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En BC policías enfrentan al crimen desarmados y sin garantías

En lo que va de 2020 suman 13 los oficiales caídos en el cumplimiento de su deber: 8 municipales, dos ex agentes y tres guardias estatales

Escrito en ESTADOS el

TIJUANA.- Tras sobrevivir a un atentado que dañó su cadera cuando era policía activo, en 2013, Arturo Zavala se enteró que la atención médica en Issstecali no le alcanzaba para una prótesis.

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Apoyado en un bastón, cuenta que sus hermanos de armas cooperaron para comprar la pieza que lleva incrustada en el costado izquierdo, y lo mismo ha pasado con gastos funerarios para otros policías.

Le estás pidiendo dinero al policía para pagar tu prótesis o para pagar tus muertes, cuando en realidad es del Ayuntamiento la obligación

En mayor o menor medida, ese es el mismo problema en las cinco corporaciones municipales encargadas de la seguridad en uno de los estados más peleados por los cárteles de las drogas a causa de su cercanía con Estados Unidos, y donde actualmente operan Sinaloa, los Arellano Félix y Jalisco.

(Fotos Cuartoscuro)

Son casi 100 mil delitos anuales en los últimos cinco años, según cifras de la Fiscalía General Estatal (FGE), entre los que destacan el robo de vehículo y el homicidio, principalmente de civiles, pero también de policías.

Fueron 12 durante 2019, según datos de la asociación civil Causa en Común, que ubicó a Baja California en la posición 9 de los estados con más asesinatos de agentes, y  en lo que va de 2020 ya suman 13: 8 municipales, dos ex agentes y tres guardias estatales.

El más reciente de esos crímenes fue en Tijuana, y la víctima fue el oficial Joel Saraos Ruiz, quien fue lesionado con arma blanca cuando atendió el reporte de una familia porque uno de sus miembros, al parecer bajo los influjos de alguna droga, amenazaba con matar al vecino.

El resto han sido acribillados a balazos en su auto particular o mientras patrullaban; uno de los ex agentes fue ultimado en un restaurante de la céntrica zona río en Tijuana, y en Ensenada otro fue asesinado en su casa junto a su hijo de tres años de edad.

“No es posible que las esposas, hijos, no tengan una pensión por viudez”, dice Arturo Zavala, el policía que ayuda a sus compañeros que han quedado incapacitados cumpliendo su  trabajo.

Además los recursos del Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad (Fortaseg), dinero que entrega el gobierno federal para capacitar y equipar a las corporaciones locales, ha caído casi un 50% también en los últimos cinco años.

Pasó de 253 millones 750 mil 191 pesos en 2016, a 134 millones 904 mil 955 pesos este 2020, según los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Toda esta situación colmó recientemente a policías de Tecate que en las honras fúnebres de dos de sus compañeros (Rosalba Santillán y Pedro Ignacio), ejecutados a balazos en un crimen que sigue impune, dieron la espalda a las autoridades en señal de protesta por la falta de garantías.

Porque en ese “Pueblo Mágico” en el que las autoridades investigadoras han reconocido la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde  lo mismo hay robo de combustible que tráfico de drogas y de personas, los policías no cuentan ni con servicio médico.

Lluvia de amparos

Y ese fue el punto de reunión que eligieron representantes de las distintas corporaciones municipales para anunciar que trabajarán juntas mediante amparos y procesos administrativos que hagan valer su derecho a la salud.

De esa manera 79 policías de Tecate ya consiguieron una suspensión provisional para ser atendidos en Issstecali, y el mismo camino seguirá otros 24 en los próximos días.

Aunque los agentes también quieren combatir las cargas excesivas de trabajo con jornadas de hasta 24 horas, además de los procedimientos de sanción sin derecho de audiencia.

“Siempre ha sido utilizada de esa manera la policía. Cuando hay tiempo de campaña los buscan, les prometen, y pasa la campaña y nada”, acusó un representante de la policía de Ensenada.

Y aunque la falta de protección para los policías y sus familias debió quedar cubierta tras la reforma a la Ley de Seguridad Pública del estado, en septiembre de 2017, hasta ahora ningún ayuntamiento ha cumplido con la reglamentación.

Así, hay policías que reciben sólo atención médica a través de convenios entre el municipio e Isstecali o IMSS en el caso de Tijuana, pero siguen sin derecho a vivienda o a una pensión.

Celso Figueroa es un veterano ex policía de Tecate, fue director y como abogado explica que el problema es que los agentes no tienen una relación patronal con el municipio, sino una relación administrativa.

Lo que tenemos que hacer es recurrir al camino legal, presentar cuantos amparos tengamos que hacer, es presentar tantos procedimientos administrativos como tengamos que llevar a cabo (…) ya vimos que con buena voluntad no va a suceder

Eso fue lo que hizo Arturo Zavala cuando después de un año en cama tras el atentado en el que recibió siete disparos, le dijeron que debía regresar a laborar a la policía de Tijuana.

Y obtuvo no solo su incapacidad permanente, también ha logrado retirar a un centenar de elementos que tenían al menos 40 años de servicio o una lesión que les impedía seguir trabajando en las calles, pero eran destinados a otras labores en la secretaría de seguridad.

Aquí estamos, pero no es lo ideal que si yo sufro una lesión de trabajo, tenga que cubrir mis gastos, o tenga que andar pidiendo prestado entre mis compañeros