Justo cuando está por definirse si se concreta su derrota para repetir como dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón carga con una nueva denuncia en su contra por presuntas irregularidades en contratos de obra asignados a constructoras de su propiedad y relacionadas con su esposa, la legisladora local del PAN, Montserrat Ortega Ruiz.
Este 28 de octubre, autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y del Instituto de Espacios Educativos (IEE) presentaron la acusación ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción por las probables irregularidades perpetradas en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Dicha querella coincide con la espera de Mancha Alarcón de un resolutivo de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional a cerca de la impugnación de los resultados del pasado proceso interno extraordinario del 8 de septiembre, cuyos resultados no favorecen al ex dirigente del Comité Directivo Estatal.
Además, la denuncia promovida este día por la SEV y el IEE se suma a las ya existentes contra Mancha Alarcón ante la Fiscalía General del Estado desde mayo pasado; una, formulada por el Órgano de Fiscalización Superior y una más, por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y otra, por la Contraloría General del Estado.
CÓMPLICES...Y SOCIOS
La esposa de José Mancha, la diputada local plurinominal del Partido Acción Nacional, Montserrat Ortega Ruiz figura como la accionista mayor de las constructoras “Biodiversidad del Golfo S.A. de C.V.” e “IZAL INMOBILIARIA S.A. de C.V.”; ambas empresas, participaron en la licitación por invitación a cuando menos tres personas número INV-SEV-IEEV-FED-012-17.
Dicha convocatoria corresponde al contrato número IEEV-CIEN-110-17, correspondiente a la obra de rehabilitación de edificios del centro regional de educación normal “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”, (CREN) en el municipio de Tuxpan.
En el caso de la empresa “Biodiversidad del Golfo S.A.” esta ganó la adjudicación de la obra en dicho plantel educativo, sin embargo, en la revisión de la cuenta pública 2017 del IEE, el Órgano de Fiscalización Superior detectó dicha irregularidad y, por lo tanto, con un agravante a los criterios de imparcialidad en las licitaciones del IEE.
De acuerdo con la SEV, la empresa de la familia Mancha Alarcón-Ortega Ruiz violó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, sin embargo, no recibió algún procedimiento sancionador, de ahí que el nuevo gobierno procedió penalmente.
De igual forma, “Biodiversidad del Golfo S.A” participó en una nueva licitación de asignación directa emitida por Espacios Educativos, ahora para la rehabilitación de edificios, construcción de sanitarios y obra exterior de la escuela primaria “Ponciano Arriaga”, clave 30DPR2558-Z, para la congregación “Puente Don Diego” de Tuxpan.
El 28 de agosto de 2017, el IEE notificó a la constructora de los Mancha-Ortega de la asignación de la obra, con un costo de un millón 57 mil 692 pesos por parte del programa de “Escuelas al Cien”.
Y aunque el Orfis no detectó irregularidades en la asignación del contrato, sí en la conclusión de dicho proyecto, identificado con el número IEEV-CIEN-037-17.
El auditor técnico del Orfis detectó que, en julio de 2018, la obra continuaba proceso, pero con atraso, dado que de acuerdo con el oficio 2616/17 del citado ente fiscalizable, la obra debió entregarse el nueve de diciembre de 2017.
Seis meses después del plazo límite, la constructora de Ortega Ruiz todavía continuaba con la construcción de las dos aulas didácticas en la citada primaria.
No obstante, las observaciones del ente fiscalizador, la LXIV Legislatura, conformada por una mayoría de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), “limpiaron” las irregularidades de la empresa del matrimonio Mancha-Ortega.
El dictamen de las cuentas públicas, sometido el 26 de octubre de 2018, recibió la aprobación con 35 votos a favor de los diputados del PAN y sus aliados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el sentido de quitar las observaciones.
“Fue aprobada la Cuenta Pública 2017 del Poder Legislativo y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, debido a que no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o exservidores públicos por presunto daño patrimonial, ni inconsistencias de carácter administrativo” justificó en su momento la legislatura con mayoría panista.
