Quintana Roo.- Por considerar que se sienta un precedente que impide fincar responsabilidades a servidores públicos, el Congreso de Quintana Roo lamentó la decisión tomada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver a favor de tres magistrados del tribunal electoral local, un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, promovido a raíz de una demanda de juicio político en su contra.
“Dicha resolución prácticamente imposibilita a los órganos locales encargados de la fiscalización y revisión de las conductas de los servidores públicos de Quintana Roo, que puedan conocer y sancionar a dichos magistrados electorales, generándoles un manto de impunidad”, señala el comunicado.
La sala Regional de Xalapa, del mismo Tribunal Federal, consideró que los magistrados Víctor Vivas Vivas, Vicente Aguilar Rojas y Nora Cerón González, se extralimitaron en sus funciones en detrimento de las instituciones democráticas locales.
En su postura, la legislatura local consideró como una simulación jurídica grave que la decisión del Tribunal no sea vinculante con el Congreso de la Unión, al no mandatar que éste inicie el procedimiento de juicio político al que estaban siendo sometidos por ataque a las instituciones democráticas, pues en sus resolutivos únicamente instruyó se diera parte del caso.
Si bien el Congreso local aseguró que acatará la determinación de la Sala Superior, no acepta los argumentos del proyecto aprobado por el TEPJF y que fueron considerados como “actos de molestia emitidos por autoridad incompetente”, pues a decir de la XV Legislatura sus determinaciones estuvieron apegadas a derecho y a una declaratoria de incompetencia que el propio Senado de la República hizo, aduciendo que el tema es competencia del Congreso de Quintana Roo.
“El Congreso del Estado de Quintana Roo, esperará la notificación oficial que haga el TEPJF de la sentencia referida, a fin de conocer a detalle su contenido y a partir de ello, determinar las acciones legales a emprender”.
El 24 de abril del presente año, la XV Legislatura aprobó la integración de la Comisión Instructora que analizaría la demanda de juicio político que un consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo, promovió en contra de tres magistrados electorales.
La denuncia fue presentada por haber incurrido en actos y omisiones que señala el artículo 6 fracciones II, X y XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, respecto al ataque a las instituciones democráticas, el abandono o desatención injustificada de sus funciones y la notoria negligencia o torpeza en el desempeño de las funciones públicas, según señala el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia de la legislatura y avalado por el Pleno.