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Fernando Yunes desdeñaba créditos; ahora va por 62 mdp de financiamiento

En total 22 municipios buscan financiamientos por 355 mdp, aunque algunos están señalados por corrupción o tienen observaciones por daño patrimonial

Escrito en VERACRUZ el

Pese a su resistencia inicial de pedir un crédito bancario y comprometer participaciones federales, el alcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez, completó la gestión para acceder a un préstamo por 62 millones de pesos.

Hace menos de un año, ante medios de comunicación el hijo del exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, descartó solicitar cualquier compromiso bajo la premisa de que "no es sano" el endeudamiento.

Sin embargo, a la fecha tanto el gobierno del puerto jarocho, como otros 21 municipios, gestionan financiamientos por un total de 355 millones 629 mil 989 pesos; Veracruz busca el monto más alto de todos.

En 2019 la actual LXV Legislatura de Veracruz autorizó a los 212 municipios contratar préstamos a cambio de comprometer los recursos del Ramo 033, aportado sus las participaciones federales.

Conforme a la última actualización, solo 22 municipios solicitaron y completaron el trámite ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para contratar un préstamo, notificando sus avances al Congreso del Estado.

Los financiamientos, que deben ser pagaderos en las actuales administraciones municipales que concluyen en 2021 y entre los solicitantes están algunos investigados por posibles actos de corrupción.

Tal es el caso del Ayuntamiento de Tuxpan, a cargo de Juan Antonio Aguilar Mancha, que logró acceder a un crédito por 45.8 millones de pesos; a pesar de que el ayuntamiento carga con distintos pasivos como su deuda con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por más de 30 millones de pesos y que se aplicó una auditoría en tiempo real el año pasado a su tesorería. 

En la lista destaca además Tamiahua, en donde la alcaldesa, Citlalli Medellín Careaga, inició trámites para solicitar un crédito por 17 millones 476 mil 998 pesos con 85 centavos, sin importar que en dicho municipio el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) "desapareció" un presunto daño patrimonial de 1.3 millones de pesos con su nueva revisión a la Cuenta Pública 2018. 

Además, su Plataforma de Transparencia recuenta gastos de medio millón de pesos de la presidenta municipal en viáticos como parte de sus giras de trabajo.

En Banderilla, se le autorizó al alcalde Juan Manuel Rivera González pedir crédito por 5 millones 182 mil 999 pesos con garantía a las participaciones federales, aunque su municipio apenas recibirá en 2020 un total de 11.5 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM). 

En Pánuco, municipio gobernado por el panista, Fernando Molina Hernández, se autorizó un pasivo de 41 millones 963 mil 999 pesos de crédito; aunque en la segunda revisión a la cuenta pública, el Órgano de Fiscalización Superior también detectó un presunto daño patrimonial de 1.13 millones de pesos.

EL PROCEDIMIENTO

El 13 de mayo de 2019, la Gaceta Oficial del Estado publicó el decreto 242, en donde el Poder Legislativo autorizó a los 212 ayuntamientos el solicitar un préstamo con cualquier institución bancaria o financiera.

La garantía de pago se sustentaba con los recursos aportados por la Federación a los municipios por medio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 033.

En este caso, el Congreso del Estado avaló a los ayuntamientos comprometer únicamente el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), con un tope del 25 por ciento del total de los recursos.

Las reglas del Artículo 242 permitían a los ayuntamientos contratar el préstamo en el transcurso de los ejercicios fiscales 2019 a 2020, sin embargo, se les obligó a los municipios liquidarlos antes del primer día de noviembre de 2021.

Esto es: los municipios cuentan con menos de un año y 9 meses para pagar la totalidad de los compromisos, siempre y cuando no sufran una reducción en sus participaciones federales en 2021.

Además, se obliga a los ayuntamientos a invertir el monto recibido por los créditos en obras, acciones sociales básicas o inversiones de beneficio a la población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.

Tales obras, dentro de los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo se ejecutarían entre 2020 y 2021, es decir, en pleno proceso electoral.

Abordado en entrevista, el presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, explicó que, de manera global, suman 355 millones 629 mil pesos los montos de los créditos contratados por los 22 municipios.

Refirió que el pasado 24 de enero se les depositó a los 22 ayuntamientos la primera parte de los créditos.

"Han sido pocos ayuntamientos los que pidieron el crédito, (...) la idea es tener apertura en este ejercicio que puedan sumarse ayuntamientos y todavía están a tiempo de poder hacerlo", enfatizó.

Indicó que el Congreso estará vigilante de que se inviertan correctamente los préstamos, en apego a las reglas de operación.

LOS SOLICITANTES

Así, son 22 municipios los solicitantes de un préstamo y sobresale en la lista el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

Al alcalde se le autorizó inicialmente un tope para solicitar de 95 millones 546 mil 621 pesos; pero este se redujo y realizó un trámite para acceder a 61 millones 999 mil 999 pesos.

