TUXTLA GUTIÉRREZ.- Gregorio Pérez Gómez era un fiscal indígena chiapaneco “sui géneris”. Realizó un trabajo limpio hasta el día en que fue asesinado a balazos cerca de donde laboraba, la Fiscalía de Justicia Indígena de la región Altos, ubicada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
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Nunca solicitó que le brindaran seguridad; no le gustaba que le cuidaran sus espaldas porque, dicen sus allegados, no le debía nada a nadie, no obstante que su mismo cargo ameritaba que contara con guaruras.
La Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco consideró blindarlo hasta que, la noche del pasado 10 de agosto, dos sujetos en motocicleta se emparejaron a su carro, un Golf gris oscuro, y le dispararon hasta acabar con su vida.
En su conferencia de prensa “mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de Gregorio y ofreció una probable línea de investigación sobre este crimen; advirtió que todo apuntaba a que gente armada del municipio indígena de Pantelhó, donde germinó hace poco el grupo autodefensa “El Machete”, lo había mandado a matar porque en sus manos estaba el caso del narco-ayuntamiento de ese poblado, donde operaban “Los Herrera”, cuyo líder es el cacique, exalcalde y hoy encarcelado Autroberto Herrera Abarca.
INSISTENCIA EN UNA MISMA LÍNEA
Pero el caso de Gregorio está envuelto en una estela de opacidad. El día de su asesinato, la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante un comunicado informó que el exfiscal estaba encargado del caso Pantelhó.
El día 24 de ese mismo mes, la dependencia informó de la detención de Carlos Albino “N”, como uno de los presuntos coautores materiales del homicidio calificado de Gregorio. En el mismo boletín, resaltó que él estaba encargado del caso Pantelhó.
NORBERTO SÁNTIZ AMENAZARÍA AL FISCAL INDÍGENA
Sin embargo, para algunas personas que conocieron y que incluso tuvieron vínculos con él, como Gabriel Méndez López, reconocido abogado comunitario, un personaje que amenazó de muerte a Gregorio fue Norberto Sántiz, esposo de la exalcaldesa de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez.
En enero de 2018, estos personajes fueron señalados de ser los autores intelectuales por haber enviado a un grupo armado para asesinar a tres personas y herir a 17 más, entre ellas a Gabriel Méndez. El atentado se registró porque, según se ventiló, Norberto y María estaban molestos porque en Oxchuc se exigía la conformación de un gobierno comunitario, sin partidos políticos.
Incluso, el Congreso del Estado desaforó, en febrero de ese mismo año, a María Gloria y a todo su cabildo; en la actualidad, su paradero es incierto, aunque sobre ella y su cónyuge había un proceso penal.
Como Gregorio tomó el caso, rememora el entrevistado, el hostigamiento en su contra no cesó. “Un día me dijo, ‘fíjate, Gabriel, que hasta Norberto me ha amenazado’ (de muerte)” por esa situación.
“Te puedo decir, sin temor a equivocarme, que él era el único fiscal honesto; otro problema era que también estaba rodeado de corruptos, porque, déjame decirte que 9 de 10 ministerios públicos de la Fiscalía Indígena que dirigía, eran sucios, deshonestos”.
Otras fuentes consultadas advierten que, sin duda, Pérez Gómez fue cazado por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), debido a que tenía casos como de asesinatos en el mismo San Cristóbal de Las Casas, o por cuestiones relacionadas a armas y drogas; incluso, se habla de que la banda de “Los Motonetos” también estaría inmiscuida en su ejecución.
SU DON: SABÍA ESCUCHAR Y ATENDER
Gregorio, el indígena tseltal que nació en una comunidad de Yajalón, en la región Selva-Norte de Chiapas, tenía el “remedio” para apaciguar a los grupos originarios enardecidos. Si era retenido en algún poblado, con su tacto lograba salir avante, mediar e incluso solucionar los problemas.
De acuerdo con Gabriel, el fiscal le aseguraba que sabía controlar las situaciones más difíciles, como las que ocurrían en San Juan Chamula, donde la libraba a través de su “arma” más letal: el diálogo.
Por su parte, Diego Cadenas Gordillo, defensor de derechos humanos, recuerda a Gregorio como un elemento clave para abonar a la justicia, pues lo conocía desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “hace muchos años, cuando yo era el encargado de esa instancia, necesitaba a un experto en cuestiones de averiguaciones previas, y él era el ideal, porque aparte de que sabía mucho, era un hombre muy honesto”.
A pesar de ser cercanos, rememora que, cuando le solicitaba alguna información pero esa solicitud carecía de un interés jurídico, su respuesta era negativa. “Era muy apegado a derecho, eso le reconozco”, respalda.
En cuanto al crimen de Gregorio, el también exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas evidencia que “él era también muy poco apoyado por el actual fiscal (Olaf Gómez Hernández), porque sus oficinas estaban muy mal, con equipo jodido, con poco personal”.
De lo que está más que sabedor, asevera, es que el funcionario yajalonteco era blanco de muchas organizaciones que, disfrazadas de velar por la sociedad, se dedicaban a la delincuencia organizada y él, sin duda, representaba una piedra de tropiezo para las mismas.
“En San Cristóbal la venta de droga está pesada; imagínate, le tocaba toda la zona indígena; tenía una gran carga, y con poquito presupuesto”, puntualiza Cadenas, quien recuerda que, en una ocasión, el exfiscal indígena incluso le confesó que se desmayó en su propia oficina, por la presión que sentía a cada segundo.
EXPERTO EN AVERIGUACIONES PREVIAS
En 2015, Gregorio comenzó a desempeñarse como director de Averiguaciones Previas en la Fiscalía de Justicia Indígena. En ese momento, el fiscal de la misma era Cristóbal Hernández López.
Fue, además, uno de los 5 postulados para ser fiscal general en el estado. Pero eso le extrañó a Gregorio, porque ni él estaba enterado de esa decisión.
“Yo ni siquiera sabía de eso, es más, espero que esto no sea algo contraproducente, porque ni mi opinión me pidieron, no sé de qué se trata esto”, fue parte de lo que él le dijo a Gabriel Méndez.
Si de algo están convencidos quienes conocieron a Gregorio, es que su honestidad lo condenó a morir de esa forma; a sufrir amenazas de manera constante porque “tenía pólvora en sus manos”. “Él era una escuela para la justicia indígena, y por eso nos deja un gran vacío”, remata Méndez.
Tras su asesinato, la FGE dio a conocer, el 24 de agosto, de la detención de uno de los presuntos coautores materiales del hecho identificado como Carlos Albino “N”.
Pero antes, el día 12 de ese mes, el féretro de Gregorio fue llevado a la Fiscalía de Justicia Indígena y al Templo El Calvario, como forma de homenaje luctuoso, en donde estuvieron presentes familiares, amigos y compañeros de trabajo.
San Cristóbal, en especial, se convirtió en la ciudad perfecta para la comercialización y distribución de drogas, material pornográfico, “refugio” de pederastas y de sicarios.
La última ejecución de un funcionario, pero foráneo, en ese llamado Pueblo Mágico ocurrió en junio de 2019: Julio César, agente de la Fiscalía de Justicia de Tabasco, visitaba el lugar junto a su familia cuando, sicarios que los seguían en un par de motocicletas, acabaron con su vida, mientras que su esposa (ministerial de la misma instancia en la que laboraba su marido) y la más pequeña de sus dos hijas (una de 5 años) resultaron heridas.
esc