La remoción de Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Veracruz, deja en la indefensión a los veracruzanos que requieren justicia y pone en riesgo el Estado de Derecho, opinaron líderes partidistas.
Para los entrevistados, la sesión del Pleno de la Judicatura, en la que se dio la sustitución de la magistrada, fue ilegal, sin embargo, se hizo valer la mayoría de los magistrados, y es clara la “mano negra” del gobierno estatal, que de inmediato publicó el acuerdo de la revocación de mandato en la Gaceta Oficial.
Actores políticos como Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jesús Velázquez Flores, y Marlon Ramírez coincidieron que la decisión del Pleno pone en riesgo a un poder público, pues lo ocurrido deja entrever la intromisión del Ejecutivo y el Legislativo en las decisiones de los órganos de gobierno del PJEV.
El 23 de octubre por unanimidad los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura determinaron sustituir a Sofía Martínez Huerta como presidenta, en su lugar quedó Isabel Inés Romero Cruz, quien regresó del retiro como juez para ser nombrada magistrada en 2019.
Ese mismo día en la Gaceta Oficial número 426 se informó que la remoción se dio en una sesión extraordinaria, por incumplimiento de un deber legal. A la reunión no la convocó ni participó Sofía Martínez Huerta, por lo que resulta irregular los acuerdos ahí tomados.
El artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial detalla que las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los presentes, quienes no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hubiesen estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate. Cuando existiere empate, el presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá voto de calidad.
Magistrados responsables de un “golpe de estado” en el PJEV: Morena
El diputado federal y aspirante a la dirigencia estatal de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabe, recordó que todos los actores políticos y representantes de poderes públicos deben respetar la legislación vigente.
Es necesario, dijo, que se haga valer la autonomía de los poderes públicos, y está no se puede poner en riesgo por la “interpretación” a modo de la norma.
“Debe haber claridad en los poderes, debe haber independencia y no debe haber corrupción, nepotismo y nada que manche la confianza de los ciudadanos”, opinó en entrevista con La Silla Rota Veracruz.
Cuando hay intervención de un poder sobre otros, eso no abona, ni sirve; y aunque la determinación de la remoción de Sofía Martínez Huerta como representante del PJEV se dio por la mayoría del pleno, está no se puede basar en una interpretación de la ley, enfatizó.
“Yo deseó que se recurra a las instancias adecuadas, y que ningún poder externo intervenga, ni que determine la autonomía, si entre ellos hay zancadillas, están las áreas correspondientes para que impere la legalidad”, planteó el virtual líder de Morena en Veracruz.
Confió que Martínez Huerta recurrirá a las instancias legales para dirimir la controversia que calificó como un “golpe de Estado”, con la intención de transitar por la vía de las instituciones, de la legalidad y nunca del intervencionismo de poderes ajenos al Judicial.
PRD, otro Wincklerazo pone en riesgo al PJEV
El abogado y exdiputado local, Jesús Velázquez Flores, planteó que con la destitución de Sofía Martínez Huerta se validaron los rumores que se destaparon desde el mes de julio, cuando se empezó a criticar el desempeño de Martínez Huerta y se dijo que sus decisiones no atendían a la línea política de palacio de gobierno.
Consideró que desde el Ejecutivo se está amedrentando a los actores que no son útil o que son opositores al proyecto de Morena, y los están vinculando a ciertos procesos legales, un ejemplo, es el caso Actopan, o Mixtla; no descartó que Sofía Martínez sea sometida a juicio político o juicio de procedencia para inhabilitarla de la función pública.
“En el caso del poder judicial es un asunto muy similar, viene de un tema así. Ellos (el Ejecutivo) proponen a la presidenta del Tribunal, en algún momento no se pusieron de acuerdo por algo, y entonces ven la manera de que se haga un Wincklerazo, sin tener la legalidad debida, hacen algo que pueden lograr con las mayorías que ellos manejan”.
Y se recurre a una aberración legal, violando la propia ley orgánica que establece que las votaciones del pleno cobran validez cuando se apoyan en las dos terceras partes de los integrantes, con la presencia de la Presidencia., “y se ve el albazo con el aval del gobierno del estado, porque el acuerdo fue publicado esa misma tarde en la Gaceta Oficial”.
Se ve la mano negra de Eric Cisneros, se justifica la aberración legal por un pleito económico, pues desde otro poder se quiere disponer de los fondos del poder judicial, consideró el exlíder del Partido del Sol Azteca.
El poder judicial estaba paralizado a pesar de la urgencia de impartir justicia; a la falta de organización de los integrantes de la Judicatura ahora se le suma la aberración jurídica que impulsaron los propios magistrados, “existe un gobierno que está corrompiendo a otros poderes. Tenemos un mal poder ejecutivo, pésimo poder legislativo y un corrupto poder judicial”.
Preocupante la disputa entre los responsables de impartir justicia: PRI
Finalmente, el dirigente del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, planteó que resulta “preocupante” la disputa legal que se inició desde hace meses en el Tribunal por el poder político y que ha generado una parálisis en la impartición de justicia.
La pandemia generó un letargo en la atención de la población, se dilató la toma de decisiones; y ahora por la pugna interna y el control de los recursos públicos se generaron cambios “por mayoría” que deben llevar de inmediato a la activación de esa soberanía.
“Llevan más de ocho meses los abogados sin trabajar, hay citas que se les dan para consultar un expediente que se programa cada 30 o 40 días, y eso los deja en un estado de indefensión, lo mismo que a sus clientes (…) Nosotros aspiraríamos que tras la pugna se dé la reapertura de los tribunales”.
A nivel estatal se empezaron a reactivar todos los sectores económicos, lo que hace necesario que en el poder judicial también se retome el trabajo, pues los abogados dejaron de tener ingresos desde el inicio de la pandemia por la falta de resultados en su trabajo.
Los magistrados ya tomaron una decisión, ahora hay que escuchar las barras y colegios de abogados y los jueces, ellos llevan toda su vida dedicados a la impartición de justicia y saben qué se requiere para reactivar al TSJE.