El pasado 19 de noviembre se presentó una denuncia en contra de Francisco Vega, exgobernador de Baja California, por los delitos de peculado, abuso de confianza y fraude.
Según el expediente, se trata de un desvío de más de 1,200 millones de pesos por pago de servicios de “Asesoría, estudios e investigación”, que la Auditoría Superior del Estado de Baja California detectó entre 2017 y 2019.
Pero ¿qué fue lo que se encontró?
Según explica el semanario Zeta Tijuana, las operaciones estaban relacionadas con empresas a las que se les pagaron deudas que no existían en los registros contables; acreedores que tampoco estaban registrados; transferencias irregulares hechas por “instrucciones superiores” en las que no se justifica ni explica el servicio recibido; contratos millonarios que no pasaron por la cotización que exige la ley y posibles empresas fantasmas.
El secretario de Gobierno de la actual administración, Amador Rodríguez Lozano expuso una posible conformación de una estructura financiera distribuida en por lo menos 91 empresas que habrían triangulado más de mil 200 millones de pesos de las arcas estatales a negocios con domicilios inexistentes, a alguna vivienda abandonada o hasta lotes baldíos durante 2017 y 2018.
Empresas ubicadas en Tijuana, Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, servían de “fachada” para recibir sospechosos recursos justificados por servicios de asesoría y consultoría a diversas áreas de gobierno.
¿Quiénes están involucrados?
En la denuncia, los involucrados son el ex gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid; la diputada y ex oficial mayor del Estado, Loreto Quintero; el ex director de Normatividad y Políticas Administrativas del Poder Ejecutivo, Enrique Remigio Salcido; el ex secretario de Planeación y Finanzas del Estado (del 1 de noviembre de 2013 al 26 de abril de 2017), Antonio Valladolid Rodríguez; Bladimiro Hernández Díaz, contralor por los primeros cuatro años del sexenio pasado y secretario de Finanzas por los últimos 31 meses; el ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno de Baja California, Rutilo Pérez Flores y otros funcionarios públicos que integran la administración pública saliente.
¿Cuáles son las empresas involucradas?
Rodríguez Lozano destacó del contenido de las querellas los nombres de cinco negocios de reciente creación, quienes recibieron jugosas transferencias de las que se desconoce la existencia de contrato.
Además, por lo menos tres de esas cinco empresas tienen historial de operaciones “dudosas”, pues dos de estas pactaron contratos con diputados priistas y panistas de la XXII Legislatura que alcanzaban el millón y medio de pesos por servicios de consultoría, los cuales nunca fueron aclarados; además, una fue boletinada por el Servicio de Administración Tributaria como empresa fantasma.
Una de las empresas es Servicios Administrativos Math, S de RL, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) el 16 de diciembre de 2016, la cual percibió un monto de 800 mil pesos por servicios de asesoría. Aunque no se mostró contrato, el secretario general de Gobierno compartió algunos documentos relativos a dicha consultora, a la cual se depositó el recurso en una sola emisión a la cuenta 65-50681037-5, el 23 de marzo del año en curso.
Otra empresa es Juper Comercializadora, S de RL de CV, fundada en febrero de 2017 y otra de las involucradas en el supuesto desfalco por el mismo monto de 800 millones de pesos.
Esta también ofreció sus servicios al Congreso del Estado y obtuvo otros contratos por varios cientos de miles de pesos durante marzo.
Sin embargo, no hay nada de información pública, ya sean contratos de cualquier índole, página web o número de contacto.
Otra empresa es el Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio, SC, la cual recibió un contrato -a través de una adjudicación directa- de 8 millones 157 mil 044 pesos, por el mismo concepto de asesorías. El inmueble se encuentra registrado -aparentemente- en Naucalpan, Estado de México y fue boletinada por el SAT como empresa fantasma en mayo de 2018.
Según el portal Zeta, también se encuentra Promotores de Emociones Inteligentes, S de RL de CV, fundada el primero de diciembre de 2016, la cual también recibió 800 mil pesos.
De la única empresa que no se pudo obtener mayor información fue de Edificaciones, SA de CV, al no contar con inscripción en el RPPC ni existen contratos públicos o privados; tampoco página de internet o integración a algún padrón de proveedores en ninguna entidad o Federación -esto curiosamente también ocurre con el resto de las empresas-.
En la revisión de algunas de las actas constitutivas de las empresas del listado en los RPPC, se pudo detectar que varias de las empresas están relacionadas través de sus propietarios o representantes legales, además de que sus periodos de creación son en fechas similares y cuentan con características que las relacionan entre sí, ya sea por la nula información o porque se dedican a prácticamente todo: desde importación de alimentos, limpieza y venta de autos, entre otros.