Xalapa, Ver.-Para seguir cobrando su pensión como ex trabajadora de la Universidad Veracruzana (UV) y su sueldo como funcionaria del ayuntamiento de Xalapa, la tesorera municipal Clementina Guerrero García se amparó en contra de la Ley de Pensiones del Estado (IPE) buscando demostrar su inconstitucionalidad.
De acuerdo con la colaboradora del gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero en la capital del Estado, dicha Ley pone en riesgo su salud, “así como sus derechos sociales y demás derechos humanos interrelacionados” según el amparo 1260/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito.
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Cabe recordar que en 2017 como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares la actual funcionaria municipal se quejó y acreditó ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) el mal uso de sus datos por parte del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Fue a finales de 2016 que se filtró información de que Guerrero Martínez cobraba una pensión de unos 76 mil pesos mensuales a la par de su entonces cargo como secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) al inicio del gobierno de Yunes Linares.
Por dicha queja el consejo general del IVAI determinó que existió culpa y omisión por parte de las autoridades del IPE ante la filtración de dicha información personal, por lo que ordenó establecer un protocolo de seguridad en el tratamiento de los datos personales de pensionados y trabajadores.
Ahora Guerrero García busca demostrar la inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado número 288 del 21 de julio de 2014.
El artículo establece que es incompatible la percepción de una pensión con el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión remunerados a cargo de los Entes Públicos incorporados y agrega sanciones en caso de incumplimiento, pues el infractor de la Ley deberá de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente en el plazo que le sea fijado por el Instituto; el cual nunca será menor al tiempo en que las hubiere recibido.
“Desaparecida la incompatibilidad y reintegradas las cantidades indebidamente recibidas, el pensionista puede volver a disfrutar de la pensión otorgada. Si no hiciese el reintegro en los términos de este artículo, perderá todo derecho a la pensión”.
Al asumir el cargo como tesorera del ayuntamiento de Xalapa el pasado 27 de septiembre, Guerrero García aseveró que como jubilada tiene Derecho a recibir su pensión y si todavía tiene las fuerzas para continuar trabajando en el ámbito público debería de poder cobrar su sueldo.
“Si lo siguiera cobrando eso es cosa que a nadie le va y le viene, yo trabajé en la Universidad Veracruzana 44 años; yo creo que si lo cobrara me lo merecería y si tengo energía para asumir un nuevo cargo me merezco el nuevo sueldo”, declaró en entrevista ante medios de comunicación.
Ley polémica
Dicha Ley del IPE siempre ha generado amparos y reclamos sociales e incluso ha intentado ser reformada sin éxito por los diputados veracruzanos.
En la LXIV Legislatura la Comisión Especial para atender la problemática del IPE en el Congreso del Estado presentó una propuesta de reforma que obligaba al gobierno estatal a subsidiar el déficit que existe entre los pagos que debe de realizar a jubilados y los ingresos de los trabajadores en activo.
Sin embargo, en septiembre de 2018 el entonces gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, quien dejó el cargo el último día de diciembre del año en curso, vetó las reformas a la Ley 287 argumentando que con las modificaciones se obligaría a la próxima administración a erogar 2 mil millones de pesos adicionales al subsidio anual para el pago de pensiones y jubilaciones. Este 2018 el monto destinado fue de 2 mil 200 millones de pesos, es decir que el Estado debería de destinar unos 4 mil 200 millones al Instituto.
mvf