“En caso de que el fondo de 2 mil millones de pesos no sea suficiente, las empresas aportarán la cantidad adicional que se determine”, declaraba en rueda de prensa el entonces titular de Semarnat, Juan José Guerra Abud.
El 26 de agosto del 2014, los secretarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Recursos hidráulicos y Alimentación (Sagarpa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de Economía del gobierno federal, en compañía de representantes de Grupo México, anunciaban la creación de un fideicomiso para reparar el daño a la zona contaminada por el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de lixiviado de cobre acidulado en las aguas del Río Sonora.
Los funcionarios afirmaron en ese entonces que el monto de 2 mil millones de pesos era sólo una cifra inicial, por lo que de requerirse, la empresa responsable del desastre ecológico más grande en México tendría que aportar más recursos.
Sin embargo, a pesar de que han pasado dos años desde los últimos apoyos y resarcimientos entregados, los habitantes del Río Sonora no han visto un solo peso más de este fideicomismo: continúan pendientes plantas potabilizadoras, la construcción de pozos y reactivación económica de la zona.
Después del 6 de agosto del 2014, cuando se derramaron metales pesados en el río que pasa por siete municipios de Sonora, provenientes de la mina Buena Vista del Cobre, autoridades federales anunciaron con ‘bombos y platillos’ su intervención.
El gobierno federal creó un comité técnico con los titulares de las diferentes dependencias, ofreció ruedas de prensa y acudió presencialmente a la zona del desastre.
Crearon una página web informativa donde se estaría publicando el avance de la administración del fideicomiso.
Por su parte, la Cámara de Diputados instaló una comisión especial donde se daría seguimiento puntual a la situación; aunque sólo incluía a dos sonorenses: Alfonso Durazo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Dora María Talamante Lemas de Nueva Alianza, de acuerdo con diputados.gob.mx.
A tres años del derrame todo continúa como quedó desde el 2015. La comisión en la cámara de diputados fue declarada extinta en abril de ese año y la última actualización de los informes en la página de Semarnat es de junio del 2015.
En contraste, los más de 22 mil habitantes de Arizpe, Acochi, Banámichi, Baviácora, Huépac, Ures y San Felipe de Jesús continúan con afectaciones a su salud y con una economía estancada por la disminución de las producciones agrícolas y ganaderas.
No han recibido más la visita de funcionarios del gobierno federal para analizar la situación por la que atraviesan todavía.
Sin actualizar balances financieros de fideicomiso
Este lunes 7 de agosto, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Wenceslao Cota Montoya, anunció que recibió un oficio del gobierno federal donde le informaban la conclusión del Fideicomiso Río Sonora, ya que se había utilizado la totalidad de los 2 mil millones de pesos.
Sin embargo, en la página oficial www.fideicomisoriosonora.gob.mx, correspondiente a Semarnat los datos no se actualizan desde el 26 de junio del 2015.
En este sitio, muestran en tablas de Excel que hasta esa fecha se habían pagado mil 137 millones 611 mil 58 pesos, de los 2 mil millones de pesos iniciales.
Para el rubro de salud, se entregaron 270 apoyos por el concepto “pago por daños a la salud” con un recurso de 6 millones 65 mil 54 pesos. Por acciones de atención y seguimiento médico se destinaron 27 millones 179 mil 199 pesos.
Respecto al pago de reparación de daño de producciones agropecuarias y apoyos económicos para su reactivación, se hizo en cuatro fases: la primera del 30 de septiembre al 4 de octubre del 2014 y la última el 16 de junio del 2015. El monto total de ello fue de 286 millones 884 mil 655 pesos.
A comercios e industrias se les entregaron 127 millones 61 mil 713 pesos. El apoyo por tomas de agua que se pagó a los habitantes de las zonas afectadas fue de 184 millones 577 ml 400 pesos, en tres etapas; la última en junio de hace dos años.
En este balance también se incluyen los tinacos para almacenar agua que fueron repartidos, la contratación de pipas para distribución del líquido después de la contingencia y para la rehabilitación de pozos.
Incluso se gastaron 23 millones 908 mil 710 para una estrategia de comunicación social, donde se contrató al Foro Sonorense de Periodistas para la difusión de información en Sonora y a la agencia Ambiente Acuavita para nivel país.
Todo ello se fue específicamente para los meses después del derrame de tóxicos en las aguas del Río Sonora. Se trataron de acciones de inmediatez, pero no de seguimiento.
Contrato compromete a ampliar fideicomiso
Los habitantes de los siete pueblos afectados ya utilizaron los recursos que se les pagaron desde hace dos años, pero continúan con las secuelas del desastre ecológico.
Quienes presentan cánceres, llagas en la piel, ronchas y caídas de cabello, ya no tienen ese dinero; de su propia bolsa compran los medicamentos necesarios para su tratamiento, así lo constató La Silla Rota.
Los agricultores, ganaderos y comerciantes que recibieron una cantidad para pagar los daños a sus cultivos y productos, tampoco cuentan ya con ese recurso, lo usaron para salir adelante en los días de contingencia.
A tres años del derrame de tóxicos en el Río Sonora el turismo y las actividades económicas continúa con rezagos, dicho por el propio delegado de Segob en Sonora, Wenceslao Cota.
Pero, de acuerdo con el contrato que crea el Fideicomiso, en poder de La Silla Rota, en su cuarta cláusula establece que: “En caso de que el Monto Comprometido resultare insuficiente para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso, previa determinación del Comité Técnico, las Fideicomitentes (empresa minera) aportarán los recursos adicionales que fueran necesarios para cada situación específica”.
Además, señala que mensualmente la compañía minera responsable, al igual que la Semarnat rendirán informes de los recursos gastados del fondo del Fideicomiso Río Sonora. Esto solo se hizo durante 2015.
A pesar de estar signado en el contrato, esto no se cumplió. En ningún momento se autorizaron más recursos para apoyar a los 22 mil habitantes que siguen afectados por el derrame, ni han publicado los informes mensuales.
Eliminan diputados comisión Río Sonora
El 30 de abril del 2015, la Cámara de Diputados aprobó la declaratoria de extinción de una serie de comisiones especiales, entre ellas la de “Seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora”.
Los integrantes de la comisión eran: William Ochoa Gallegos (PRI, Chiapas), Lilia Aguilar Gil (PT, Chihuahua), Alfonzo Durazo Montaño (Morena, Sonora), Laura Martel Cantú (PVEM, DF), Edgar Pereyra Ramírez (PRD, México) y Dora María Talamante (NA, Sonora).
Dicha comisión fue instalada el 22 de agosto del 2014. El 3 de septiembre realizaron un recorrido por la zona y se reunieron con pobladores y alcaldes de los siete pueblos para escuchar sus problemáticas.
Emitieron algunas recomendaciones, entre ellas quitar la concesión de la explotación de la mina a Grupo México. También se comprometieron a dar seguimiento puntual a la situación.
Pero, poco menos de un año después, en abril del 2015 se declaró la extinción de la comisión, debido a que “el objetivo de su creación se ha cumplido y agotado”. Estaban dejando todo en ‘limpio’ para la próxima legislatura que se renovaría en junio de ese mismo año.