El gobierno de Tabasco reportó la existencia de órdenes de aprensión giradas por jueces locales, en el marco de la llamada “Ley Garrote”, en contra de quienes han bloqueado accesos a instalaciones petroleras.
El gobernador Adán Augusto López Hernández comentó que hay carpetas de investigación en curso, pero declinó dar más detalles sobre las mismas y los procesos de órdenes de detención.
Al mismo tiempo, expuso, se ha trabajado de forma constante con autoridades federales, estatales y de Petróleos Mexicanos (Pemex) para garantizar la viabilidad de las actividades.
Aseguró que la reforma al Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de agosto al publicarse en el Periódico Oficial del Estado para sancionar a quienes intentan “extorsionar” a las empresas, ha servido para ir poniendo orden en el sector, que se encontraba muy muy golpeado.
“Y contraída la actividad por grupos de interés de sindicatos, pseudosindicatos, de líderes y pseudolíderes que se dedicaban a bloquear accesos a instalaciones, so pretexto del pago de cuotas. Estamos poniendo orden”, apuntó.
Incluso, refirió que hay todavía algunas zonas donde se busca realizar esta actividad, pero se trabaja para desactivarla porque a ningún estado le conviene que la inversión privada sea detenida sin ningún fundamento legal.
¿Qué es la Ley Garrote?
El 1 de agosto pasado, el Congreso estatal aprobó la reforma al Código Penal de Tabasco, la cual sanciona con hasta 20 años de cárcel a aquellos que participen en movilizaciones y protestas que impidan la ejecución de obras públicas o privadas.
En caso de presentarse con violencia o utilizar a menores de edad en la protesta, la sanción puede elevarse hasta 19.5 años.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) señaló que junto con organizaciones de la sociedad civil, integrados en la red Todos los Derechos para Todas y Todos, promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Garrote”.
Para el Codehutab, dijo, la reforma es represiva incluso con la modificación hecha al artículo 308 bis del Código Penal, pues habla de castigar a quien impida algún trabajo en petición de dádivas, trabajo o dinero.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, informó que revisan dicha ley, porque no se puede permitir ningún lineamiento que limite el derecho a la manifestación, a la expresión política y a las libertades.
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, expresó su rechazo a la norma, pues consideró que “es paradójico” ver cómo quien hace 26 años tomó pozos petroleros y hace 13 años Paseo de la Reforma, como es López Obrador, ahora avale la represión a la libertad de manifestación.