MORELOS (La Silla Rota).- Luego de que Alberto Capella, Comisionado Estatal de Seguridad, asegurara que en el robo de tres camiones, una aplanadora y cuatro esculturas de bronce propiedad del Ayuntamiento están involucrados funcionarios del municipio e incluso elementos de la Policía Turística; los secretarios General, Samuel Sotelo Salgado, y de Asuntos Jurídicos, José de Jesús Guízar, del Ayuntamiento, respondieron que todos los policías de Cuernavaca, incluso los que manejan patrullas turísticas, obedecen exclusivamente órdenes del gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
“Todas las patrullas de la Policía están bajo el mando del gobernador del estado, incluidas las turísticas, Graco Ramírez es el responsable respecto a estas patrullas. Así el gobierno estatal se ha dado a la tarea de involucrar a costa de lo que sea a gente del Ayuntamiento de Cuernavaca, tenemos la conciencia tranquila y podemos ver a todos de frente”, dijo Samuel Sotelo.
Y es que en la conferencia de prensa que ofreció, Capella dijo que los colaboradores del Edil Cuauhtémoc Blanco tienen doble moral, pues mientras critican los resultados en materia de seguridad del gobierno del estado, colaboran en actos delictivos.
“No somos delincuentes los que estamos trabajando en esta administración municipal y nos sentimos orgullosos, al gobernador le molesta que le diga la verdad sobre la violencia e inseguridad que se vive en todo el estado y busca la manera de desprestigiarnos y hasta de culparnos”, dijo Sotelo.
La madrugada del 19 de junio los vehículos y las estatuas fueron robadas de las instalaciones de las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Capella dijo que a través de las cámaras de videovigilancia del C5 se pudo determinar que los camiones robados salieron de esas instalaciones escoltados por una patrulla de la Policía Turística de Cuernavaca.
El robo, expresó, fue reportado a las 3:20 horas del lunes 19 de junio.
En las imágenes del C5, dijo, se puede ver que a las 2:28 horas de ese día una camioneta de la Policía Turística escolta a los dos primeros vehículos robados.
Por estos hechos hay tres civiles y al menos dos policías detenidos, dijo Capella.
José de Jesús Guízar, secretario de Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, recordó que a través de un decreto firmado por el gobernador, todas las policías del municipio son controladas por Capella.
“El Artículo Tercero (del Decreto dice) que todos los elementos que intervienen en el mando o acciones operativas de las instituciones policiales que se deben a la seguridad pública tienen la obligación de acatar de manera inmediata las órdenes e instrucciones que directamente gire el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión Estatal, así como de la Seguridad Pública en términos de esta normativa aplicable, no solo ellos la conducen y operan, sino ellos la dirigen”, dijo Guízar.
El último párrafo de ese Artículo, agregó, indica que no solo la Policía Preventiva forma parte del Mando Único, sino todas las corporaciones municipales, como Tránsito y Turística.
“Artículo uno del mismo decreto señala lo siguiente: sin excepción, todas las instituciones, unidades y agrupamientos municipales de seguridad pública estarán a cargo del mando estatal, es su responsabilidad. No es que estemos o no estemos de acuerdo, la operación dependen de ellos, son decisiones que ellos toman”, dijo Guízar.
En su conferencia de prensa Alberto Capella dijo que a través de un detector de mentiras los dos policías detenidos reconocieron su participación en el robo de los vehículos y esculturas.
Al respecto, Sotelo Salgado cuestionó los procedimientos y protocolos que la Comisión Estatal de Seguridad utiliza para obtener información.
Además, criticó que el comisionado Estatal de Seguridad revelara datos que forman parte de una investigación judicial.
“Se analiza la posibilidad de emprender algunas acciones jurídicas en contra de quien pudiera resultar responsable por las declaraciones irresponsables que se han realizado, hemos analizado que se violentan disposiciones de carácter constitucional y legal por quienes dan a conocer datos que bajo el sistema acusatorio adversarial deben de mantenerse en secrecía”, dijo.