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Francisco, 6 años sin justicia, tras ser víctima de tortura y cárcel

A Francisco Espinosa lo torturaron y encarcelaron en 2015, por defender tierras comunales de Chiapas, de las que el líder cañero, Jesús Alejo busca apropiarse

  • CHRISTIAN GONZÁLEZ/CORRESPONSAL
  • 14/03/2021
  • 19:00 hrs
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Francisco, 6 años sin justicia, tras ser víctima de tortura y cárcel
A Francisco Espinosa lo torturaron y encarcelaron en 2015, por defender tierras comunales de Chiapas, de las que el líder cañero, Jesús Alejo busca apropiarse. Fotos Christian González

VENUSTIANO CARRANZA.- Francisco Espinosa Hidalgo ya no pudo acudir a la audiencia del pasado 4 de marzo en el Centro Estatal Preventivo número 1 “El Canelo”, en Chiapa de Corzo para buscar justicia, pues la tortura que sufrió en 2015 por parte de policías ministeriales hizo estragos en su cuerpo.

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Desde que obtuvo su libertad en 2018, se le complica caminar, su mano izquierda no deja de temblar por el mal de Parkinson, la vista es cada vez más borrosa, tiene diabetes e hipertensión y la próstata está cada vez más deteriorada.

El hombre de 73 años y padre de seis hijas no puede salir de casa, y si quiere moverse hacia el baño, lo tiene que hacer a rastras. Su parcela, la cual trabajaba a diario para obtener ingresos con la cosecha de maíz, frijol u otro cultivo, está abandonada y, lo peor, en manos de otra persona identificada como Manuel Borraz.

Sentado en la sala-comedor de su vivienda, ubicada en el barrio La Alberca de esta localidad de la región Llanos de Chiapas, lamenta que no solo fue golpeado, sino que pasó tres años y cuatro meses en prisión acusado de forma injusta por el delito prefabricado de robo a casa habitación con violencia en detrimento de Domingo Sebastián de la Torre.

Lo peor es que a casi tres años de haber quedado libre, uno de sus “verdugos”, Orday Rodríguez Vilchis aún sigue en libertad por ese caso, mientras que Édgar Zavala Gutiérrez, el otro implicado, fue encarcelado en 2020 en Tapachula por cometer un delito federal en agravio de otras personas.

A pesar de que el año pasado recibieron un recurso económico como parte de la reparación del daño y por órdenes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAP), Otilia Espinosa de la Torre advierte que nada les devolverá el tiempo que su padre estuvo en prisión, mucho menos la salud que ya está colapsada.

Como hijas, lo único que desean es que al menos los dos imputados sean vinculados a proceso y paguen por lo que hicieron, “pero no sabemos qué sucederá, porque el mismo Estado los protege, y prueba de ellos es que las audiencias se han prorrogado”, asevera.

Lo que les genera más coraje e indignación, advierte, es que en las audiencias tanto Orday y sus abogados “sueltan una sonrisa burlona, como que creen que no les harán nada, como que están seguros de que saldrán libres”.

A don Francisco no solo le preocupa que sus agresores sigan libres, sino que su proceso aún continúa, por lo que su libertad no está asegurada.

“En la boleta que me dieron dice libertad absoluta, pero que aún me tendrán en proceso, entonces no entiendo qué pasa”.

Y, dice sentirse mal porque los dolores de la próstata y huesos no le permiten dormir, y a esto se le suman los nervios.

-Don Francisco, ¿me dijo que sus huesos estaban morados?

-Esto no es vida, eso me dijo el huesero con el que voy; me checó con sus aparatos, y me advirtió que estaba muy mal, como si me hubieran golpeado, y pues le conté lo que me hicieron. Él mismo se preocupó cuando detectó que adentro de mis huesos estaba morado… y cuando me muevo, hace un sonido raro.

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS

A Francisco Espinosa, cuya lengua original es el tsotsil, lo detuvieron el 29 de mayo de 2015 por órdenes de Jesús Alejo Orantes Ruiz, líder cañero de la zona de Pujiltic, empecinado en apoderarse de al menos 40 hectáreas de tierras comunales, pero como el labriego encabezaba el grupo que defendía las mismas, le inventaron un ilícito para mantenerlo en la cárcel; para callarlo.

Para ello, ese personaje se alió con el en ese entonces comisariado ejidal, Domingo Sebastián de la Torre y otras personas, con quienes pretendían arrebatar más tierras comunales.


El campesino caminaba en esa ocasión hacia su parcela, cuando elementos ministeriales descendieron de camionetas y, a golpes, lo subieron en una de éstas. Durante el camino, lo amedrentaron y le dieron puñetazos y patadas.

Luego lo llevaron a la Comisaría de Chiapa de Corzo, en donde lo desnudaron, le pegaron en la cabeza, costillas y “donde fuera posible”; le aplicaron choques eléctricos en los ojos, e incluso uno de los comandantes lo obligó a confesar que “aceptara yo que una bomba envuelta en una bolsa era mía”. Ahí mismo, le confesaron que tenían la orden de asesinarlo.

