El domingo 6 de junio ganaron en las urnas, pero por lo menos cinco virtuales gobernadores, diputados federales y alcaldes electos deben cuentas ante la justicia. Estos candidatos enfrentan, desde hace meses, acusaciones por corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos. Y todos, son investigados por la Fiscalía General de la República.
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Tres de ellos son los candidatos a los gobiernos de Chihuahua, María Eugenia Campos; Nuevo León, Samuel García, y San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.
Otros dos bajo investigación de la FGR son la alcaldesa con licencia de Puerto Morelos, Quintana Roo, Laura Lynn Fernández Piña, quien ganó una diputación federal, pero que es investigada por sus nexos con la mafia rumana, así como Edmundo Tlatehui Percino, futuro presidente municipal de San Andrés Cholula, Puebla, por desvío de recursos.
SAMUEL GARCÍA, FRAUDE Y LAVADO
El senador con licencia de Movimiento Ciudadano, Samuel García, ganó la gubernatura de Nuevo León, tras superar al candidato del PRI, Adrián de la Garza. Sin embargo, tiene abierta una carpeta de investigación en la FGR por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal y lo que resulte. También se encuentran bajo investigación su esposa, Mariana Rodríguez Cantú; su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez.
El 23 de abril pasado se difundió que la Secretaría de Hacienda había identificado operaciones con empresas fantasma que triangularon 170 millones de pesos en el entorno de candidato de MC. La FGR confirmó poco después de la apertura de la indagatoria a partir de datos proporcionados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual continúa en integración.
Desde 2019, el senador con licencia era investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. En su momento, el Instituto Nacional Electoral fue avisado del presunto financiamiento ilegal por parte de la UIF, luego de que se detectaran transferencias dirigidas a cuentas de Movimiento Ciudadano.
El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas.— Samuel García (@samuel_garcias) May 11, 2021
GALLARDO, DESVÍOS Y DELITOS ELECTORALES
La FGR tiene una investigación en curso en contra de Ricardo Gallardo Salgado, ganador en la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí.
La indagatoria en contra del abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se inició en mayo pasado, luego de que dos de sus contrincantes presentaron denuncias formales por presunta coacción o compra del voto durante su campaña.
La denuncia promovida señala a Gallardo de haber prometido recursos a cambio de votos, a través del reparto de una tarjeta denominada “La Cumplidora”.
Además, la FGR también lo investiga por presuntamente haber participado en una elaborada red de lavado de dinero cuando se desempeñó como alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos y financiamiento al terrorismo por transferencias detectadas a personajes ligados a la delincuencia organizada también alcanzan a su padre Ricardo Gallardo Juárez, en el mismo periodo cuando este último era alcalde de la capital e involucran a la madre y hermanas del candidato.
LA NÓMINA SECRETA DE DUARTE
Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua señalan que entre 2014 y 2016, la administración del gobernador Cesar Duarte desvió cerca de mil millones de pesos de las arcas públicas para sobornar a múltiples funcionarios y legisladores de oposición.
Los documentos de la indagatoria señalan que el exgobernador Duarte – actualmente preso en Miami, Florida– había creado una “nómina secreta” de personas a las que entregaba dinero y una de ellas es presuntamente María Eugenia Campos, virtual gobernadora electa de Chihuahua.
Campos ya fue imputada formalmente ante un juez por haber recibido nueve millones de pesos producto de dichos sobornos cuando dirigía la bancada del PAN en el Congreso local. El 2 de abril el juez determinó vincularla a proceso por el delito de cohecho y el caso se encuentra actualmente en la fase de investigación complementaria.
El proceso legal, se agilizó al empezar la campaña electoral, y la supuesta evidencia "más fuerte" fueron las firmas y sellos de recibos de pago de gobierno anerior.
Según análisis de peritos, las firmas y sellos son falsos...— ?? ???????????? ???????reviño?? (@agapilott) June 6, 2021
LOS TENTÁCULOS DE LA MAFIA RUMANA
Laura Lynn Fernández Piña, presidenta municipal con licencia de Puerto Morelos, Quintana Roo, obtuvo la victoria por una diputación federal, tras ser postulada por la alianza del PVEM y Morena.
Sin embargo, sobre Lynn pesa una investigación de la UIF relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero del empresario rumano Florian Tudor, recientemente detenido acusado de encabezar una mafia dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que operaba desde Cancún.
De acuerdo con Milenio, Fernández Piña formaba parte de la red de contactos políticos de Tudor para la obtención de favores.
#Entérate
Con 14 escoltas y una camioneta suburban blindada, así se presentó ayer Laura Fernández Piña al arranque de campaña de Mara Lezama en Cancún.
La ex priísta quien está señalada de tener nexos con la mafia Rumana, ahora quiere ser diputada federal por el Partido Verde. pic.twitter.com/pltVJh7gvY— Alberto Aguilar (@Albert6_Aguilar) April 20, 2021
También se investiga el presunto vínculo de Lynn con compañías fantasma implicadas en presuntos desvíos de recursos.
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