Hidalgo (La Silla Rota):- En pruebas de control de confianza para elementos de seguridad pública que no se realizaron y en gasto no aplicado al sector salud, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño del gobierno de Hidalgo a la hacienda pública por 199 millones 366 mil 752 pesos, correspondiente al presupuesto 2015.
En el informe que entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados este 15 de febrero, el órgano fiscalizador documentó que la administración de José Francisco Overa Ruiz, quien fue sustituido por Omar Fayad Meneses el 5 de septiembre de 2016, destinó 2 millones 604 mil 414 pesos en supuestas evaluaciones para sus agentes, cuya aplicación no pudo comprobar.
La corporación, a cargo de Alfredo Ahedo Mayorga, antes jefe de escoltas de Olvera Ruiz, convino aplicar 695 exámenes, los cuales, constató la ASF, “se reportaron pagados antes del 31 de diciembre de 2015”; sin embargo, “como resultado de la inspección física realizada”, el estado sólo acreditó la aplicación de 219, y no pudo justificar los 476 restantes.
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Por la intervención del organismo federal, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo inició un procedimiento administrativo sancionatorio para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos e integró el expediente número SSP/CI/Q/12/2106, lo cual consta en la auditoría 997 al subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, que en el año observado destinó 50 millones 842 mil 700 pesos a la entidad.
Hasta 2015, año fiscalizado, en Hidalgo cuatro mil 415 policías municipales y estatales había reprobado las pruebas de control de confianza, al no presentar un desarrollo patrimonial justificado, así como ausencia de alcoholismo, de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, y de vínculos con organizaciones delictivas.
El estado ocupaba el noveno lugar a nivel nacional en mayor número de agentes reprobados desde 2010 y, por lo tanto, considerados no aptos para el cumplimiento de su función, reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a través de la solicitud de acceso a la información folio 2210300045115.
La Auditoría Superior también detectó posible perjuicio por 191 millones 693 mil 886 pesos por la falta de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y por 5 millones 68 mil 449 pesos que corresponden a cheques cancelados que no fueron reintegrados a la cuenta bancaria que administró este presupuesto federal.
La Secretaría que manejó esos recursos, cuya responsable entonces era Geraldina García Gordillo, utilizó 33 millones 711 mil 500 pesos en arrendamiento de equipo, instrumental médico y de laboratorio, pero no proporcionó evidencia documental comprobatoria y justificativa del proceso de adjudicación y contratación del expediente AEIML-139-2015.
Los servicios de salud del estado, consta en el expediente de la auditoría 996, abrieron una cuenta bancaria productiva para el FASSA 2015; sin embargo, “ésta no fue exclusiva, ya que los mezclaron con otras fuentes de financiamiento”.
Los saldos contables y presupuestales, por lo tanto, “no son coincidentes con los de las cuentas bancarias”.
La Contraloría Interna de la Secretaría de Salud de Hidalgo inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente CIR/I/046/2016.
La ASF igualmente exhibió que durante el transcurso de la revisión observó un subejercicio por 191 millones 693 mil 900 pesos.
v.v.a