Xalapa, Ver.- Corría el 11 de enero de 2013 cuando ocho elementos de la Policía Municipal de Úrsulo Galván fueron detenidos al filo de las 18:00 horas; los intervinieron policías adscritos al Grupo Tajín, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes los privaron de su libertad.
Desde ese día, no se volvió a saber de su paradero y los responsables fueron los estatales; luego, las familias se enfrentaron a otro problema: la falta de debida diligencia de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Así lo ha determinado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación VG_024 dirigida al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado (FGE).
GRUPO TAJÍN: DESAPARICIONES
Los policías municipales estaban haciendo el recorrido de rutina aquel viernes 11 en la patrulla asignada, que posteriormente apareció calcinada en las inmediaciones del municipio.
Todo fue muy rápido. Tanto, que a las 18:40 horas, es decir, 40 minutos después de haber sido detenidos, jamás se volvió a tener comunicación con ellos.
De eso, un radio operador es testigo, aunque inicialmente creyó que la falta de comunicación se debía a la mala señal de la zona. Estaba equivocado. Más tarde volvió a intentar comunicarse. Nuevamente no lo logró.
Las alertas del radio operador se encendieron cuando, por la madrugada del día siguiente, a la 01:00 horas, no volvieron a la base.
Fue hasta las 08:00 horas de ese 12 de enero que el radio operador informó a los demás compañeros que los ocho elementos no aparecían por ningún lado ni había logrado establecer comunicación con ellos.
Para ese momento, el testigo comunicó de igual forma a sus compañeros que ya corrían rumores que los elementos habían sido levantados y otro de los policías convocó inmediatamente a una reunión en el Palacio Municipal.
Desesperados, en una sesión de Cabildo celebrada por ese motivo se dieron detalles de lo que hasta ese momento se conocía y se determinó dar aviso de lo que ocurría a través de la presentación de una denuncia ante la entonces Procuraduría, actualmente Fiscalía General del Estado.
La parte más difícil, la de informar de lo ocurrido a las familias de las víctimas desaparecidas, nadie sabía cómo ejecutarla.
Otro de los puntos de esa reunión fue recurrir al gobernador, en ese momento Javier Duarte de Ochoa, quien tiene una orden de aprehensión pendiente por el delito de desaparecer personas.
Durante el desarrollo de la sesión de Cabildo, se presentó otro elemento y en representación de sus compañeros policías municipales de Úrsulo Galván, expuso el temor que sentían y presentó una renuncia colectiva.
Menos de 24 horas después de sucedidos los hechos, un tercer elemento se presentó en las instalaciones del ministerio público y denunció el caso, a las 14:44 de ese 12 de enero.
Ese mismo día, policías municipales de Úrsulo Galván informaron a las familias de los elementos sobre su desaparición, y éstos realizaron acciones de búsqueda de sus compañeros.
Tres días después de los hechos, el 14 de enero, la Agencia de Investigaciones comunicó a la Procuraduría la localización de una patrulla calcinada a la altura del rancho conocido como “Los Coyoles”; por las placas que portaba se pudo identificar que correspondía a la patrulla de la policía municipal de Úrsulo Galván que estaban buscando.
Fue hasta cinco días después que la Procuraduría tomó la declaración a los familiares de los elementos y casi un mes después, el 7 de febrero, como resultado de las investigaciones se informó que derivado de comentarios realizados por algunas personas que viven en la localidad conocida como “El Arenal”, se presumía que a los policías se los llevaron unas patrullas que decían “policía estatal” de la SSP-Veracruz.
Formalmente, los familiares de algunos de los desaparecidos, acudieron hasta la Fiscalía el 9 de marzo de 2016, solicitando indagatoria por desaparición forzada de personas.
SSP Y FISCALÍA, INDOLENTES
En 2017, derivado de la búsqueda de sus familiares, las constantes quejas de los bloqueos informativos de la SSP, de la mala praxis de la Fiscalía y el tiempo que llevaban sin saber de sus familiares, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 03/2017 para la FGE y Seguridad Pública.
En ella se pedía, entre otras cosas, que la SSP se hiciera cargo de todos los gastos que se estaban generando para las víctimas indirectas: ese punto no fue aceptado por la autoridad de seguridad.
Una y otra vez, la SSP argumentó que aceptaría la recomendación, con esa salvedad: no había pues, disposición para apoyar a las familias que llevaban 4 años buscando a sus seres queridos.
