SAN LUIS POTOSÍ- El domingo 28 de febrero, Enrique Galindo Ceballos se registró como precandidato de la coalición "Sí por San Luis Potosí" (PRI, PAN y PRD) al ayuntamiento de la capital del estado. Militante del Partido Revolucionario Institucional, externó que, con base a su experiencia institucional, trayectoria e historia de vida, buscará "conectar" con la ciudadanía.
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Sin embargo, el ex mando de la Policía Federal arrastra un negro historial de más de una década como servidor público.
Contra Galindo Ceballo pesan denuncias por desalojos violentos, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales cuando estuvo al frente de la Policía Federal. Estuvo bajo investigación federal y enfrentó diversas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Galindo Ceballos fue cesado el 24 de agosto de 2016, por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, como comisionado de la Policía Federal, luego de que la CNDH difundiera un informe sobre la masacre en Tanhuato, Michoacán, de mayo de 2015, en la que habrían participado elementos federales y que habría tenido un saldo de 22 muertos, todas ejecuciones extrajudiciales, en un desastroso operativo que el propio mando trató de hacer pasar como un enfrentamiento, con peritajes a modo.
Estamos dispuestos a rajarnos el alma por San Luis Potosí. pic.twitter.com/AiaYpnWMEF
— Enrique Galindo C (@EF_Galindo) March 1, 2021
Antes, en los inicios del sexenio de Peña Nieto, según medios de comunicación de San Luis Potosí, dio muestras de su proclividad por violar los derechos humanos: como director de la Policía Ministerial en 2004 aprehendió al ex secretario de Finanzas estatal, Olegario Galarza Grande, de manera ilegal y sin orden de detención. El exfuncionario presentó una denuncia ante la CNDH.
También fue director de Seguridad Pública Municipal de la capital potosina gobernada entonces por el entonces alcalde panista y hoy aspirante a la gubernatura Octavio Pedroza Gaitán; después fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en ambos cargos no aprobó en las evaluaciones de control y confianza.
La prensa local documentó que cuando fue jefe policiaco municipal compró a precio millonario decenas de tabletas para aplicar la multa electrónica a conductores, pero nunca se pusieron en funcionamiento por defectuosas.
Y como titular de seguridad pública supuestamente protegió a su tío Julio Ceballos Alonso, luego de ser detenido en un operativo militar, al lado de una célula del cartel de los Zetas asentada en San Luis Potosí.
En el boletín que difundió la Sedena sobre ese operativo, el nombre de su tío no apareció junto con los otros nombres de los capos detenidos; a los pocos días obtuvo su libertad.
Tanhuato fue la gota que hizo caer a Galindo de la Policía Federal, pero hay otros casos donde hizo gala de su mano dura: el 13 de septiembre de 2013 desalojó a los maestros que se habían apoderado del Zócalo de la capital del país y como algunos se negaron a retirarse, en protesta por la Reforma Educativa, sacaron a los maestros con gases lacrimógenos y a golpes de escudos y toletes.
En la CNDH, negro historial de violaciones del ex comisionado Enrique Galindo https://t.co/631S0bqhzy pic.twitter.com/fen6T3g1xz pic.twitter.com/NKPt1uRMnL— La Silla Rota (@lasillarota) October 14, 2016
En el mismo Zócalo capitalino, el 20 de noviembre de 2014 encabezó el desalojo de una manifestación pacífica por los desaparecidos de Ayotzinapa, con uso excesivo de la fuerza. Los hechos fueron reprobados por la CNDH.
El 6 de enero del 2015, en Apatzingán, Michoacán, Galindo desplegó un operativo de la Policía Federal y el saldo fue la ejecución de por lo menos 16 civiles desarmados que habían tomado la presidencia municipal.
Los heridos rindieron testimonio ante la CNDH, instancia que documentó que la Policía Federal incurrió en violación grave de los derechos humanos y el caso trascendió hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un expediente abierto en contra de Galindo y sus agentes.
Luego, el 19 de junio de 2016, un fallido operativo de la Policía Federal derivó en la represión en contra de maestros y pobladores en el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca, con saldo de seis muertos y 108 heridos.