TAMAULIPAS (La Silla Rota).-La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas urgió al Gobierno del Estado proporcione protección a los familiares de la activista, asesinada la noche del miércoles, en San Fernando, así como a otros defensores de derechos humanos y activistas de los colectivos de familiares de desaparecidos. Además, inició una investigación para confirmar si se proporcionó protección a Miriam Rodríguez Martínez.
El presidente de la comisión, José Martin García Martínez, indicó que, a solicitud de uno de los familiares de Miriam Elizabeth Rodríguez, se solicitó a la secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría de Justicia del Estado brinden seguridad a miembros de la familia pues temen por su seguridad.
Explicó que en principio es para los familiares de la activista, los integrantes del colectivo que encabezaba y a los diversos colectivos, para lo cual se necesitan poner de acuerdo con ellos para ver qué tipo de medidas son las apropiadas.
Confirmó que Miriam Elizabeth Rodríguez solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su intervención para que se le brindara seguridad pues entre los 29 reos fugados del penal de Victoria el pasado 22 se encontraban dos personas involucradas con el secuestro y homicidio de su hija Karen Alejandra Salinas.
Es por ello que la Comisión Estatal solicitó a la secretaría de Seguridad Pública tomar acciones de protección para preservar la integridad de la activista.
En ese sentido, García Martínez dio a conocer se inició una investigación para confirmar si se proporcionó la seguridad requerida a Miriam Elizabet.
Comentó que tienen conocimiento de que el tipo de medidas fue acordado entre las pates, sin embargo no existe constancia de ello.
Indicó: “Se está solicitando información para que nos acrediten con documentales, el tipo de medidas implementadas y si hubo o no el acercamiento con la activista”.
A la vez García Martínez reveló que Miriam Elizabeth interpuso una denuncia de violación a los derechos en relación con la integración de la averiguación previa por el secuestro y asesinato de su hija.
“Ese asunto quedó en una recomendación y su cumplimiento es parcial, se sancionó a servidores públicos con inhabilitación y faltan algunos, pero ella no estaba de acuerdo con la reparación del daño porque aún no se cumplía a cabalidad con ello”, puntualizó el presidente de la Comisión.
rgg