QUINTANA ROO (La Silla Rota).- El andamiaje de corrupción que operaba en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la pasada administración encabezada por Roberto Borge Angulo, se formó a través de grupos internos en la dependencia que creaban juicios apócrifos para ejecutar despojos a propiedades de lujo, hoteles y condominios, en diferentes municipios del estado, principalmente en destinos turísticos como Tulum, Playa del Carmen y Cancún.
A pesar de que el destape de corrupción ocurrió hace más de un año y medio, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) de Quintana Roo, confirmó que están en proceso de recuperarse este año y entregar ocho propiedades a sus legítimos dueños que resultaron afectados por la generación de juicios a modo para despojarlos.
La secretaria de Trabajo, Catalina Portillo Navarro, explicó que se trata de casas y departamentos de lujo en Cancún y cuatro hoteles en Playa del Carmen que resultaron afectados por despojos operados en el periodo “borgista” y que a través de amparos emitidos a través de un Juez de Distrito los dueños originales han logrado recuperar sus propiedades.
En marzo de este año fueron recuperadas por los dueños originales las primeras propiedades, en este caso fueron cuatro departamentos de lujo ubicados en Puerto Cancún, las viviendas tenían un valor comercial de 350 mil dólares, pero fueron vendidos a sus compradores en cinco millones de pesos.
¿Cómo despojaban a empresarios y personas de sus viviendas?
El proceso iniciaba con la creación de juicios apócrifos, se agregaban trabajadores “inexistentes” o que nunca laboraron para las empresas que demandaban, se integraban al expediente con el apoyo de credenciales de elector provenientes de Tabasco y Veracruz, estos empleados a modo demandaban a grandes empresas por “despido injustificado”.
El siguiente paso era en el proceso de juicio, ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje no realizaba las notificaciones de demanda a los empresarios afectados, lo que provocaba que no se encontraran pruebas que contradijeran los argumentos de despido injustificado de los “empleados a modo”, posteriormente la dependencia realizaba condenadas millonarias a las cuentas bancarias o en su caso se apropiaron de inmuebles.
Durante la serie de despojos en Quintana Roo estaban a cargo los presidentes: María Elide Medillen Pérez de la Junta Especial Número Uno; Alexis Zavala Ávila de la Junta Especial Número Dos; Javier Ernesto Rosado Sauri de la Junta Especial Número Tres; Roberto Ibarra Morales de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, mismo ex funcionarios que aparecen en las denuncias.
En octubre de 2016 la STyPS interpuso las primeras dos denuncias y cuatro más a finales de noviembre por los delitos de peculado e infidelidad de custodia de documentos, ya que en algunos casos los expedientes no se encuentran en las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
“Para que no se repita la mala práctica de la administración anterior ahora se homologaron todas las notificaciones de todas las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto en la junta local como en las cinco juntas especiales y los juicios tanto el trabajador como los patrones deben de estar debidamente notificados para que no se vayan en rebeldía y se les respete su derecho de audiencia”, dijo la titular de la STyPS de Quintana Roo.