La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, anunció el jueves que la dependencia pondrá en marcha una serie de auditorías a programas sociales, como apoyos a madres trabajadoras, atención a personas con discapacidad, ayuda a adultos mayores y Sembrando Vida, en por lo menos 10 entidades.
“Estamos trabajando para sancionar todo el uso indebido de los programas sociales, quiero concluir mi respuesta con usted, para decir que, en congruencia, con el compromiso de hacer realidad esta auténtica democracia que estamos construyendo, estamos procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo", dijo ante diputados.
Una vez terminadas las investigaciones en todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una situación de responsabilidad administrativa o incluso, para una vista de responsabilidad penal, por haber utilizado recursos públicos, con fines distintos al de la ciudadanía, será sancionado”, dijo la funcionaria..
Además, apenas el pasado 4 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si se encuentran indicios de intromisiones de algún funcionario en asuntos electorales -como en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena-, sería despedido.
“Será despedido del gobierno de inmediato. El que cometa un ilícito en materia electoral, además, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza”, dijo.
En Aguascalientes, robo y excesos
Aldo Ruiz Sánchez es uno de los 10 delegados que se encuentra investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Antes de llegar como el coordinador de los programas sociales del gobierno federal, en Aguascalientes, fue presidente del Comité Estatal de Morena en el estado.
El coordinador de los programas sociales en Aguascalientes ha sido acusado en varias ocasiones por robo y por excesos que lo hacen “faltar a los principios de la Cuarta Transformación”.
Según información publicado por La Vanguardia, en redes sociales se denunció a Aldo Ruiz de gastar “el dinero ilícito obtenido con los fraudes cometidos con las tarjetas de Bienestar” el cual es usado en “excesos y fiestas con sus nuevos amigos”, como la celebración del pasado viernes 27 de septiembre en la Hacienda La Guayana, en honor a su novia. En la publicación se denunció que se gastó más de 400 pesos mil en dicha la fiesta.
Tras la polémica, Ruiz Sánchez afirmó que los señalamientos en su contra son “calumnias”, indicando que se trata de “fuego amigo”.
Otra denuncia fue hecha por Cuitláhuac Cardona Campos, presidente de partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ante la Fiscalía General del Estado.
Cardona Campos presentó una denuncia contra Aldo Ruiz Sánchez por el presunto delito de abuso de confianza o robo en perjuicio de ese órgano político.
Tras darse a conocer que es uno de los investigados por la SFP, Ruiz Sánchez aseguró –hasta este viernes- no tener conocimiento oficial de dicha demanda, no haber sido notificado, ni saber de qué se le acusa.
En Chihuahua, nepotismo
Desde que fue nombrado como el coordinador de los programas sociales en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa ha sido acusado en varias ocasiones por nepotismo en el estado.
En septiembre se dio a conocer de una querella que fue interpuesta al área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en contra de actos de nepotismo atribuidos al delegado de la Secretaría del Bienestar. Esta denuncia fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).
Según El Heraldo de Chihuahua, también los militantes de Morena Andrés Alderete y Julio Mauricio Padilla interpusieron denuncias respectivamente, por influyentísimo e incumplimiento de compromisos por parte del delegado Loera de la Rosa.
También en junio de este año, Aldo Loya Morales, militante de Morena en Cuauhtémoc, Chihuahua, le entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador una denuncia en contra de dos delegados estatales acusados “por nepotismo, amiguísimo, influyentísimo y hasta por compadrazgo”.
Tras todas las acusaciones previas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera del siete de octubre, anunció que se investigarán las denuncias por nepotismo en Chihuahua de parte del delegado.
Tras anunciarse las investigaciones de la SFP, el delegado en Chihuahua dijo que está abierto para cualquier investigación y en la disposición de proporcionar lo que le soliciten para aclarar que en todo momento él se conduce con legalidad.
En Chiapas, peculado y malversación
José Antonio Aguilar Castillejos es otro de los delegados de Andrés Manuel que están siendo investigados por la SFP.
Aguilar Castillejos ha acumulado una serie de denuncias, entre las que se encuentran por peculado y malversar fondos.
La primera acusación se dio en 2004, cuando fue tesorero del municipio de Ixtapa, en Chiapas, durante la administración de Ricardo Pérez Pérez, donde enfrentó una denuncia por peculado. Aunque por estos hechos, siendo superdelegado aclaró que ya estaba solventado el proceso por el cual tuvo que ampararse, y afirmó, no tuvo participación en el desvío de recursos, pero según el portal Alerta Chiapas, no quedó libre de las acusaciones por haber ganado un amparo, sino porque hubo disentimiento a la acción penal, lo que dejó sin efecto cualquier orden de aprehensión en su contra.
Además, algunos medios han denunciado que el delegado en Chiapas ha beneficiado a familiares y allegados en las coordinaciones regionales.
José Antonio fue dirigente estatal de Morena donde se encargó de la coordinación de campañas del pasado proceso electoral, además de acoger a militantes del Partido Verde Ecologista para integrarse a las candidaturas de su partido.
En Colima, presunto fraude
Por actos de corrupción por al menos 93 millones de pesos, la delegada Indira Vizcaíno Silva fue acusada y denunciada por el PAN, pues autorizó la permuta de terrenos en el municipio de Cuauhtémoc de manera irregular.
Acción Nacional pide investigar actos dudosos en la administración municipal de Vizcaíno Silva en Colima y analizar la permuta de un área verde de donación con un fraccionador, de casi 8 de hectáreas de terreno del municipio, las cuales están valuadas en más de 200 millones de pesos, mismos que cambió por un terreno de menos de 15 millones donde se construyó el Recinto Ferial.
