Junto a los representantes de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, como todos los días, el gobernador Héctor Astudillo Flores presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la cual se evaluaron los hechos delictivos de las últimas 24 horas y el desarrollo del covid-19 en Guerrero.
En la sesión de este martes, se dio parte de los homicidios dolosos, reportando tres casos, uno en Iguala, Huitzuco y San Luis Acatlán.
El fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila presentó los avances de la investigación del homicidio del delegado de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Costa Grande, Jesús Memije Martínez y el de su hijo.
El secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó que las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, indican la tendencia a la baja en el estado, así como en municipios prioritarios como Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Zihuatanejo y Taxco con una disminución del 27 por ciento, en tanto continúan los operativos en las regiones con mayor incidencia delictiva.
Asimismo se revisó la evolución del covid-19 en Guerrero que se concentra ya en 26 municipios.
Sobre este punto, el Ejecutivo guerrerense reiteró su llamado a disminuir la movilidad de las personas que es el principal reto. También se revisó la infraestructura médica y las camas reconvertidas en hospitales públicos y de la Sedena, para atender casos de coronavirus, en donde hay un 72 por ciento de disponibilidad de camas y 87 por ciento de ventiladores.
El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que 77 pacientes se han recuperado, se registran 222 casos confirmados, 32 defunciones y 77 casos activos, con un crecimiento del 353 por ciento en los últimos 18 días comparado con los primeros 25 días.
Con estos casos, Guerrero ocupa el lugar número 16 a nivel nacional por casos confirmados con 222 positivos en la entidad.
Como parte de las medidas preventivas, se revisó el proceso para conceder la liberación de internos que estén por cumplir su sentencia y que no hayan cometido delitos graves como secuestro y delincuencia organizada. Además, se informó que 209 comunidades de 74 municipios cerraron sus accesos.