo el acoso escolar y el aislamiento social como se debe.
La Ley se creó en 2013, pero no fue sino hasta el 2016 que se concretó el reglamento de Disciplina Escolar en el que se plasman los protocolos de acción ante las diversas conductas negativas de los alumnos en nuestras escuelas.
“Esta lentitud para darle brazos dientes y piernas a la ley no es exclusivo de este ordenamiento legal, sin embargo, crear una legislación tan importante para nuestra juventud y dejarla sin su debida reglamentación es un acto irresponsable de parte de la autoridad correspondiente, una omisión que además termina por dificultar la búsqueda de la solución a un problema que empieza a ser más cada vez más visible”.
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