XALAPA, VER.- El 1 de febrero de 2016, tres personas acudieron a la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Xalapa para presentarse como abogados de una persona que había sido detenida; ese fue la última vez que se tuvo noticia de los dos hombres y una mujer que viajaron desde Orizaba.
Casi a cinco años de estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en la investigación que van desde dilatar las averiguaciones, hasta no haber investigado un posible acto de desaparición forzada.
En 2016, la Fiscalía en Veracruz estaba a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, que actualmente enfrenta un proceso penal en libertad, gracias a un amparo, y es acusado de participar en el ocultamiento del hallazgo de cuerpos en la barranca La Aurora, en Emiliano Zapata, en 2016.
Sobre la recomendación 80/2020 de la CNDH, establece que se debió a la inadecuada integración de las averiguaciones por parte de la Fiscalía ante la desaparición de las tres personas, dos de las cuales ingresaron para entrevistarse con el detenido.
“Se observó que ocho personas servidoras públicas violaron el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, así como a la verdad, en agravio de las tres víctimas, directas y de sus familiares debido a que incurrieron en ilegalidades en la investigación”, señala la recomendación.
No se investigó la posible desaparición forzada
Los señalamientos de la Comisión evidencian que a pesar de que el caso también se investigó en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República no hubo tal coordinación, hubo dilación en las diligencias y no se investigó a profundidad algunas líneas como la de una posible desaparición forzada.
Transcurrieron aproximadamente dos meses desde que se denunció la desaparición de las tres personas hasta que mandó a citar a las personas servidoras públicas que los atendieron, aunado a ello las acciones del Agente del Ministerio Público no han sido suficientes para que comparezca a declarar el servidor público, omitiendo ejercer sus facultades de apremio, lo cual es relevante para que se llevara a cabo de manera inmediata, pues de ahí se podría desprender el rumbo que tomaron las personas desaparecidas.
Dentro de la investigación a través del oficio PF/DSR/CEPFV/0754/2016 de 16 de febrero de 2016 el Coordinador Estatal de la Policía Federal en Veracruz, remitió la plantilla del personal que laboró, así como de los vehículos en servicio y las diversas puestas a disposición realizadas del 1 de febrero de 2016, pero el Agente del Ministerio Público no agotó ni analizó dichos datos para descartar la desaparición forzada de las víctimas.
Dilación en toma de muestra
Entre las irregularidades detectadas por la Comisión en la investigación de las desapariciones está el hecho de que en el el 3 de febrero de 2012 se solicitó al Delegado de los Servicios Periciales de la Fiscalía Regional, Zona Centro Veracruz, ordenara tomar muestras biológicas al padre de una de las víctimas a efecto de practicar pericial en materia de ADN para obtener el perfil genético y ser comparado con el banco de datos, así como con los cadáveres no identificados, restos humanos y osamentas que estén en SEMEFO para conocer si existe compatibilidad.
Sin embargo, la Comisión Nacional advirtió que hasta el 10 de julio de 2018, realizada a la investigación no obraba el resultado de esta prueba pericial dilatándose un tiempo aproximado de dos años y cinco meses.
Además, del 7 de septiembre de 2016 al 17 de marzo de 2017, la autoridad dejó de investigar la desaparición de las tres personas puesto que no obran diligencias tendientes a la búsqueda e investigación, únicamente se abocó a la recepción de documentales, “por lo que pasaron seis meses sin actuaciones, pasando por alto que el tiempo para la búsqueda de personas es un elemento esencial para su pronta localización”.
“Llama la atención de esta Comisión Nacional la falta de coordinación entre las Fiscalías, al remitir el expediente en diversas ocasiones entre dichas instituciones, argumentando la competencia, periodos en los cuales se dejó de actuar en la investigación para dar con el paradero de las víctimas, sin enfocarse en determinar con claridad a quien le correspondía conocer de los hechos”.
Balacera en centro comercial pudo estar relacionada
La recomendación refiere que hubo testigos señalaron como indicio de la desaparición de las tres personas que pudo haber sucedido durante una balacera registrada ese día en un centro comercial cercano; sin embargo, esto no fue investigado.
“Observándose que incluso en la inspección del lugar de dicho evento, se recolectaron diversos indicios, entre ellos un zapato, el cual fue puesto a la vista de V6, quien no lo reconoció, desprendiéndose de ello que esta línea de investigación debió ser agotada, para ver si había otros elementos de prueba”.
La CNDH advirtió que el 3 de febrero de 2016 se solicitó el contenido de las cámaras de vigilancia de las plazas de cobro Fortín de las Flores, Cuitláhuac y Paso del Toro, mismos que fueron aportados, pero no obra análisis de los videos señalados, ni se solicitó se realizara la extracción del audio y video para su estudio.
“Transcurrieron aproximadamente dos meses desde que se denunció la desaparición de V1, V2 y V3 hasta que mando a citar a las personas servidoras públicas que los atendieron, aunado a ello las acciones del Agente del Ministerio Público no han sido suficientes para que comparezca a declarar SP2 (servidor público), omitiendo ejercer sus facultades de apremio, lo cual es relevante para que se llevara a cabo de manera inmediata, pues de ahí se podría desprender el rumbo que tomaron las personas desaparecidas”.
Fiscalías deberán reparar el daño
Ante las omisiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y de la Fiscalía en Veracruz, Verónica Hernández Giadans, reparen de manera Integral el daño causado a las víctimas, y deberán inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las tres personas desaparecidas y a los familiares de cada una de ellas, a quienes también deberán dar atención psicológica.
Tendrá que continuar con la integración y perfeccionamiento de los expedientes penales, que se realice una revisión de las indagatorias presentando un plan de fortalecimiento de la investigación, que tenga como objetivo la localización de las tres personas desaparecidas.
Y deberán realizar las diligencias para esclarecer los hechos, localizar a las víctimas y en caso de su fallecimiento identificar y entregar los restos a sus familiares y que se colaboren en el seguimiento de la queja administrativa que se presentarán
La CNDH advierte sobre casos de desaparición en Veracruz
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta abril de 2018, Veracruz se ubicaba en el lugar 14 a nivel nacional en cuanto a personas desaparecidas, con 731 registros hasta ese momento.
En el “Informe Especial sobre la situación de Seguridad y Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, la Comisión señaló que los datos estaban basados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
A ello se suma que de las 4 mil 756 personas registradas en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), se tenían 365 casos que ocurrieron en Veracruz.
Esto ubica a la entidad en el tercer lugar con mayor número de personas en calidad de desaparecidas, solo por debajo de Guerrero y Tamaulipas, de acuerdo con el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México”.
Actualmente, el Registro Público de Personas Desaparecidas (REPUPEDES), de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con última alta en febrero del 2020, indica que existen 3 mil 631 personas en calidad de desaparecidas (2 mil 877 hombres y 754 mujeres), cifra superior a las 2 mil 231 que informó en enero del año anterior por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
En el “Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas” emitido por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas el 6 de enero de 2020, se señaló que dentro de los Estados con mayor índice de fosas clandestinas está Veracruz con 432 registros del conteo hecho de 2006 a 2019.
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