En Guanajuato, mal manejo de recursos
El delegado de Guanajuato, Mauricio Hernández, fue señalado también como uno de los investigados por la Secretaría de la Función Pública.
En mayo de este año, el PAN dio a conocer que realizó sus propias denuncias ante el Instituto Nacional Electoral contra el mal manejo de los recursos que el superdelegado del estado ha realizado y utilizado para su propio beneficio. Así lo confirmó Román Cifuentes Negrete, dirigente del grupo parlamentario del PAN en Guanajuato, tras darse a conocer las denuncias ante la SFP.
El súper delegado en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez ha dicho que no ha recibido información ni citatorio de parte del gobierno federal y que lo único que sabe respecto a esta investigación, fue lo declarado por la titular de la Secretaría de la Función Pública.
En Puebla se sube sueldo y oculta actividad empresarial
El superdelegado de Puebla, Rodrigo Abdala, obtuvo un aumento de sueldo de 16 por ciento y ocultó su participación accionaria en una empresa ante la SFP, por lo que incurriría en un posible conflicto de intereses.
A comienzos de 2019, Abdala gozaba de un sueldo de 1 millón 32 mil pesos al año; sin embargo, para junio su salario ascendió a 1 millón 205 mil 987 pesos.
Además, declaró ante la SFP que no posee algún otro ingreso, pero en el Registro Público del Comercio, el superdelegado aparece como accionista de la compañía Pádel México Indoor SA de CV.
En San Luis Potosí, acoso y fiesta fifí
El Delegado federal de Programas Integrales para el Desarrollo, Gabino Morales Mendoza, se encuentra en la lista de los diez superdelegados del gobierno federal que serán investigados por la SFP.
Gabino Morales mantiene una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de amenazas, hostigamiento y acoso sexual, discriminación, provocación y apología del delito, en contra de una militante de Morena.
Además, el superdelegado celebró en abril pasado su cumpleaños en una megafiesta, que se le conoció como la “Gabino Fest”.
Se desarrolló en un jardín al norte de la capital del estado, a la salida a Zacatecas, donde para entrar tenías que presentar a guapas edecanes vestidas de morado una pulsera con la leyenda: “Me canso ganso”; hubo mariachis, imitadores, al menos cuatro tipos de comida mexicana, cerveza y vinos de todos tipos, todo servido por meseros.
Entre los asistentes estuvieron el presidente del Poder Judicial, magistrado Juan Paulo Almazán Cué; la entonces presidenta del Congreso del Estado, la panista Sonia Mendoza Díaz; el secretario General del Gobierno del Estado, Alejandro “Caco” Leal Tovías; el secretario de Seguridad Pública estatal, Jaime Ernesto Pineda Arteaga; así como diputados locales de todas las fracciones y dirigentes partidistas de cuño diverso, empresarios y amigos, quienes lo colmaron de obsequios, entre ellos vinos finos.
También se instaló una mesa de regalos que dispuso el superdelegado del gobierno federal junto a un gran pastel con la figura de un ganso en el copete.
La queja ante la SFP en contra del superdelegado Gabino Morales Mendoza se sustentaría en el Código de Ética de los servidores públicos publicado del gobierno federal, que prohíbe recibir regalos o bien, de hacerlo, notificarlo de inmediato al Órgano interno de Control o Unidad de responsabilidades y ponerlos a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
En Sinaloa, superdelegado con oscuro pasado
Desde Navolato empezaron a desprenderse versiones de investigaciones en contra de Jaime Montes Salas, por su historial de que laboró en esa zona con figuras de la delincuencia regional.
Algunas versiones apuntan a que hace aproximadamente 25 o 30 años, el delegado de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal sirvió a una de las figuras que se movía en la ilegalidad. Y a salto de mata.
En sus suposiciones, por tratarse de información no probada, lugareños revelan que el titular de ese cargo no se imaginó cómo le cambiaría la vida, ahora trabajando en el gobierno federal.
Los vecinos señalaron que Jaime Montes Salas viajó en repetidas ocasiones al pueblo de La Vuelta, sindicatura de Bachimeto, donde se empleó como ayudante de una familia pudiente, pero se presume que cometió un fraude en El Castillo, una planta congeladora de productos del mar, misma que se vio obligada a cerrar.
De acuerdo con algunos priistas, elevarán una queja y presentarán una denuncia para que se investigue al superdelgado en esta entidad.
En Jalisco cayó el primero
Carlos Lomelí se separó del cargo de delegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco, a fin de que se realicen las investigaciones sobre las acusaciones de conflicto de interés que pesan en su contra.
“Por el momento es conveniente para el gobierno (federal) y para mi persona que haya ese espacio y la libertad para que se realicen las investigaciones de la Función Pública y acabar con el continuo golpeteo”.
Carlos Lomelí fue señalado por presunto conflicto de interés pues, según información difundida, sus familiares forman parte de una red de empresas farmacéuticas que habría obtenido contratos millonarios del gobierno.
Ante ello, desde mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) estaba investigando el caso para determinar si hay alguna irregularidad con Lomelí.
En Sonora se investiga mal uso de recursos
El superdelegado Jorge Taddei Bringas sería investigado por presunto mal uso de los recursos públicos.
Integrantes de varias organizaciones civiles en Hermosillo acusan que la Delegación de la Secretaria del Bienestar en Sonora está realizando acciones arbitrarias mediante la utilización de recursos públicos para fines partidistas y políticos para el partido Morena.
César del Pardo Escalante, quien forma parte de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Vivienda Popular, denunció que a más de un año de que tomó posesión el nuevo gobierno federal, hay muchas promesas que no ha cumplido, como el tema de la posesión en viviendas.