Cuando Francisco reaccionó, ya era trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, “El Amate”, donde no fue atendido de un problema de la próstata y, además, su familia tuvo que gastar casi 60 mil pesos para que no lo agredieran más.

El único beneficio que obtuvo allí, fue que el director ordenó que lo mantuvieran cuatro meses en el área de enfermería, pues no podía hacer trabajos físicos producto de los golpes.

El “viacrucis” no paró: cinco meses después de que lo encerraran, su esposa, quien también es defensora de las tierras comunales de Carranza, sufrió un ataque con arma blanca, y de igual forma su estado de salud se deterioró.

LÍDER CAÑERO Y LE GUSTA LA POLÍTICA

Sin embargo, la pesadilla podría continuar para Francisco, debido a que el líder cañero también se ha inmiscuido en la vida política del estado, tanto así que en las elecciones pasadas fue candidato a gobernador, y para las contiendas de junio de este año se lanzará como aspirante a diputado local por el IV Distrito.

“Supimos que está regalando cositas, despensas, dinero, la gente hace cola para recibir lo que él les da, porque quiere ganar; ha visitado otros municipios, como Cintalapa”, lamenta don Francisco, cuya voz está cada vez más fatigada.

Natividad de Jesús, otra de sus hijas, se pasa la mano derecha a la altura de los pómulos para limpiarse las lágrimas, y al igual que su hermana Otila, solo desea que se haga justicia, “porque nos duele, nos duele mucho cómo quedó mi papá; era un hombre trabajador, y ahora no se puede ni mover”.

Natividad de Jesús. 

Como pueden, dice la también progenitora de tres hijos pequeños, ayudan a su papá y mamá para su manutención, por lo que las seis hijas se dedican a trabajar como empleadas domésticas, aunque la situación se complicó por la pandemia, por lo que, si tienen suerte, les dan empleo una o dos veces por semana en alguno de los hogares de Venustiano Carranza.

Pero tanto Otilia, Natividad y sus otras cuatro hermanas saben que no pueden dejarlos solos, pues solo para los medicamentos básicos que requiere don Francisco para atenderse los males como la próstata y diabetes, necesitan 2 mil o 2 mil 500 pesos mensuales.

Les preocupa, dicen, porque su padre requiere de un especialista y no de un médico general, adonde lo llevan por falta de recursos. “Un ‘huesero’ le da terapias, porque, como ve, no puede caminar”, confirma Otila, quien lamenta que, pese a los intentos, no han podido hablar con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, originario también de Venustiano Carranza.

TORTURA, PRÁCTICA COMÚN EN CHIAPAS

Con base en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), solo en el sexenio del exgobernador Manuel Velasco Cuello registraron casi 60 casos de tortura. Mientras que, entre 2020 y lo que va de este año, han contabilizado hasta 15 casos.

Jorge Alberto Gómez, abogado defensor del Frayba, comenta que aún están en la etapa inicial, y el año pasado un juez determinó no vincular a proceso a uno de los imputados, quienes son parte de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía de Distrito Centro en Chiapa de Corzo.

Jorge Alberto Gómez, abogado defensor del Frayba.

“Esa autoridad afirmó que no había elementos suficientes para acreditar que la tortura había existido, y porque había exámenes médicos de cuando fue detenido don Francisco, y que según no presentaba ningún golpe, pero está comprobado, en hojas de resguardo, que sí estuvo presente en la tortura”, recuerda.

Lo que se ha visto, agrega, es que hay demora o dilación con el argumento de que se vive una contingencia sanitaria, y uno de los acusados hace muchas peticiones solo para retrasar el proceso.

“Lo que nos extraña es que ahorita este policía tiene una defensa privada, y lo que quisiéramos saber es si la Secretaría de Seguridad Pública le paga ese abogado, es decir si el mismo gobierno se hace caso de la defensa de quienes se dedican a torturar”.

Jorge Gómez pone en entredicho la labor que hicieron los médicos de la Fiscalía y el de “El Amate”, pues en ellos caería la responsabilidad por omitir lo que le sucedió al labriego de Venustiano Carranza.

De lo que están seguros como Frayba, dice, es que esos dictámenes médicos del año 2015 carecen de parcialidad porque son emitidos por la misma cadena de mando que torturó. “Ocultan la verdad de los hechos, ¿no?”, se pregunta Gómez.

Entre otros detalles, confiesa que si la CEAP accedió a otorgarle un dinero a don Francisco, fue porque la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reconoció que sí le violentaron sus derechos y por ende emitió una recomendación para tal fin.

Sin embargo, está convencido de que al afectado no se le garantizó una buena atención de su salud, ni siquiera el Estado le ha hecho una disculpa pública, y en cada audiencia hay un juez distinto

“Lo que vemos es que no hay interés de solucionar el caso, porque la Fiscalía Antitortura no tiene la capacidad para investigar la tortura, pese a que existen protocolos de Estambul, uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el homologado, pero no lo obedece”, evidencia.