Main logo

Enrique Alfaro ve infiltración del crimen organizado en protestas

El gobernador de Jalisco señaló que pudiera haber infiltrados del crimen organizado en las protestas de las próximas horas, que sólo buscan generar violencia

Escrito en ESTADOS el

Tras los acontecimientos ocurridos en los últimos días en la capital jalisciense, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió disculpas a través de un video, y señaló que en todo esto pudieran estar implicados grupos del crimen organizado.

En el video difundido en sus redes sociales, el gobernador se disculpó por los hechos ocurridos de ayer, afuera de la Fiscalía General del Estado, donde un grupo de jóvenes que se manifestaba -de manera pacífica- por el asesinato de Giovanni López, fue agredido por la policía ministerial.

“Ofrezco una disculpa sentida y sincera, lo hago aunque los policías ministeriales tienen autonomía y no dependen de las órdenes del gobernador, ni las policías municipales, (…) pero entiendo mi responsabilidad como gobernador”, dijo.

El mandatario explicó que la línea de investigación por estas represiones a los manifestantes va en sentido de que los oficiales pudieron haber actuado de esa manera por orden surgida de otra fuente, ya que su instrucción había sido no usar la violencia.

“Mi instrucción fue: no usar la violencia, mantener una actitud de contención, actitud pacifica por parte de la policía y por supuesto esta instrucción fue desacatada por el grupo ministerial que atacó a estos jóvenes. ¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción? Tenemos certeza que no fue del Fiscal”, señaló.

Por lo que dijo, "tenemos la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tengan relación con grupos de la delincuencia”.

Y agregó, “Pueden ser intereses que buscan desestabilizar a nuestro gobierno. Existen elementos y datos que nos hacen pensar la posibilidad de que en las manifestaciones del día de hoy o en las próximas horas, puede infiltrarse delincuencia organizada para generar un problema mayor”.

Dará libertad a los detenidos

Ante las agresiones de parte de la policía Ministerial durante las protestas, el gobernador dijo que retirará todos los cargos contra los muchachos que fueron detenidos el día jueves. 

Además, informó que habrá un acercamiento con las familias de estos jóvenes para conocer su situación.

(Cuartoscuro)

Por las denuncias que circulan en redes sociales sobre personas presuntamente desaparecidas, dijo que, hasta el momento, no hay denuncias formales en la Fiscalía en este sentido.

Pero aseguró que se están tomando los nombres que se difunden en redes sociales para verificar la información.

“La prioridad número uno es poder garantizar que no haya un solo joven desaparecido. Hay información que supuestamente jóvenes no aparecen y estamos checando, uno por uno, sus domicilios. Vamos a agotar esa lista, aunque tengo que decirlo, hasta ahora en la Fiscalía del estado no hay una denuncia formal por desaparición”.

Amnistía Internacional exige sanciones a policías

Amnistía Internacional México exigió al gobierno de Jalisco realizar las investigaciones pertinentes y sancionar a los policías que cometieron violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de los días 4 y 5 de junio.

La organización aseguró que durante casi 24 horas se desconoció el paradero de al menos 18 personas que fueron presuntamente detenidas por policías ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. 

"El gobierno del estado es responsable de la vida, la seguridad e integridad de cualquier persona que sea detenida por sus fuerzas de seguridad, hasta que las mismas sean puestas en libertad", señaló Tania Reneaum Panszi, directora de Amnistía Internacional México.

Amnistía Internacional se dijo preocupación por los testimonios que detallan que varias personas detenidas fueron llevadas en vehículos sin identificación oficial, a colonias conocidas por su alta incidencia delictivas, donde fueron abandonadas a su suerte.

En el caso de la muerte de Giovanni López, Amnistía Internacional exige que se lleve a cabo una investigación profesional de los hechos, que permita sancionar a los funcionarios públicos responsables de su muerte.