Lo anterior, aun cuando el edil postulado por Acción Nacional descartó en 2019 pedir cualquier tipo de préstamo por "salud".

"No es sano pedir un préstamo en este momento", subrayó el funcionario en entrevista con la radio local el 12 de diciembre.

Lo anterior, aun cuando el municipio de Veracruz es de los más beneficiados al año debido al grueso de su presupuesto. Tan solo para 2020, su administración ejercerá mil 635 millones 520 mil 337 pesos; de los que mil 036 millones 628 mil 895 pesos provienen del ramo 028.

De Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-20) recibirá 422 millones 710 mil 433 pesos.

Sin embargo, del FISM-DF, usado de garantía de pago, Veracruz ejercería 151 millones 201 mil 168 pesos. La suma de estos dos últimos da 573 millones 911 mil 601 pesos.

En este caso, el municipio de Veracruz carga con una deuda de siete millones de pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), monto del cual, Yunes Márquez se comprometió a pagar en 2020.

En el caso de Tuxpan, igual postulado por Acción Nacional en la persona de Juan Antonio Aguilar Mancha, la demarcación enfrenta un adeudo de casi 30 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el impago de obligaciones patronales. El adeudo, aunque no es nuevo, aumentó al no aportar abonos al monto reclamado.

El alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha solicitó 45 millones 840 mil 999 pesos; cuando por concepto de FISM-DF, recibirá apenas 100 millones 542 mil 116 pesos.

A lo anterior, se añade la intervención del Congreso del Estado a la Tesorería Municipal de Tuxpan, en una auditoría pendiente de concluir por parte de la Secretaría de Fiscalización del Congreso. Sumado a la investigación, y posterior destitución, contra el tesorero Pedro Benítez.

Por su parte, el edil de Banderilla, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, en alianza con el PAN, Juan Manuel Rivera González pidió un crédito por 5 millones 182 mil 999 pesos.

Sin embargo, el presidente municipal no contempló que su municipio solo recibirá en 2020 una suma de 11 millones 588 mil 473 pesos por concepto de FISM-DF.

En ese sentido, al edil solo puede aspirar a no recibir una reducción de sus participaciones para el 2021; año en que debe de liquidar el pasivo.

En Pánuco, el presidente municipal Fernando Molina Hernández, se le autorizó un pasivo de 41 millones 963 mil 999 pesos; aunque el presupuesto de FISM para este año es 96 millones 570 mil 863 pesos; es decir, el pago del pasivo dependerá si el ayuntamiento recibe un aumento de participaciones antes del 1 de noviembre de 2021.

Lo anterior, aunque en la segunda revisión de la cuenta pública 2018, el municipio enfrenta una acusación de posible daño patrimonial de 1 millón 138 mil 725.12 pesos.

En el caso de Tamiahua, la presidenta municipal Citlalli Medellín Careaga, del Partido Verde, pidió un crédito por 17 millones 476 mil 998 pesos con 85 centavos.

A la alcaldesa se le detectó un daño patrimonial de 1 millón 308 mil 382.15 pesos en la primera revisión de la cuenta pública 2018, y después "borrado" en la nueva valoración por parte del Órgano de Fiscalización Superior.

Además de acuerdo con datos proporcionados por la Plataforma Nacional de Transparencia, el gobierno de Medellín Careaga cargó al erario un monto de 526 mil 028 pesos en viajes y comisiones de los empleados del municipio. 

De esta cifra, los contribuyentes pagaron 405 mil 597 pesos por concepto de viáticos al interior del estado de Veracruz, con 132 viajes; le sigue Ciudad de México, con 16 viajes y con un monto erogado de 38 mil 103 pesos.

En el caso de Ixtaczoquitlán, gobernado por Miguel Ángel Castelán Crivelli, se le autorizó al municipio un crédito por 20 millones 99 mil 999 pesos, sin embargo, esta demarcación anteriormente había contratado préstamos con el Banco Nacional de Obras.

De hecho, el Registro Único de Deuda Pública Municipal confirma que, en el caso de Ixtaczoquitlán, contrató un préstamo por 13 millones 300 mil pesos el año pasado.

El crédito lo otorgó Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y tendrá que ser liquidado a más tardar el 01 de septiembre de este año. El dinero se usó para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Además, regidores de aquella demarcación solicitaron una auditoría del Congreso a la Tesorería, debido a las sospechas de un mal ejercicio de los recursos públicos.

En el caso de Perote y de Zentla, estos ya registraron sus deudas nuevas ante el Registro Nacional de la Secretaría de Hacienda, con fecha de 17 de enero de 2020.

Finalmente el municipio gobernado por el priista Juan Francisco Hervert Prado, se inscribió una deuda de 23 millones 889 mil 999 pesos, ante Banobras. Mientras Zentla pidió préstamo de 8 millones 169 mil 999 pesos ante el mismo banco para proyectos de obra.

ygr