Después de que Gerardo Albarrán Martínez cumpliera 48 horas reglamentarias en el Ministerio Público de Tula, Hidalgo, por un delito menor, los agentes ministeriales hidalguenses lo entregaron a otros de sus colegas, del Estado de México, el pasado 4 de octubre de 2018.
Al joven de 21 años lo subieron a una patrulla sin una orden de aprehensión y, desde Tula, lo trasladaron hasta Naucalpan, Edomex, según consta en declaraciones del expediente. Durante el trayecto lo incomunicaron, le colocaron una bolsa en la cara, lo golpearon y lo encañonaron al tiempo que lo amenazaban de que aceptara un crimen que no había cometido.
“Ahorita que entremos vas a señalar a un cabrón, si no te desaparecemos”, le decían a Gerardo, quien después de diversas golpizas de cuatro oficiales que se iban alternando, comenzó a ceder a sus peticiones.
Después lo presentaron bajo el delito de cohecho para que estuviera retenido 48 horas, y más tarde le fabricaron otra acusación: robo con violencia de la nave de una empresa de ropa, ubicada en Naucalpan, que ascendía a los 26 millones de pesos.
Pese a que no existían pruebas de ningún tipo, el juez determinó la prisión preventiva, por lo que fue llevado al penal de Barrientos, localizado en Tlalnepantla. Desde ese día, explica la defensa, en las audiencias no se han presentado testigos, tampoco videos u otras pruebas que lo incriminen; incluso alertan la posible falsificación de firmas en los documentos.
Gerardo ya lleva 9 meses sin una sentencia y es uno de los falsos culpables en la administración de Alfredo del Mazo Maza desde que asumió el cargo de gobernador, en septiembre de 2017, después de Eruviel Ávila, cuando personas inocentes fueron a las cárceles por delitos que no cometieron.
Pero hay algo que une a del Mazo Maza con su antecesor priista: sigue con los mismos jugadores que son el fiscal general del Edomex, Alejandro Gómez, y el fiscal central jurídico, Fernando Ulises Cárdenas, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Sergio Medina Peñaloza.
Se trata de los tres personajes que han acumulado miles de quejas, así como denuncias de falsos culpables. Como publicó el lunes 17 de junio La Silla Rota y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como parte de la Beca de Periodismo Judicial, lanzada por MCCI- a pesar de que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio debía acabar con estos vicios.
Si bien del Mazo Maza lleva desde 2017 en el gobierno, tan sólo durante el año pasado se registraron 523 denuncias en contra de ministerios públicos por diversas razones como faltas administrativas, violaciones al debido proceso, corrupción, omisión, malos tratos, entre otros. De hecho, se trata de la cifra más alta desde 2011, según información obtenida vía la Ley de Transparencia.
Estos daños jurídicos se han reflejado a través de las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Edomex (CODHEM): entre 2018 y febrero de 2019 se registraron 77 violaciones al derecho y la seguridad jurídica cometidas por jueces y magistrados mexiquenses, según una solicitud de información.
MÉTODOS ERUVIELISTAS
La Silla Rota y Mexicanos contra la Corrupción detectaron con el análisis de 25 expedientes durante el periodo de Eruviel Ávila cinco métodos de fabricación: ausencia y manipulación de testigos; tortura; retención por cohecho; manipulación y siembra de evidencias.
Esta misma metodología de fabricación podría continuar en la administración actual de Alfredo del Mazo, según lo detectado en seis expedientes a los que este equipo tuvo acceso.
Se trata de 18 presuntos culpables, de los cuales cuatro se encuentran libres y el resto continúa su proceso dentro de la cárcel; 16 de ellos fueron detenidos ilegalmente sin una orden de aprehensión, incomunicados y tratados cruelmente, de acuerdo con los expedientes y sus defensas.
De los casos que resaltan se encuentran el de Gerardo Albarrán y José Antonio Ruiz, quienes fueron detenidos en diferentes lugares, acusados por la empresa Turkimex SA de CV, por supuestamente participar en un robo de chamarras, valorado en 26 millones de pesos, junto a un comando de 10 personas con armas largas, el cual la empresa no ha acreditado.
Albarrán y Ruiz fueron víctimas de tortura (documentada por los peritajes médicos), tratos crueles, incomunicación y violación a su presunción de inocencia. En el caso de Albarrán, cuya familia accedió a la entrevista, no se han presentado los testimonios de la empresa y tampoco han presentado videos privados y públicos.
“Las señoras no existen. No se han presentado a las audiencias y ya son 9 meses. Sólo quiero justicia, estoy endeudado. Mi hijo me cuenta que, así como él hay varios muchachos encerrados”, cuenta Leonardo, padre de Gerardo.
