En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos tres ambientalistas han sido asesinados en el país por su labor en defensa de los derechos de la tierra. La cifra podría ser superior, ya que en ocasiones no se registran las muertes, a causa de que la mayoría de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas sin acceso a una denuncia pública.
“Es una lucha por la supervivencia”, considera Arnold Ricalde, ambientalista y codirector de la asociación Organi-K.
Samir Flores, Nora Patricia y José Luis Álvarez, son sólo tres casos mediáticos en este año de activistas que perdieron la vida en la lucha, pues en México, las condiciones para defender los recursos naturales “son mortales”, tomando en cuenta que en 2018 el país se posicionaba en el cuarto lugar con más activistas asesinados.
21 ambientalistas asesinados en 2018
Tan sólo en el año pasado se registraron 49 casos de ataques a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De esos 49 casos, 21 fueron asesinados, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA).
Y estos 49 ataques se registraron en 17 entidades del país.
Los estados que más registraron asesinatos de activistas ambientales en 2018 son Puebla (8), Oaxaca (6), Chihuahua (6), Guerrero (4), Estado de México (4) Jalisco (3) Baja California (3) Zacatecas (2), Yucatán (2) San Luis Potosí (2) Nayarit (2) Michoacán (2), mientras que Veracruz, Guanajuato, Durango, Ciudad de México y Chiapas, con un caso cada entidad.
La cifra viene en tendencia desde el 2017, año que registró 29 homicidios.
Grupos indígenas, principales víctimas
Los activistas por el medio ambiente se enfrentan todos los días a criminalización, amenazas constantes, homicidios, ataques a familiares y desplazamientos forzosos por su labor ambienta. La mayoría de estas agresiones quedan impune.
Además, las víctimas, en su mayoría se encuentran en situación de vulnerabilidad pues provienen de comunidades indígenas, campesinas, afro-descendientes o comunidades equiparables.
Arnold Ricalde, especialista en el tema, explica que este fenómeno pasa por una serie de circunstancias que tienen que ver con arraigo y costumbres.
“Los indígenas son los que más arraigo tienen con la tierra. Tienen una apreciación distinta en su entorno del medio ambiente, a diferencia de las personas más occidentalizadas. Los indígenas ven a la tierra como un ser viviente que respetan y ven de una forma sagrada a todos los elementos y por eso lo piensan dos veces antes de acabar con sus recursos naturales”. Esto los vuelve más vulnerables ante la violencia.
Explica también que los occidentales sólo ven a la naturaleza como capital. “Se le ve a la naturaleza, precisamente, sólo para extraerle recursos naturales y generar utilidades”.
Además, para los indígenas, el ataque al medio ambiente también representa un riesgo de supervivencia, pues es de los mismos recursos de donde cubren sus principales necesidades como el agua que toman.
Los crímenes, consecuencia de la corrupción
El principal factor que lleva a la violencia contra los activistas es la corrupción, opina Ricalde.
Existe un vacío en el poder en el gobierno, empezando por la corrupción que ha existido en las dependencias como la Procuradurías Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
A lo largo de distintos sexenios ha existido la corrupción y el amiguismo entre los empresarios y los políticos, explica.
Es decir, “a quien se le están concesionando los recursos naturales de nuestro país y bajo qué criterio: minas, pozos, bosques, que son concesionados para la explotación de ciertas empresas y muchas veces se hace de forma discrecional para beneficiar a algún amigo de un político en el poder y que pone en riesgo a toda la población, porque no ven en el bien común, sino solamente en el benéfico particular de esas empresas”.
Asesinatos en la 4T
Desde que Andrés Manuel tomó posesión como Presidente han sido asesinados tres ambientalistas, a pesar del discurso de tomar partido por las causas que defiende los recursos naturales del país.
El primer caso fue el de Samir Flores.
El 20 de febrero, el activista indígena Samir Flores fue asesinado afuera de su casa, ubicado en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos.
Los agresores huyeron tras dispararle.
Samir era un líder opositor a la termoeléctrica de la Huexca, en el municipio de Cuautla, Morelos. Su asesinato se dio tres días antes de la consulta popular que el presidente había anunciado para decidir si se llevaba a cabo la construcción de la termoeléctrica.
Al día siguiente el Presidente condenó el asesinato y lo calificó como “desafortunado”; sin embargo, dijo que no era razón para cancelar la consulta convocada los días 23 y 24 de febrero. La consulta se realizó y el siguiente día se anunció que había ganado el SÍ sobre el Proyecto Integral Morelos y la termoeléctrica Huexca. Es decir, el proyecto avanza, pero el asesinato de Samir no se ha esclarecido.
El segundo caso fue el de José Luis Álvarez Flores en Tabasco.
El activista de 58 años fue asesinado a balazos el pasado 10 de junio. Su cuerpo fue encontrado con cinco disparos cerca del Ejido Calatraba, en el municipio de Palenque. Junto a su cuerpo, dejaron notas de amenazas dirigidas a familiares y ecologistas.
Era defensor y propietario de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) donde criaba y reproducía saraguatos, pero desde hace varias semanas estaba dedicado a denunciar el saqueo indiscriminado y arbitrario de la arena del Río Usumacinta, el río que divide a México y Guatemala.
Sus amigos dijeron que el activista anteriormente ya había recibido amenazas de muerte por sus denuncias públicas sobre el saqueo ilegal de arena del río.
El tercer caso sucedió hace apenas unos días.
Nora Patricia López León fue asesinada el miércoles 21 de agosto.
Su cuerpo fue hallado en un hostal Camping TYC con varias heridas, presuntamente por arma blanca, en el municipio de Palenque, Chiapas.
La bióloga era encargada del proyecto de producción de la Guacamaya roja en peligro de extinción en el parque Ecoparque Aluxes.
No hay gobernanza ambiental
En México, los activistas ambientales se enfrentan a grandes capitales que ponen por enfrente sus necesidades particulares. La idea del capital industrial y generar más empleos a cualquier costo.
Para Arnold, esto es causa de que no haya una gobernanza ambiental.
Además, percibe que hay falta de interés por parte de la ciudadanía, quien está poco involucrada en los temas ambientales, por lo que no hay una vigilancia sobre el gobierno que regula estos temas.
Asegura que lo que pasa hoy en el mundo ha polarizado a las nuevas generaciones, entre la gente que quiere ver por el bien común, está interesado por la naturaleza, que busca la restauración del planeta y que no le interesa tanto una vida tan ostentosa y por otro lado, la gente que está en lo contrario; que sólo lo único que le interesa es incrementar sus ganancias y una vida ostentosa.