TIJUANA.- Un grupo de policías de Tijuana, acusados de torturar a un detenido, fueron exonerados por autoridades municipales y policiacas aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), comprobó el abuso policiaco.
La víctima acudió a Sindicatura en junio del año pasado y ese órgano suspendió a cuatro agentes municipales, pero turnó el expediente a la Comisión de Desarrollo Policial de Carrera, encargada de la disciplina en las filas policiacas, y allí terminó todo.
Protestas por abuso policiaco en Tijuana /Archivo.
“La comisión determina en su momento que no se acredita ninguna omisión, acción o responsabilidad administrativa en la que pudieron incurrir dichos elementos, y regresan a trabajar”, comentó Karla Rodríguez Aguilar, jefa de la unidad de proyectos de recomendación y seguimiento de la CEDH.
El organismo defensor de derechos humanos ahora emitió la recomendación No. 2/2021 al gobierno de la ciudad y está pidiendo a la Sindicatura que abra de nuevo el expediente para investigar la tortura porque además acreditó la participación de siete servidores públicos: seis policías y un juez municipal.
Protestas por abuso policiaco en Tijuana /Archivo.
LOS HECHOS
De acuerdo con el expediente CEDHBC/TIJ/Q/515/2020/1VG, Benjamín esperaba en zona centro a su esposa que estaba por salir de trabajar cuando llegaron agentes policiacos y después de una revisión en la que no le encontraron nada irregular quisieron esposarlo.
La víctima logró zafarse y echó a correr, así que los oficiales lo persiguieron y al darle alcance lo llevaron a una caseta en la que fue golpeado.
“La comisión de desarrollo justifica el actuar de los agentes, señalando que había sido porque Benjamín corrió. O sea que por el hecho de haber corrido, por eso fue que se le dio este trato”, apuntó Karla Rodríguez.
Cuando Benjamín narró los hechos explicó que su temor era precisamente ser víctima de algún abuso.
Razones no le faltaban porque semanas atrás habían circulado en redes sociales varios videos de abusos de la policía tijuanense que ocasionaron incluso una manifestación ciudadana el mismo mes en el que Benjamín fue detenido, porque su caso se sumó a la lista.
En el ambiente estaba también el caso de Yahir López, quien había muerto desnucado en marzo del 2020 cuando un agente le puso la bota en el cuello mientras lo sometía en una estación de gasolina.
En el caso de Benjamín, el expediente de la CEDH en Baja California dice que luego de ser golpeado los policías lo llevaron ante un juez que determinó enviarlo a la cárcel municipal, pero no fue recibido porque el médico documentó y advirtió las lesiones.
“Lo vuelven a presentar con el juez municipal, y éste lo único que hace es decirle que se retire a su domicilio”, añadió la jefa de la Unidad de Proyectos de Recomendación y Seguimiento de la CEDH.
Detalló que la autoridad municipal nunca facilitó a la comisión de derechos humanos la boleta con la que Benjamín fue turnado a la Estancia Municipal de Infractores (EMI), y no fue la única autoridad que omitió entregar información sobre el caso.
“Batallamos para que la fiscalía nos proporcionara las documentales que ellos tenían para nosotros recabar las evidencias que necesitábamos”, señaló Karla Rodríguez.
La recomendación fue recibida por el gobierno de Tijuana el pasado 18 de marzo, y los 10 días hábiles con los que cuenta para admitirla o rechazarla vencen este 1 de abril.
ESC