Su familia y la defensa señalan que se le está fabricando ese delito a su hijo, debido a que la empresa quiere cobrar un seguro por el robo.
Tres de los que se encuentran liberados son la familia del Valle, causa penal 342/2018, la cual fue aprehendida ilícitamente el pasado 14 de abril del 2018, durante un operativo de la policía estatal y municipal, la cual irrumpió en su hogar, en Chalco. Los acusaron de narcomenudeo y los presentaron en el Centro de Readaptación Social de Chalco a Flor Silvestre Herrera, Luis del Valle y Luis Enrique del Valle.
Debido a su defensa, lograron salir en unos cuantos días, aunque a su regreso a su casa la encontraron saqueada de sus objetos de valor y destruidos varios de los muebles; la familia presentó pruebas de video y fotos, en las que acusan a la policía de llevar a cabo dicho acto.
También se encuentra el caso de un dominicano de nombre Franklyn Domínguez de 21 años, causa penal 1656/2018, a quien acusaban de cometer un homicidio, y después de incomunicarlo, tras no poder procesarlo por ese delito, le terminaron achacando un robo con violencia, sostenidas en testimoniales.
Por otro lado, el que tiene el mayor incriminados fue el de nueve ciudadanos del caso Walmart durante la redada en Ecatepec, cuando se desataron los robos masivos a las tiendas en enero de 2018. Durante las aprehensiones, policías detuvieron a ciudadanos que -segun evidencias presentadas- no estaban involucrados y aún así fueron vinculados a proceso.
LOS MISMOS JUGADORES
La Comisión Estatal ha registrado 77 quejas contra jueces y magistrados del Poder Judicial mexiquense, de los cuales 38 fueron cometidos por violar el derecho a una adecuada administración y procuración de justicia, 19 por no tener una debida diligencia, y 10 por no poseer derecho a la fundamentación y la motivación.
Así como 10 por violar el derecho a una adecuada y oportuna ejecución de los mandamientos judiciales, dos porque no se proporcionó traductor, dos por no tener una resolución pronta, completa e imparcial; una por transgredir el derecho de acceso a la justicia, una por obstaculizar una defensa adecuada y una más debido a que el imputado no recibió información.
Sumado a ello, según la Fiscalía General de Justicia del Edomex, se aglomeraron 523 denuncias contra agentes del Ministerio Público local en 2018, de las 1,181 existentes desde el periodo de Ávila Villegas.
También los abogados de Defensoría Pública, quienes representan a los detenidos que no pueden pagar su defensa, acumulan 72 quejas desde 2014, de las cuales 29 se interpusieron a partir de que tomó posesión del Mazo Maza, de acuerdo con una solicitud de información a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Edomex.
Entre ellas, los ciudadanos denuncian incomunicación de los casos, simulación de la defensa, acoso, maltrato, presuntas irregularidades en la defensa y por negación a presentar recursos de apelación.
En todo este aparato de quejas y denuncias son responsables, de acuerdo con el periodo, el fiscal general Alejandro Gómez, cuya trayectoria ha sido como subprocurador jurídico del Edomex entre 2010 y 2012, y en 2014 empezó como procurador cuando aún existía la Procuraduría General de Justicia del Edomex.
Después, en diciembre del 2016, cuando aún estaba al frente Ávila Villegas, fue designado como el primer fiscal general local para el periodo 2016-2023, como parte de la Ley de Fiscalía General de Justicia del Edomex.
En ese mismo lapso, siendo procurador Gómez, también se encontraba su entonces director de litigaciones, Fernando Ulises Cárdenas, afamado por el video filtrado en el que aparece regañando a sus empleados porque no cumplen con las estadísticas de ocho casos ganados por cada 10. Ahora es el fiscal central jurídico y sin estar certificado para el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, según solicitudes de información.
Cárdenas viene de Atlacomulco, donde estudió la preparatoria regional Carlos Hank González en los noventas, de acuerdo con información obtenida por Transparencia. Luego estuvo en la Universidad Autónoma del Edomex (UAEM), de donde proceden la mayoría de los altos funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía mexiquense; misma universidad que entregó el doctorado honoris causa a Ávila Villegas días antes de dejar el cargo.
De hecho, ese premio lo recibió de manos del presidente del tribunal local, Medina Peñaloza, quien representa la esfera del Poder Judicial desde enero del 2015, para cumplir ese cargo hasta el 2020.
Estos tres personajes han sido denunciados por los colectivos de falsos culpables, particularmente el del líder de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, el profesor Humbertus Pérez Espinoza, quien los acusa de dirigir un sistema autoritario de fabricación de culpables, a través de la tortura y la violación a la presunción de inocencia, acusaciones que están vertidas en un amparo colectivo con alrededor de 300 reos.