Luego de ser encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles tiene cinco domicilios que habitó o registró en distintos momentos, según documentos, testimonios y registros periodísticos, presentados por la Revista Proceso en la edición de esta semana.
Una de estas residencias destaca en Torreón, Coahuila. Se trata una residencia en un exclusivo fraccionamiento, propiedad de familiares lejanos que a su vez son accionistas de las empresas implicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un esquema de presunto desvío de recursos como parte de la revisión de la cuenta pública de 2015.
La propiedad se ubica en la calle Puerta Antigua de la colonia Rincón de San Ángel, un exclusivo sector bardeado y con seguridad privada que hace infranqueables los accesos.
La exfuncionaria declaró que se trataba de su propiedad en el contrato de arrendamiento que suscribió personalmente para un departamento en el complejo de Reforma 222 en la Ciudad de México, en donde vivió entre 2015 y 2018.
La residencia de Torreón es legalmente propiedad de Susana Islas González, esposa del primo de Rosario Robles, Mauricio Berlanga Quintero, un empresario que lleva desaparecido desde 2010.
Estos familiares lejanos de la exsecretaria son accionistas de empresas implicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un esquema de presunto desvío de recursos como parte de la revisión de la cuenta pública de 2015.
"Susana Islas y su hermano Alejandro figuran en tres sociedades identificadas por la ASF por recibir depósitos millonarios de manera irregular, según se comprobó en una consulta al sistema Siger, del Registro Público del Comercio y cruzar los resultados con informes de la ASF disponibles en línea para consulta pública", explicó Proceso.
Al respecto, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, confirmó la localización de una vivienda de lujo en Torreón relacionada con la exsecretaria de Desarrollo Social.
El pasado 13 de agosto, un juez vinculó a proceso a Rosario Robles por el delito de uso indebido del servicio público durante su paso por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la de Desarrollo Social (Sedesol), y ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Marta Acatitla.
Para ello, el juez argumentó que la exfuncionaria podría darse a la fuga al no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, dado que se localizaron cinco domicilios en los que habitó o registró en distintos momentos.