Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (La Silla Rota).- El desplazamiento forzado interno es cada vez más grave en tierras chiapanecas. De acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en la actualidad cerca de 10 mil 113 personas son víctimas no solo de esa práctica, sino de la violencia paramilitar y criminal de grupos armados “protegidos por funcionarios de los gobiernos municipales y estatal, movidos por intereses oscuros y de despojo”.
El “Frayba”, en conjunto con el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC (FISANIM-Fideo) externaron su preocupación sobre todo por las condiciones en las que viven de cientos de familias de los municipios indígenas de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó.
En un documento que enviaron a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación de México; Alejandro Encinas, encargado de la subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población y al gobernador Rutilio Escandón, expusieron que solo entre esas tres poblaciones concentran alrededor de 3 mil 304 desplazados.
Algo que también les genera incertidumbre, se advierte, es que durante junio y lo que va de julio, solo en Aldama se contabilizaron 74 de agresiones armadas tanto en su cabecera como en comunidades como: San Pedro Cotsilnam, Yetón, Tabak, KoKo’, Xuxch’en, Tselepotobtic y Chivit.
De acuerdo con ambas organizaciones, antes las agresiones con disparos de arma de fuego provenían de barricadas que los grupos de corte paramilitar “construían” en las montañas, “pero ahora vemos con temor que en los últimos meses los ataques son a diario y de forma directa a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos”.
Por su parte, el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite ha denunciado 8 agresiones en Kanalumtik, en los puntos conocidos como Tsamtechen, Tseleltik, la comunidad de Pom en el tramo Chacojtón, y Cruz Cacanam de Chalchihuitán, así como en Las Limas, comunidad límite de Chenalhó.
No obstante, las autoridades no han hecho caso a la recomendación 71 /2019 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el caso de Aldama, ni la 87/2018 y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (882-17), en lo que respecta al clima de violencia que vive Chalchihuitán.
Tras lamentar que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado no ha cumplido con su cometido, resaltaron que es momento de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas realice un trabajo, “¿por qué no se ha procedido a detener y a enjuiciar a quienes están identificados como los agresores de las comunidades desplazadas y a los autores intelectuales de estas agresiones que tienen por propósito despojarlos?”
Esta situación de vulnerabilidad, evidenciaron, pone a las comunidades desplazadas en un alto riesgo de contagio de la covid-19, debido a la marginación y exclusión extrema, por la desnutrición y falta de alimentación adecuada, por carencia de servicios de salud y sanitarios, por inaccesibilidad al agua de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.
Un grito de auxilio silenciado
Al respecto, Ofelia Medina, actriz y defensora de derechos humanos, externó que se han unido a un reclamo que no es actual, sino que tiene décadas, como lo que sucede con la Organización Civil “Las Abejas” de Acteal, en Chenalhó, entre otras.
“Vemos con dolor que, su voz, por más organizada, por más presentada que esté, con cartas o comunicados impecables, no son escuchados… nosotros recibimos esos reportes de ataques que son diarios y que nadie puede detener a los agresores”, especificó.
En una plática pasada, la diputada local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Mass Lazos, evidenció que en una de sus visitas a Aldama el año pasado, escucharon de forma clara detonaciones con pistola, e incluso reveló que, de regreso, ella misma recogió varios casquillos percutidos, lo que habla de una situación extrema en esa región de los Altos de Chiapas.
Por otro lado, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos “Ku’ Untik”, con sede en San Cristóbal de Las Casas, también manifestó que están preocupados porque las autoridades no atienden las medidas cautelares que solicitaron para proteger a las personas privadas de su libertad y a las desplazadas, ante las afectaciones que se han generado por la pandemia.
Vulnerabilidad ante el covid-19
En entrevista, aceptó que el temor es que haya contagios masivos porque, al menos en el caso de quienes viven el desplazamiento forzado, están en condiciones de hacinamiento, además de no contar con otros servicios básicos como agua potable.
Aclaró que acudió, en el caso de los desplazados, ante la CIDH, y para los reclusos interpuso un amparo, sin embargo reiteró que hasta el momento no se han implementado las medidas sanitarias necesarias para que esas poblaciones no se contagien.
Aunque de forma oficial se sabe que la Secretaría de Protección Civil atiende a por lo menos tres mil desplazados, Cadenas advirtió que lo más seguro es que sean más afectados, “recordemos que en el año 2018 contabilizamos como 5 mil, la mayor parte de Chalchihuitán”.
En el caso del Centro de Derechos Humanos que dirige, se encargan de apoyar a cerca de 400 desplazados, “pero sabemos que hay muchos más”.
bl