El gobierno de Morelos pidió a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) abrir cuenta o instrumento bancario en el que se depositen las aportaciones estatales para asegurar el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores y jubilados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Con ello, considera, se busca evitar que el rector Alejandro Vera Jiménez, desvíe el recurso para otros fines, como lo ha venido haciendo desde 2015.
Además, asegura que el rector de la UAEM pone en riesgo el derecho a la educación de cuarenta y dos mil estudiantes, al haber contratado en forma ilegal un crédito bancario y dar como garantía los recursos estatales que se aportan al recinto universitario.
El gobierno de Morelos explica que se ha comunicado a la CDHM, la aceptación de las medidas precautorias emitidas, mediante acuerdo del expediente de queja 203/2017-3.
Por ello, solicita a la CDHM interceda ante el Consejo Universitario, a fin de que, conforme a la Ley Orgánica y el Estatuto que rige a la Universidad Autónoma de Morelos, establezcan un mecanismo con las condiciones jurídicas necesarias, para generar una cuenta o instrumento bancario en el que se depositen las aportaciones estatales en cuestión y con el fin exclusivo de asegurar que se garantice el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores y jubilados universitarios.
Ello, para evitar que Alejandro Vera Jiménez desvíe el recurso para otros fines, como lo ha venido haciendo desde 2015. El rector de la UAEM pone en riesgo el derecho a la educación de cuarenta y dos mil estudiantes, al haber contratado en forma ilegal un crédito bancario y poner como garantía los recursos estatales que se aportan a la UAEM, se especifica en un comunicado del gobierno estatal.
Al haber contratado en forma ilegal un crédito bancario y poner como garantía los recursos estatales que se aportan a la UAEM, se especifica en un comunicado del gobierno estatal.
Dicho crédito, contratado por el rector en 2015, por un monto de 600 millones de pesos, viola la Constitución estatal y la Ley de Deuda Pública, al no contar con la autorización del Congreso del Estado, así como los convenios firmados con la Secretaría de Educación Pública, que en ninguno de sus anexos contempla el servicio de créditos bancarios.
Advierte que debe quedar de relieve que existe un probable riesgo de generar violaciones graves a derechos humanos en agravio de los alumnos, personal académico y administrativo, así como jubilados de la UAEM, y que dicho riesgo resulta imputable a Vera Jiménez, al desviar las aportaciones estatales destinadas a cumplir las funciones sustantivas de la Máxima Casa de Estudios para dar servicio a un crédito bancario que contrató en forma ilegal.
La autonomía es un instrumento para garantizar el derecho a la educación, no es un fin en sí mismo.
Razón por la cual el gobierno del estado reitera su pleno compromiso con los estudiantes, los docentes, los investigadores y los trabajadores de la UAEM.