En el caso de la Fiscalía, los familiares se quejaron ante la Comisión Nacional: "en relación a las autoridades ministeriales (...) en su percepción no ha habido ninguna acción de búsqueda, ni investigaciones”.
Ante la serie de irregularidades, la CNDH determinó ejercer su facultad de atracción para hacerse cargo de lo que estaba ocurriendo, ello con fecha del 15 de noviembre de 2018; 13 días después, acordó que la investigación se realizaría por violaciones graves a los derechos humanos, por existir elementos que suponían una desaparición forzada.
Sin embargo, la propia Comisión vivió lo que en su momento pasaron -y seguían padeciendo- los familiares de las víctimas pues la Fiscalía tardó meses no para hacer llegar la información que la autoridad requería, sino para pedir prórroga para su envío.
La solicitud inicial de la CNDH se asentó el 5 de diciembre de 2018; el 6 de marzo de 2019, la Fiscalía Estatal, manifestó mediante escrito que para estar en posibilidades de rendir el informe correspondiente, solicitaba que se le mencionaran los actos, omisiones o resoluciones que se le atribuían a esa Fiscalía Estatal, tres meses después de la petición.
No paró ahí: apenas el 11 de septiembre pasado, un visitador de la Comisión se apersonó en la Fiscalía General donde reiteró la petición de información hecha casi un año antes. La entrevista de un auxiliar de la Fiscalía de Desaparecidos fue abrumadora: “es mucha la información que se solicita y que dicha manifestación la enviaría por correo”.
Luego de todas estas fallas tanto en la Fiscalía, donde hasta inicios de septiembre se informó que la indagatoria sigue en trámite, como en Seguridad Pública, donde no se quiso reconocer a las víctimas y reparar el daño, la CNDH llegó a la conclusión que:
"De acuerdo con los testimonios y evidencias concatenadas entre sí, se cuenta con elementos de convicción para establecer que personas servidoras públicas de la SSP-Veracruz involucradas en la desaparición forzada, transgredieron en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8, sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal".
Máxime que a lo anterior, se suma que la SSP no sancionó ni siquiera de manera administrativa a los policías, iniciando un procedimiento que no concluyó y argumentando que esto se debió a que no habían sido sancionados -aun- por la vía penal.
"El citado procedimiento 'quedó suspendido, hasta en tanto se resuelva la situación jurídica del elemento suspendido en relación con la Secretaría'", violentando la Ley de Responsabilidades, que señala que una sanción no depende de la otra para ser impuesta.
La Comisión impuso, entre otras cosas, que las autoridades señaladas deben implementar medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones y encontrar a V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8.
Además, exige la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas; una disculpa pública, y la aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, tanto en FGE como en SSP.
La disculpa pública deberá ser instruida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que sea hecha por Hugo Gutiérrez Maldonado, según lo solicitado por la CNDH.
Además, la Comisión emplazó a que en no más de tres meses, el Secretario de Seguridad Pública "realice un diagnóstico que permita determinar si los elementos que se desempeñan como policías cumplen o no con los perfiles requeridos para su empleo, cargo o comisión" y en caso de detectar irregularidades, sean separados de sus cargos o se tomen las medidas convenientes.
La recomendación indica que además, tanto SSP como FGE deberán dar cursos a sus trabajadores para que en lo subsecuente, actúen con apego a sus obligaciones como servidores públicos.
A la Fiscalía, exigió seguir con las indagatorias y concluirlas a la brevedad posible, remitiendo los resultados a la Comisión, además de acompañar la denuncia que será presentada contra todos los implicados en estos hechos.
El quince de febrero de 2017 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 03/17 dirigida en un primer término a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en una segunda instancia a la Fiscalía General del Estado, en ese instante, a cargo de Jorge Winckler Ortiz.
Entre las resoluciones enviadas a la FGE, Derechos Humanos dictaminó la obligatoriedad de brindar una rehabilitación integral a los familiares de las víctimas.
Y entre la rehabilitación proporcionada por la Fiscalía se incluía la atención médica y psicológica, de acuerdo con las necesidades actuales de las víctimas.
"En el presente caso, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, deberá brindar todo el apoyo necesario para que el quejoso y sus familiares reciban atención especializada de manera inmediata y gratuita" detalla el dictamen.
Sin embargo, el ente investigador no absorbió parte de su responsabilidad en el resolutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y no existe evidencia del cumplimiento sobre proporcionar atención médica-psicológica.
SEIS AÑOS DE BÚSQUEDA
Seis años después continúa el calvario para las familias del primer comandante Agustín Rivera Bonastre, y las de los policías Luis Alberto Valenzuela González, Juan Carlos Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Baéz Hernández, Javier Arau Molina, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil.
