PUEBLA.- El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta asumió por decreto el mando de la seguridad pública municipal “en todo el territorio del municipio de Puebla, Puebla, incluyendo sus Juntas Auxiliares hasta que se restablezca el orden público y se pueda garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y derechos”.
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Tras la publicación del decreto, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, instruyó a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales Martínez, para que alinee a la corporación a las instrucciones del gobierno del estado y se reservó el derecho a defender la autonomía municipal constitucional conforma a la ley en éste y en todos los casos que sea vulnerada.
En el decreto publicado este miércoles se afirma que “fuentes de seguridad indican que Los Zetas y la Familia Michoacana operan en Puebla; mientras que Los Beltrán Leyva y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene células criminales ligadas a éstos en la entidad”.
En los mercados municipales, agrega, la delincuencia común ha transitado a organizaciones dedicadas a la venta de drogas, cobro de piso a comerciantes y ambulantes, prostitución, robos, venta de productos robados, pornografía y goza “de impunidad y un alto poder de organización, armas de fuego y vinculación con otras células delictivas importantes, lo cual se ha permitido, rebase las capacidades del ámbito municipal.”
Afirma el documento que se han registrado ejecuciones, cuerpos abandonados, feminicidios, una cifra considerable de robos, lo cual ha generado un contexto de inseguridad, “totalmente perceptible para la sociedad y desfavorable a la acción institucional, lo que permite afirmar que la labor de prevención es prácticamente nula”.
Afirma que la ciudad de Puebla es uno de los objetivos prioritarios del Cartel Jalisco Nueva Generación “en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana, ante el atractivo de ganancias económicas que genera el huachicoleo” y de consolidarse esta pretensión, sería una fuerte amenaza a la seguridad pública, al desarrollo económico y el turismo, al maximizarse la violencia, disputa de “plazas”, cobro de extorsiones y vulnerabilidad institucional a nivel local.
En un análisis de incidencia delictiva puede observarse que en el municipio de Puebla se tiene una nula supervisión y control en acciones en materia de seguridad, mismas que propiciaron un estado de descomposición que se traduce en actos de corrupción e impunidad vinculados a la corporación policial. Agrega que existen irregularidades consentidas por el Gobierno Municipal, de Claudia Rivera, como mantener activos a 84 elementos que no aprobaron evaluaciones de control de confianza, situación que “ha sido notificada en 13 ocasiones a la autoridad local, y únicamente se observó omisión, aun consientes de las sanciones administrativas y legales que ello corresponde.”
Afirma el decreto que “los policías entregaron documentación apócrifa para su ingreso, han aceptado sobornos, incurrieron en actos de tortura, toleran actividades ilícitas, además de reflejar incongruencia económica y patrimonial”.
En el punto cuarto del decreto se indica que la policía preventiva municipal acatará las órdenes que se le transmitan y de no hacerlo, incurrirá en responsabilidad, que le será exigible según su naturaleza administrativa y/o penal; además, se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado apoye para cumplir con la obligación constitucional de darle seguridad a la ciudadanía y que genere de inmediato una actualización de la planeación para la seguridad del municipio de Puebla, que implique el uso coordinado de los recursos del estado y el municipio.