A pesar de que la violencia familiar mostró su ángulo más álgido desde el año pasado en Chiapas, cuando incluso llegó a 295 por ciento superior al 2017 (según la Fiscalía General del Estado), es decir con más de seis mil carpetas de investigación iniciadas, la tendencia continúa al alza.
De acuerdo con el fiscal general de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca, en los primeros cuatro meses de 2019 registraron mil 805 casos de este tipo, de los cuales el 73% quedó en la impunidad porque la víctima perdonó a su agresor, ya sea por miedo o amenazas de este último. Tuxtla encabeza la lista de las cuatro ciudades con mayor número de esta clase de hechos (32.4%), seguido de Tapachula (22.1%), San Cristóbal (5.1%) y Comitán (3.1%).
El panorama es más “gris” de lo que parece. Según el Semáforo Delictivo, proyecto ciudadano que busca la paz en territorio azteca, Chiapas aparece con “números rojos” en este tema. De enero a la fecha, se han registrado 3 mil 872 casos, lo que lo pone 35 puntos porcentuales por encima de la media nacional, la cual está en 320 por mes.
Gely Pacheco, titular de la Secretaría de la Igualdad para las Mujeres, afirma que a pesar de que en la capital chiapaneca la mayoría de solicitudes de emergencia, por violencia familiar (física y sexual), proviene de 25 colonias (de poco más de 600), sobre todo de la periferia o del centro, no significa que en otras, consideradas residenciales, no exista ese flagelo.
Gely Pacheco
De hecho, calcula que de octubre de 2018 a junio de este año han atendido 146 casos, de los cuales 36 han sido para el área sicológica y el “grueso” para la parte jurídica, por lo que al día reciben al menos a una víctima.
Con base en el Observatorio Feminista de Chiapas, se advierte que la mayor cifra de feminicidios está relacionada con las parejas sentimentales o con alguien cercano a las víctimas. Prueba de ello, es que en el 2017 casi en el 70% de esos crímenes el victimario era concubino, pareja sentimental, expareja, familiar o conocido.
El calvario de Roxana dentro de su familia
Desde que comenzó su noviazgo, hace como una década, Roxana “N” comenzó a recibir dosis de violencia: desde malas palabras, infidelidades, hasta llegar a los golpes. Prácticamente vivió un “calvario” con quien, según ella, era su “amor y con quien compartiría su tiempo” y, quizá, el resto de sus días. Sin embargo, “estaba cavando su propia tumba”. Su pareja era un golpeador en potencia.
Al principio, rememora, era una relación “normal”, a pesar de que estaba consciente de que su novio era machista, “lo que no me imaginé a los problemas a los que me enfrentaría después, y todo empezó con muchas infidelidades”, cuenta a La Silla Rota. Cuando intentó terminar la relación, recibió bofetadas en plena vía pública.
Fue humillada un sinfín de ocasiones: “Me golpeaba, luego lo perdonaba, me volvía a golpear, y lo perdonaba; un cuento de nunca acabar, y él llegó a ponerme cosas en el cuello para ahorcarme, o a sacarme cuchillos, me lastimó mucho; me agarró a patadas, incluso delante de su familia… era como un ‘zombie’, porque no reaccionaba”.
Tras un lustro de ser violada una y otra vez, Roxana “N” buscó ayuda, pero por desgracia fue revictimizada en una institución que, se supone, está para brindar ese respaldo.
“Fui al DIF estatal, y luego de platicar todas las agresiones que sufrí, incluidos los abusos sexuales, la trabajadora social de ahí me dijo que yo no era candidata solo porque no estaba casada, y me cerró las puertas”, evidencia la madre de poco más de 30 años de edad, quien lamenta haber parado hasta Puebla para pedir refugio.
Por su parte, Dzheyra Patricia Lara Prieto, presidenta de la Asociación “Mujeres de Impacto”, advierte que no se ha hecho lo suficiente para mermar la violencia familiar, pues a las personas que son agredidas psicológica, física, verbal y económicamente les cuesta denunciar.
“Pero también no hay un seguimiento dentro del Sistema o la Fiscalía, donde ellas se puedan sentir acuerpadas”, resalta la entrevistada, quien lamenta que de los más de 800 casos presentados en lo que va de este año, todos fueron deliberados pero ni uno solo lo ganó la víctima.
Aunque reconoce el esfuerzo del actual fiscal general, especifica que las mujeres que fueron agredidas y denunciaron, aún no reciben justicia, por ello insiste en que se necesitan políticas públicas para apoyarlas de verdad, “porque no solo las agrede la pareja o el familiar, sino quienes las atienden en instituciones como una fiscalía”.
Lo más preocupante, coinciden las expertas, es que la cifra oficial aún se queda corta en cuanto a un comparativo con lo que sucede en realidad, aunque aplauden el que se hayan reformado los artículos 198 y 199 y adicionar fracciones al artículo 200 del Código Penal de Chiapas, pues no será necesario interponer la denuncia, sino que este tipo de delito se podrá perseguir por oficio.
No obstante, Gely Pacheco manifiesta: “Me parece que cada vez se desnaturaliza este problema o ya lo vemos como algo normal, por eso creo que las mujeres tienen que denunciar”.