HIDALGO (La Silla Rota).- Por carecer de normatividad y manuales, de instalaciones adecuadas y de acciones para prevenir hechos violentos, los centros de reclusión en Hidalgo obtuvieron la segunda calificación más baja en el país con 2.78, únicamente superados por los de Nayarit, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 (DNSP) que elaboró la CNDH.
Sin embargo, las cárceles peor evaluadas en las 32 entidades federativas se ubican en territorio hidalguense: las distritales de Zimapán y Zacualtipán. Después de ellas se encuentra el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco.
Las mayores fallas son la falta de personal médico, medicamentos, atención a personas adultas mayores, además de carencias en programas preventivos de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Asimismo, la CNDH comprobó la persistencia de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno/cogobierno, falta de prevención y atención de incidentes violentos.
De acuerdo con el diagnóstico penitenciario del segundo semestre de 2013 que elaboró la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), en los 18 Centros, tanto de Reinserción Social, Cárceles Distritales y Centro de Internamiento para Adolescentes existe una sobrepoblación de 62%; sin embargo, el penal de Apan opera 413 por ciento por encima de su capacidad, al albergar 113 reos, pero sólo tener espacio para 22.
Asimismo, el de Ixmiquilpan tiene sobrepoblación de 181 por ciento; el de Actopan, de 105%, y el de Jacala, 104%.
En la inspección que realizó personal de la CDHEH corroboró que sólo en tres centros, los de Actopan, Atotonilco y Zacualtipán, funcionan las cámaras de viodevigilancia, lo cual, consideró, vulnera la seguridad. En diez restantes no operan por fallas, y cinco más no tienen este sistema.
En julio de 2016, una riña en la cancha de la Cárcel Distrital de Tizayuca derivó en la quema de colchones, ropa y otros objetos por parte de los reclusos, lo cual propició que los familiares de los presos bloquearan por espacio de una hora la Avenida Juárez, en señal de protesta.
También a finales de septiembre se suscitó un amotinamiento en el área entonces denominada de “Máxima Seguridad” del Centro de Reinserción Social de Tula, por inconformidades que presentaron internos.
En el periodo de junio a diciembre de 2016, el organismo autónomo también detectó el uso de teléfonos celulares por reclusos al interior de los Centros Penitenciarios de Tulancingo y Pachuca, lo que ameritó que también esta CDHEH iniciara investigaciones oficiosas. Derivado de ello dirigió al secretario de Seguridad Pública en el estado, Mauricio Délmar Saavedra, la propuesta de solución PS-VG-0126-16.
Apenas el pasado 4 de junio, una persona falleció en la barandilla de Tulancingo presuntamente por broncoaspiración al haber sido ingresado en estado de ebriedad. El personal médico del área, justificó el ayuntamiento, estaba asignado, en ese momento, a otra responsabilidad.