El exprocurador general de Justicia de Hidalgo, Ramiro Lara Salinas –en cuya gestión se denunciaron posibles prácticas de tortura por parte de agentes y presunta fabricación de culpables– fue designado visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH), encargado de investigar quejas e inconformidades en casos de violaciones graves.
El exfiscal fue presentado como parte del equipo de trabajo del nuevo presidente, el notario Alejandro Habib Nicolás, en el cual también se encuentra quien fue director del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) en el gobierno de José Francisco Olvera Ruiz, y que buscó presidir la Comisión, pero, al igual que el ombudsman electo, fue cuestionado por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por falta de trayectoria en la materia, además de que su propuesta no fue finalista en el Congreso del estado.
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En el periodo en el que Lara Salinas fue procurador (septiembre 2016 a julio de 2018) ocurrieron tres multihomicidios, dos en Tizayuca y uno en Tula, que no fueron esclarecidos.
Dos días después de este último, que data del cuatro de enero en un domicilio en la localidad de El Damhú, donde cinco personas, entre ellas dos menores, fueron halladas sin vida, José Antonio E.P. fue detenido por supuesto ultraje a la autoridad; sin embargo, fue inmerso en la carpeta de investigación por la ejecución de la familia.
Su presunta responsabilidad, indicó su abogada Magaly Díaz Serrano, se basó en un señalamiento de una hermana de los occisos, quien aseguró que José Antonio tuvo una disputa legal, cinco años atrás, con una de las víctimas por la posesión de una propiedad, por lo que –sin presentar evidencia, aseguró la litigante–, fue ligado a la ejecución múltiple.
Asimismo, la familiar mencionó que ambos se habían amenazado. Por ello, indicó, la policía ministerial lo detuvo. El 10 de enero de 2018, por falta de elementos para acreditar el delito, fue liberado, y el entonces procurador Ramiro Lara aseguró que los ultrajes a la autoridad no eran un recurso que usara la dependencia a su cargo para “fabricar pruebas”, como acusó la defensa de José Antonio.
Además, por la segunda ejecución múltiple en Tizayuca, en el barrio de Nacozari, el 19 de diciembre de 2017, la hipótesis de la procuraduría fue un “ajuste de cuentas” entre grupos de presuntos narcomenudistas; no obstante, familiares y amigos de dos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), víctimas de ese crimen, exigieron al gobierno hidalguense esclarecer el delito y limpiar la imagen de los jóvenes, quienes, acusaron, fueron criminalizados al relacionarlos con la venta de droga, recurso con el cual, creían, se desvirtuaba el ataque en su contra.
Cuestionado sobre las quejas recibidas por posible tortura y fabricación de pruebas contra la PGJEH en el periodo en el que su ahora visitador general fue fiscal, y la certeza que podrían recibir las probables víctimas, el ombudsman dijo que si se acredita ilegalidad procederán con recomendaciones, que, sin embargo, serían dictaminadas por la misma persona a quien serían dirigidas.
“Las personas que están siendo vinculadas en un proceso de tipo penal también tienen derechos humanos, tienen garantías que la propia Constitución establece y vamos a velar para que se respeten. Si hay alguna queja que se haya iniciado por un caso de posible tortura, va a recibir el caso que legalmente deba de seguir”, afirmó al presentar a su equipo para el periodo 2018-2013 el también expresidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), a quien OSC vinculan con el poder político y el gobernador Omar Fayad.
Asimismo, defendió su elección en el Poder Legislativo el 28 de agosto, con un pleno de mayoría priista, partido en el cual también militó Alejandro Habib.
“Si bien es cierto que algunas organizaciones comentaron que mi perfil no iba relacionado con el activismo, y es correcto (porque) yo no he realizado la función de activista, más sin embargo (sic) la experiencia en la materia en los derechos humanos quedó plenamente acreditada en el Congreso”, aseveró el notario, que dio a conocer que entró en funciones con 69 expedientes rezagados.
Para la incorporación del exprocurador, terminó su periodo en la Comisión Humberto Vieyra Alamilla, quien en dos ocasiones aspiró a presidir a este órgano autónomo. Además, fueron nombrados Jair García como secretario ejecutivo; el contador Óscar de la Vega, exfuncionario, como encargado del Área de Administración; Jaime Hidalgo, también exservidor público, como visitador Técnico; Mauricio Macín, como visitador especial, Salvador Franco como coordinador dentro de la Secretaría Ejecutiva.
Habib Nicolás aparecía como militante activo del Revolucionario Institucional aun cuando fungía como presidente del TEEH. Fue, asimismo, uno de los 500 militantes que donaron recursos para la construcción del edificio del PRI sobre bulevar Colosio, en Pachuca, y su nombre quedó grabado en un vitral conmemorativo.
Asimismo, recibió una patente de notario al final del sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005), periodo en el que también fueron beneficiados como fedatarios el actual magistrado Prisciliano Gutiérrez Hernández; Flor de María López González, secretaria de Contraloría en el mandato de Francisco Olvera Ruiz –actual presidente del PRI en la Ciudad de México–, y Víctor Manuel Fayad Meneses, hermano del gobernador Omar Fayad.
mvf