En el caso de Aureliano Sánchez, desaparecido por el Grupo Tajín la Secretaría de Seguridad Pública, sus nietos, de identidades E. y R. sufrieron de bullying de parte de sus propios compañeros de escuela.
La burla más recurrente de los demás alumnos es que por haber sido policía, Aureliano habría sido destazado y usado como carnada para tiburones.
A lo anterior, se agrega que el casero echó de su vivienda a los dos pequeños y a la abuela de ambos, Marisela, al suponer la insuficiencia de recursos para pagar la renta de cada más ante la ausencia de Aureliano.
Después de la desaparición del policía y figura paterna, uno de los chicos comenzó a recurrir al "cutting", esto es: cortadas en distintos puntos del cuerpo, brazos, piernas y espalda. Su madre Marisela Sánchez Gómez redobló el trabajo y recolectó más muestras para llevarlas a los laboratorios.
Pronto los dos muchachos retomaron la educación y el trabajo. En el caso de uno de los chicos, gana dinero extra con los discos móviles, con la carga de cables e instalación de bocinas para los bailes. El otro se esfuerza para no infringirse daño, aunque no demuestra confianza en los demás.
Otro caso es el de Juan Carlos Montero Parra, esposo de Rosario, y quién gustoso la recibió a ella y a sus dos hijos.
El policía desaparecido abandonó en Ciudad de México una carrera en el Ejército y de buen modo se mudó a la calidez de los cañaverales de Cardel, en donde igual prestaba servicios como Policía Municipal de Úrsulo Galván y fuera de turno, realizaba trabajos de albañilería o de eléctrico.
El 11 de enero, junto con el Primer Comandante y la Tropa, Juan Carlos acudió a un servicio a Los Arenales, sin regresar a la base. Su mujer le marcó al teléfono pero nunca respondió.
“A mis hijos les dije que los iba a dejar más tiempo solos. Les tuve que decir la verdad porque de cualquier modo se iban a enterar y nadie se los iba a decir como yo se los dije (…). Al principio lo esperaron, ahora saben que ya es un poco difícil. Pero ellos en su corazón esperan. Ellos en sus oraciones piden a dios que su papá regrese (…). Por eso una se maquilla, para disimular todo”, relata Rosario.
Y añade: "Nos sentimos vulnerables, las personas que se llevaron a nuestros familiares siguen libres. El gobierno, derechos humanos nos dejaron solas. Están libres, nosotros siempre hemos asegurado que fue seguridad pública del estado”.
Por su parte Luis Alberto Valenzuela destacaba como el más joven de la corporación policial de Úrsulo Galván, a la cual se sumó proveniente de la Delegación Cruz Roja de Ciudad Cardel, en donde prestó servicio como voluntario.
Con planes y una boda en su futuro, Luis Alberto se incorporó a la Policía Municipal para aumentar sus ingresos, aunque a los trece días de causar alta, desapareció en un recorrido de rutina en Los Arenales.
Tenía 25 años y aún pedía permiso a su mamá para salir y parte de su experiencia la acumuló como rescatista. Uno de sus logros fue el salvar a unos jóvenes cuyo automóvil volcó en la carretera. El vehículo quedó hecho añicos, pero todos los ocupantes sobrevivieron. Incluso, una de las hermanas de los supervivientes, le envió una carta de agradecimiento a Luis Alberto.
El joven guardó la carta como un logro y miró alto. Comenzó a hacer planes con su novia, entre estos, la boda.
El policía se quedó con las sortijas guardadas. Su futura esposa dio a luz a una bebé que espera que no conoció a su padre.
La fecha de la desaparición de Aureliano, Juan Carlos y los demás policías coincide con el ingreso a Veracruz del denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para librar una batalla con sus rivales: el Cártel de Los Zetas.
De hecho, el modo de operación de la Policía Estatal en los casos de desapariciones es uno solo: intervenir a cualquier vehículo y una seña, una palabra sospechosa y los agentes procedían a detener a los civiles y entregarlos a grupos delictivos. En los casos documentados, coincide un nombre de manera repetitiva: Marcos Conde, uno de los hombres de más confianza de Arturo Bermúdez, titular de la SSP durante casi todo el gobierno de Javier Duarte.
De hecho, en los sitios donde Conde ejerció el cargo de subdelegado de Seguridad Publica, se tuvo un récord de 22 desaparecidos en casos vinculados a la Policía Estatal.
ygr