TIJUANA. - El abasto de agua en Baja California, zona desértica que trae el líquido desde el Rio Colorado, siempre es tema de discusión y en el pasado ha generado inmensas manifestaciones en las calles.
El anterior gobierno estatal, encabezado por el panista Francisco Vega, ofreció como respuesta una enorme desaladora en Asociación Público Privada (APP), pero la polémica obra fue cancelada por el gobierno del morenista Jaime Bonilla.
Sin embargo, este año el problema volvió a los hogares de Tijuana y no solo lo hizo en medio de las altas temperaturas del verano, sino también en plena pandemia por coronavirus que obliga a la constante lavado de manos.
Como respuesta al desabasto el gobierno de Jaime Bonilla implementó entre noviembre y diciembre del 2019 un programa de tandeo, y lo retomó este 24 de agosto mientras promueve una licitación millonaria que ofrece como solución de fondo.
Con la suspensión del servicio, en las últimas dos semanas no hubo una sola colonia que no tuviera al menos un día sin agua potable, aunque contradictoriamente los usuarios están pagando más en sus recibos.
Juan Carlos Zavala vive en la zona este y cuenta que el cobro pasó de un promedio de 130 ó 150 pesos mensuales, a 170 ó 190 pesos, y además hace tres meses que el recibo no llega a su casa.
“Me dijeron donde lo pago que no tenían gente para estar entregando ahorita. Por eso tienen las colonias así”, comentó.
Su familia, acostumbra guardar agua en tambos para prevenir cualquier imprevisto, así que eso los ayudó a sortear el corte que vivieron hace más de una semana.
Incluso podría decirse que es afortunado porque la afectación no pasó de un día y cuando eso sucedió las altas temperaturas habían dado una tregua.
Pero este fin de semana el pronóstico dice que el termómetro podría alcanzar los 37º C en Tijuana, y es seguro que diariamente una de cada diez colonias del municipio se quedará sin agua en las tuberías.
La Cespt, dependencia estatal responsable de bombear y repartir el agua desde Mexicali hacia Tijuana y Rosarito, le llama al corte “Pausa programada”, y consiste en que distintas secciones tengan 9 días con servicio y uno sin él.
El problema es que ese lapso de 24 horas se ha convertido hasta en tres días, y eso no se refleja en el cobro mensual que por el contrario crece.
Esto ha llevado a decenas de personas a las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), para buscar una respuesta.
“De repente llegan casos donde hay unos montos completamente salidos de tono. Pero el organismo ya tiene un formato y un área de aclaraciones”, afirmó el secretario de agua de Baja California, Salomón Faz Apodaca.
Desabasto de agua, un problema de los últimos años
Aunque la falta del agua en los hogares de Tijuana se ha vuelto más común en los últimos cinco años aproximadamente, este aumento en el cobro del servicio es una novedad, igual que la pandemia por coronavirus en medio de este intenso verano.
El gobierno de Francisco Vega dijo en su momento que la falta de agua se debía al aumento en el consumo por la temporada de calor, y ahora la administración del gobernador Jaime Bonilla sumó el consumo de energía eléctrica.
Asegura que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), está pidiendo al estado que ahorre en el consumo de electricidad que necesita el sistema de bombeo del acueducto que trae el agua desde el Río Colorado.
Por eso, la propuesta de solución del gobernador es una licitación en curso para construir una planta fotovoltaica de más de 200 millones de dólares que le venderá la energía eléctrica por hasta 30 años.
Su argumento es que, al estar desconectada del sistema de energía del país, lo que la península necesita es generar su propia electricidad.
Bonilla Valdez informó recientemente que la Secretaría de Energía ya expresó su preocupación por el proyecto, pero él seguirá adelante.
Al tema ya se subió también la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien informó que recientemente el gobierno de Jaime Bonilla puso en riesgo el abasto de agua en Baja California.
En un comunicado de prensa informó que la administración morenista terminó de manera anticipada el contrato con la empresa mayorista que vendía la energía al acueducto.
“Fue la CFE a través de la subsidiaria CFE SSB quien, como ‘usuario de último recurso’, proporcionó en dos ocasiones el suministro de energía al acueducto para que continuara su operación y que el líquido llegara a los habitantes del estado con lo que se evitó escasez y descontento social”, indicó.