Sergio Islas Olvera, exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH) culpable de negociaciones indebidas por 77 millones de pesos y acusado de peculado por 110 millones más, había logrado que las cuentas públicas del subsistema fueran avaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, pese a pagar a una red de empresas fantasmas por servicios inexistentes.
Sin embargo, el no cubrir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las compañías creadas ex profeso para simular contratos derivó en el proceso en su contra por peculado, el cual, a su vez, reveló un entramado de corrupción y desvíos por 955 millones de pesos, operado desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo de Rosario Robles Berlanga.
El abogado Carlos Arozqueta Solís, apoderado legal de Radio y Televisión de Hidalgo, relató a La Silla Rota que el exfuncionario no tenía responsabilidad por este posible acto de corrupción hasta que un error en el esquema de simulación evidenció el daño al patrimonio estatal e involucró a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.
“La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, pero sin hacerlo público y sin hacer ruido, encontró que Sergio Islas había facturado a empresas que se habían creado ex profeso para ciertos contratos. Es decir, crearon una empresa de nombre equis, cuyo único contrato que tenía era uno con Radio y Televisión por 80 o 30 millones de pesos. El sistema estatal le había pagado, la empresa equis había sacado el dinero de la cuenta y había cerrado”, reveló el litigante respecto al modo mediante el cual desviaron recursos en este subsistema durante la administración del exgobernador Francisco Olvera Ruiz, actual delegado especial, con funciones de presidente, del PRI en la Ciudad de México.
Estas empresas que operaron así, además, cuando sacaron el dinero no enteraron el Impuesto Sobre la Renta, por eso entra el SAT. Entonces nos vino (al gobierno actual, que entró el 5 de septiembre de 2016) un crédito fiscal, y nos dicen: ‘a ver, ustedes tenían la obligación, porque así lo dice el código fiscal y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de verificar que la empresa que estabas contratando era estable, seria y normal. No le podías haber aceptado su factura 001 por 80 millones de pesos”, expuso Arozqueta Solís.
Sin embargo, remarcó, durante la gestión de Islas Olvera, quien no fue cesado para enfrentar la justicia, sino renunció “por motivos personales” el 16 de abril de 2016, se hizo de esa manera, sin que los órganos fiscalizadores, estatal y federal, hubieran detectado la manera en la que extraían dinero.
Como las empresas no pagaron, y era obligación del gobierno supervisar que lo hicieran, el Servicio de Administración Tributaria demandó los 110 millones de pesos al estado, el cual tuvo que absorberlo; no obstante, inició una carpeta de investigación que derivó en la causa penal 310/2017 por peculado.
“Auditoría entró derivado de lo que nosotros denunciamos. Si nosotros no hubiéramos instaurado nuestros procedimientos (jurídicos), si hubiéramos dejado pasar como si nada, ellos no hubieran entrado.
El error de Sergio Islas fue no haber pagado el Impuesto Sobre la Renta, porque si lo hubieran pagado, quizás ni nosotros nos hubiéramos dado cuenta, porque ya eran ejercicios concluidos. Esta auditoría forense –que detecta la red de corrupción– nace después de que la cuenta fue aprobada. Eran cuentas aprobadas”, remarcó el abogado.
Contra Sergio Islas, el procedimiento local que se seguía era por negociaciones indebidas de 77 millones 919 mil pesos, delito del cual se declaró culpable el 13 de septiembre de 2017 y fue sentenciado a dos años seis meses de prisión y a pagar el monto imputado. No obstante, al haber aceptado su responsabilidad y debido a que su condena no supera los cuatro años, el Nuevo Sistema de Justicia Penal le permitió enfrentar su situación jurídica fuera de prisión preventiva, informó Arozqueta.
El ente fiscalizador, en la auditoría 1791-DS-GF realizada a los Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, que es parte del tercer informe de la cuenta pública 2016 que entregó a la Cámara de Diputado, evidenció que a través de Banco Monex y CI Banco, Radio y Televisión de Hidalgo transfirió 66 millones 161 mil 600 pesos a Pakistán, China, Corea del Sur, Bélgica, Israel, Ecuador y Estados Unidos, entre 2014 y 2015.
