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En un mes, 12 presuntos delincuentes han sido abatidos

De acuerdo con expertos en seguridad debe respetarse ante todo los derechos humanos del imputad, incluyéndose la presunción de inocencia

Escrito en ESTADOS el

Sonora (La Silla Rota).- De mayo a junio, en Sonora agentes ministeriales han asesinado a 12 presuntos delincuentes que responden en contra de los policías con agresiones de arma blanca o de fuego al intentar ser capturados.

El pasado lunes, otros dos sujetos en Hermosillo fueron abatidos por agentes ministeriales que intentaban ejecutar una orden de aprehensión por Homicidio Calificado, los presuntos criminales arremetieron en contra de los policías y estos últimos accionaron su arma para repeler el ataque.

Con esto suman 12 los aparentes delincuentes que han perdido la vida en manos de la policía, por negarse a ser detenidos y detonar agresiones contra los oficiales.

Este último tiroteo entre agentes de la Fiscalía General de Justicia se registró a las 14:00 horas del lunes sobre el bulevar Enrique Mazón López, en el que resultaron ilesos los efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

A la altura de una gasolinera, se detuvo a un automóvil Mercedes Benz CLA200, modelo 2016, color rojo, sin placas, registrado en Sinaloa.

Los tripulantes, identificados como Jorge “N.”, y Sergio “N.”, atacaron a tiros a los elementos ministeriales y quedaron sin vida luego de que los elementos respondieron con sus armas de fuego.

El primero, Jorge “N.”, contaba con orden de aprehensión por Homicidio Calificado con Alevosía en agravio del joven estudiante Bruno Octavio Gálvez Noriega, ocurrido el 30 de julio de 2016 por fuera de un bar, en la colonia San Benito, donde el afectado tuvo un altercado con los imputados, quienes lo esperaron a la salida y le dispararon para privarlo de la vida.

A través de las indagatoria realizadas por personal de la Fiscalía General de Justicia y de la AMIC, además de versión de testigos, se pudo establecer la identidad de ambos.

Hechos anteriores

La autoridad judicial en Sonora, que se encarga de garantizar la justicia en la entidad, pasó por alto el principio humano de salvaguardar la vida de las personas y dio la orden de accionar el arma contra los delincuentes.

El fiscal general del estado Rodolfo Montes de Oca, sentenció que no permitiría que ninguno de sus agentes pusiera en riesgo su vida al ser agredidos por 'macheteros', o personas con orden de aprehensión, confiado por el respaldo de los ciudadanos.

“Tenemos el respaldo de la sociedad, son ellos mismos quienes nos exigieron una solución tajante, los agentes cuentan con autorización de la fiscalía”, declaró el fiscal Montes de Oca.

Los tres primeros muertos por disparos de los policías, fueron el sábado 27 y domingo 28 respectivamente, en dos distintas colonias de Hermosillo también al ejecutar un operativo contra dos presuntos delincuentes que portan machete.

El tercero murió el 31 de mayo en hospital por heridas con arma de fuego provocadas por los agentes ministeriales, cuando el pasado 13 de mayo emprendieron una persecución en la colonia Ley 57 y al intentar huir dispararon al presunto criminal.

El primero de junio se dio a conocer el cuarto machetero abatido apodado “El Gamesa”, hecho que llamó la atención por la difusión que hizo la Fiscalía General sobre el asesinato. Con una fotografía se mostró explícitamente la posición en la que quedó muerto el presunto delincuente, rodeado por un charco de sangre y su cuerpo contorsionado.

Los seis restantes perdieron la vida el 9 de junio en un enfrentamiento con integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en la colonia Palo Verde de Hermosillo.

La fiscalía informó que se dedicaban a actividades ilícitas como narcomenudeo y privación ilegal de la libertad.

Los cuerpos quedaron tendidos en una banqueta ubicada en la calle Ramón Noriega y Tercera.

En un domicilio con esa dirección se aseguraron 3 armas utilizadas por los delincuentes para enfrentar a los agentes de la AMIC, motivo por el cual los policías repelieron la agresión.

Violencia no se combate con violencia

De acuerdo con expertos en seguridad que explicaron a La Silla Rota la situación, debe respetarse ante todo los Derechos humanos del imputado.

En abril de este año se dictaminó una reforma en la ley de seguridad pública que establece una serie de puntos que deben seguir los agentes antes de proceder a la agresión contra un presunto delincuente, propuesta presentada por el diputado panista Luis Serrato, sin embargo a la fecha no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, informó Manuel Emilio Hoyos.

El director del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública Manuel afirmó que en toda situación debe procurarse el respeto a los derechos humanos.

La ley basada en lineamientos internacionales estipula que cuando el policía se encuentra sumergido en un peligro inminente que atenta contra su persona, puede desenfundar su pistola y hacer uso de ella como herramienta de trabajo en legítima defensa, sin embargo dijo no está claro el punto en el que los oficiales pueden hacer valer esta facultad.

“Hay que ver las herramientas con las que cuenta el policía, porque el estado es quien le entrega esos artefactos, en el caso de la legítima defensa es cuando hay un riesgo inmediato en el que el policía no tiene tiempo de poder mediar con palabras con el delincuente”.

Protocolos de actuación a seguir para el uso de la fuerza pública

1.- Persuasión o disuasión verbal, es decir tratar de mediar con el sujeto a través de las palabras.

2.- Reducción física de movimientos, es cuando se utilizan técnicas de sometimiento para evitar agresiones de los detenidos.

3.- Utilización de armas incapacitantes no letales, aquí entra los inmovilizadores con descargas eléctricas cuando la situación se torna complicada entre el policía y el delincuente por resistencia agresiva de este último.

4.- Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, esta aplica como última opción cuando no hay otra manera de someter al objetivo.

Manuel Emilio Hoyos comentó que es necesario evaluar a detalle el comportamiento previo que tienen los agentes en el lugar de intervención al ejercer acción penal contra los señalados por algún delito, para determinar si sobre pasaron los estándares de seguridad para llegar al riesgo inminente y accionar el arma de fuego.

“No se trata de defender a presuntos delincuentes, pero los derechos humanos son universales, la policía no está para matar gente, son más los casos en los que el policía abusa del uso de la fuerza y de las herramientas que porta, ya que el inculpado no pone la suficiente resistencia para haber sido tratado de esa forma”, aseveró Emilio Hoyos.