LOS EXPEDIENTES
Con la denuncia formulada este lunes, suman tres las promovidas por la SEV, aunque en la más reciente, la acusación apunta a 30 contratos de obra asignados de manera irregular.
Lo anterior, luego de que, durante la pasada administración, el IEE y la SEV violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, las cuales especifican que una obra solo se puede asignar de manera directa si el monto a concursar no rebasa el millón 347 mil pesos.
Al acudir a promover la denuncia, el Secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, reveló que se presume un daño patrimonial al Instituto de Espacios Educativos por la cantidad de 81 millones 166 mil 346.28 pesos. Entre las empresas implicadas, destacan las del matrimonio Mancha-Ortega.
Sin embargo, la investigación contra José Mancha y Montserrat Ortega se remontan mayo pasado, cuando el gobierno de Veracruz, por medio de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado, iniciaron la indagatoria a las obras asignadas a las empresas de la pareja, y en donde sus propios familiares aparecían como “prestanombres”, entre estos, la hoy occisa Cristina Sergia Alarcón Pérez, madre del ex dirigente del PAN.
Las observaciones del actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez dedujeron a que durante el bienio pasado se destinaron 70 millones de pesos para la familia Mancha, por medio de las razones sociales “Biodiversidad del Golfo S.A.”, “IZAL Inmobiliaria” y “Multiservicios El Elemento”.
En el caso de “IZAL Inmobiliaria”, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) falló con una adjudicación de 16 millones 779 mil 039 pesos en obras de caminos; mientras para Multiservicios El Elemento, el 05 de septiembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) le asignó la obra de “Construcción de cuatro dormitorios para la Región Totonaca” en los municipios de Coatzintla y Papantla, por la cantidad de 7 millones 386 mil 031 pesos.
A lo anterior se agregan las obras asignadas para Biodiversidad del Golfo: la rehabilitación de edificios de la escuela primaria Ponciano Arriaga, y la rehabilitación de edificios del CREN, ambas en el municipio de Tuxpan.
Sobre esta última empresa, el Órgano de Fiscalización Superior promovió denuncia por la asignación de contratos a dicha razón social, lo anterior, tal y como lo observó el ente auditor en la revisión de la cuenta pública 2017 del Instituto de Espacios Educativos (IEE).
LA ESPERA
El nuevo golpe del Gobierno del Estado contra la familia Mancha-Ortega coincide con el compás de espera para José de Jesús Mancha de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional para resolver el recurso de impugnación promovido por el ex dirigente del Partido.
Esto, luego de que el pasado 8 de septiembre, se convocaron a los militantes del blanquiazul nuevamente a las urnas en un proceso de reposición, después de que el 10 de abril del 2019 el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó anular el resultado de la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) del pasado 11 de noviembre, en la cual resultó ganador José de Jesús Mancha Alarcón.
Esta decisión del tribunal local la secundó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 17 de julio, en donde coincidieron en la necesidad de reponer el procedimiento interno del partido.
Aunque Mancha Alarcón acudió a los centros de votación con el apoyo del ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y de los hijos de este Fernando y Miguel Ángel; mas el respaldo del líder de la bancada del PAN en el Congreso, Sergio Hernández, los números no resultaron a su favor.
De hecho, en la contienda interna, abundaron las acusaciones de compra de votos y conatos de violencia.
En Xalapa, bandos identificados con el regidor Pedro Alvarado, seguidor de José de Jesús Mancha, y con el diputado local Omar Guillermo Miranda, aliado de Joaquín Guzmán Avilés, se enfrascaron a golpes por una supuesta “compra de votos” en las proximidades del Comité Directivo Estatal.
A lo anterior, desde un día antes, redes sociales denunciaron de forma mediática la compra de conciencias tanto de uno como de otro rival, pero el pasado domingo 8 de septiembre los ánimos se caldearon y simpatizantes de uno como de otro encendieron las pasiones e incurrieron en golpes, empujones y acusaciones.
ygr