La Silla Rota publicó el 22 febrero que el dinero fue destinado a la compra de divisas en dólares americanos y era triangulado al extranjero por requerimiento de empresas. Por ejemplo, en el primer año desarrollo Comercial El Olivo SA de CV envió 550 mil pesos a Dinamarca y 24 mil 700 a Nueva York, mientras que Servicios Empresariales Helte ordenó cuatro depósitos más: 13 millones 374 mil 100 pesos a Miami, un millón 127 mil 500 pesos a Nueva York, 245 mil 900 pesos a China y un millón 1 71 mil 200 pesos sin especificarse el país destino.
“Si resultara que existieran más empresas de las que a nosotros nos señalaron que no pagaron impuestos en los próximos ejercicios de fiscalización, y que nos lo quieran cobrar a nosotros, otra vez podría yo iniciar otro peculado por estas omisiones, pero hasta entonces tengo las manos atadas”, añadió el representante legal de Radio y Televisión, quien insistió en que, de no denunciar esta posible malversación, las empresas ficticias y los servicios simulados no hubieran sido detectados por la Auditoría Superior.
Funcionario implicado, prófugo
Carlos Becerril Vargas, exdirector de la Coordinación Financiera y Planeación de Radio y Televisión, también fue encontrado culpable de negociaciones indebidas por 500 millones de pesos; no obstante, en la audiencia del 14 de marzo de 2017 ofreció entregar pruebas de corrupción para dar con otros posibles responsables, a cambio de seguir su proceso en libertad. Cuatro meses después, el 18 de julio, la Policía Investigadora capturó en el Estado de México a Sergio Islas, su superior.
Sin embargo, el abogado Carlos Arozqueta afirmó que no colaboró con evidencia en la integración de la carpeta contra su exjefe, por lo que en enero la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) solicitó nuevamente su reaprehensión.
“Carlos Becerril salió porque dijo que nos iba a aportar datos para poder hacer más grandes los delitos contra Sergio Islas, pero no nos ayudó. Entonces, le revocamos el beneficio que le dimos y hoy, nuevamente, es buscado por la justicia, y está prófugo”, especificó.
Además de negociaciones indebidas, el extrabajador está inmerso en la carpeta de investigación por peculado en la que también se encuentra Sergio Islas. El motivo, explicó el defensor, es que no podía hacerse ninguna transacción si no estaban las firmas de ambos de los contratos.
La Auditoría Superior presume un posible desvío de 1 mil 311 millones de pesos en las gestiones de Rosario Robles en Sedatu y Sedesol, entre 2014 y 2015.
Además de Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarooense de Comunicación Social está involucrado en las transferencias al extranjero, por dinero que obtuvo tras contratos firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
Ambas instancias públicas, a su vez, subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales, según en ente fiscalizador, 13 son fantasma.
Reforma, con base en relatos que integran las auditorías forenses DI7012 y DI7002, publicó en su edición del 23 de febrero que funcionarios de RTVH confesaron ante la ASF haber sido obligados a participar en el presunto desvío operado desde Sedesol.
De una reunión, que data del 1 de abril de 2015, en las oficinas de Desarrollo Social en la Ciudad de México, narraron que el entonces subdirector jurídico firmó en calidad de apoderado legal 20 contratos, mientras que el entonces director jurídico como representante del organismo estatal suscribió 28, todos relacionados con los 34 proveedores que supuestamente prestaron servicios a Radio y Televisión.
La Silla Rota corroboró que el subdirector jurídico era Noé Mohedano Badillo –quien aún aparece en el cargo según el directorio de servidores públicos del Poder Ejecutivo–, en tanto que el director de Coordinación Financiera y Planeación era Aldo Martínez Cidel, cuya baja, afirmó la diputada local Gloria Romero León, quien alertó sobre una posible evasión de la justicia, se registró en noviembre de 2016.