Monterrey, N. L- La fiscalía de Justicia de Nuevo León rechazó la decisión de un juez de prácticamente perdonar a Pedro Morales por quebranto de 110 millones de pesos a las arcas del ISSSTELEON, el organismo de seguridad social de los trabajadores del Estado.
Un diputado y un representante de un organismo civil censuraron la decisión mientras que el PRI la aprobó.
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Jesús Mendoza González, Juez de Control resolvió no vincular a proceso al ex titular de esa institución pues argumenta que ya pasaron once años y 21 días desde que ocurrió el quebranto, tiempo que excedió el plazo para acusarlo penalmente.
Sin embargo, la Fiscalía acusa que la audiencia fue pospuesta diversas ocasiones y ahora es ilegal determinar la prescripción.
"Determinar la prescripción para mí es un acto totalmente ilegal, porque nosotros solicitamos la fecha de la audiencia y ellos la pospusieron tres, cuatro, cinco o 10 veces y dicen que ya pasó el tiempo. Es algo que no se vale, así que vamos a apelar esa resolución del juez de control”, comentó el titular de la Fiscalía, Javier Garza y Garza.
Para el diputado local Luis Donaldo Colosio es cuestionable la acción del Juez y un atentado contra los ciudadanos pues con
“Argucias legales se pateó el bote por muchos años y ahora el señor queda libre”.
A su vez Gilberto Marcos, que preside “Vértebra Vértebra”, cree que la autoridad dejó pasar el tiempo para que los delitos no se sancionen y lamentó los hechos y decisiones del Juez.
Por su parte Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, dice se manda un mensaje a favor de la impunidad y también censuró la decisión.
Sin embargo, el coordinador de los diputados locales del PRI, Francisco Cienfuegos, la decisión debe respetarse por lo que defendieron a Morales que además fue presidente del partido en Nuevo León.
Ahora, la Fiscalía apelará el lunes próximo para que sea el Tribunal Superior de Justicia quien resuelva.
A Morales la Fiscalía lo acusa por peculado, ejercicio indebido de funciones y delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.
“Que hayan diferido las audiencias y que las fechas de éstas fueran cada tres meses, pues no es responsabilidad de la Subprocuraduría (Anticorrupción) ni de la Fiscalía ahora, lo que está mal, lo que es criticable, es el criterio para determinar la prescripción”, explica el Fiscal.
En este caso otros cuatro funcionarios del ISSSTE LEÓN liberaron en junio pasado la acusación bajo el mismo argumento.
mvf