VILLAHERMOSA.- El organismo electoral de Tabasco se encuentra envuelto en el escándalo por el manejo de su millonario presupuesto, principalmente los 40 millones de pesos de remanentes, que resultaron de ahorros y que al parecer quieren gastar en lugar de devolverlos a la Secretaría de Finanzas del estado.
TAMBIÉN LEE: Antes de irse, edil de Morena privatiza estacionamiento de mercado en Villahermosa
La noche del pasado viernes 1, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), efectuó una sesión extraordinaria urgente para aprobar el acuerdo donde se destituyó al director de Administración, Juan Manuel Segura Guzmán, y donde no se especificó claramente los motivos de esa decisión.
El Acuerdo aprobado por los consejeros electorales, solo se fundamentó en que la persona se “encontraba sujeta a investigación en diversos procedimientos administrativos radicados ante la Contraloría General de este Instituto Electoral, de acuerdo con la información proporcionada mediante oficio CG/0561/2021 del 30 de septiembre pasado” —un día antes del despido—.
Y destacaba que toda vez que era un cargo de dirección, cuya naturaleza es por disposición legal de confianza y por ende, no está sujeto a la estabilidad laboral, “se determina la conclusión de la relación laboral”; y de no existir inconveniente legal, se le deberá cubrir el pago de las prestaciones legales y extralegales que conforme a las disposiciones legales correspondan.
Sin embargo, este domingo 3, el funcionario cesado del IEPCT dio un posicionamiento público y acusó que su despido fue “porque no me presté al juego de la corrupción” y son los 40 millones de pesos “el botín por el cual me destituyeron del cargo de director de Administración”.
En realidad “se trata es de quitarme del medio para colocar un director de administración a modo para hacer uso de los 40 millones del subejercicio”.
Su postura la realizó a través de correo electrónico que envió a todo el personal del organismo electoral, según relató a La Silla Rota, Segura Guzmán, quien mencionó que oficialmente no se le ha comunicado su cese, pero fue desalojado de sus oficinas y no se le permite ingresar.
El conflicto surge en vísperas del nombramiento de la nueva presidenta del IEPCT, que efectuará el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá definirse alrededor del 30 de octubre.
El 30 de septiembre concluyó el periodo de la consejera presidenta del IEPCT, Maday Merino Damián, y fue designada como presidenta provisional a la consejera María Elvia Magaña Sandoval.
Pero, al parecer se le salió de control la conducción del Instituto, a la presidenta provisional al estallarle a ella este conflicto interno.
El génesis de esta polémica surgió luego que el 21 de septiembre los consejeros electorales en sesión ordinaria solicitaron conocer las finanzas del instituto aduciendo que no les habían informado nada, a pesar de que era información pública.
La información está contenida en la cuenta pública, con estados financieros, notas a los estados financieros, entre otros, entregada al Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE) firmada por el secretario ejecutivo Armando Rodríguez Córdova, y enviada al área de Transparencia para la publicación en la página del instituto electoral.
El destituido director de Administración sostiene que la ley electoral establece que el “verdadero y único administrador” es el secretario Ejecutivo del IEPCT por lo que no significa que la dirección de Administración no haya querido entregarles cuentas, sino que por alguna razón es el secretario Ejecutivo quien “no ha estado cumpliendo con esa atribución”.
Recordó que la mañana del 27 de septiembre pasado, a las 10:30 horas, en la sala de sesiones del Consejo Electoral del Instituto, él como director de Administración expuso la situación actual y de cierre de la conclusión del encargo de la consejera presidente del Instituto y entregó documentos comprobatorios a los consejeros electorales a través del secretario ejecutivo y el subdirector de administración.
Segura Guzmán relató que, en esa sesión, señaló que las finanzas del instituto “estaban en orden” y que, por primera vez desde 2014, el IEPCT había entregado las cuentas públicas en tiempo y forma a pesar del proceso electoral pasado.
Por primera vez las licitaciones más importantes fueron públicas, hasta el seguro de vida del personal fue por licitación simplificada, aunque tenía la opción de la adjudicación directa por ser parte del capítulo 1000 (servicios personales), pero para mantener la transparencia se decidió realizar la licitación simplificada
“También aclare sus dudas sobre los recursos y prestaciones para los trabajadores el fin de año, las cuales están aseguradas, planeadas y serán depositadas por la secretaría de Finanzas del estado”.
Allí, además, se les reportó del recurso excedente, esto es, en la cuenta pública se refleja en bancos un saldo de 44 millones de pesos, aproximadamente y un sub ejercicio en libros de 110 millones de pesos, “pero real son 40 millones a la fecha”.
Ese monto se logró por las acciones tomadas en conjunto de consejeros electorales, Junta Estatal Ejecutiva y por los límites de movilidad que la pandemia nos obligó a cumplir”, sostuvo Segura Guzmán
Narró que el día siguiente, 28 de septiembre, en la sala anexa de sesiones estuvo en reunión en privado con el consejero electoral Juan Correa, la directora de Organización, Blanca Eni Moreno y el secretario Ejecutivo. Armando Rodríguez, en donde se le cuestionó sobre la economía o el subejercicio y como utilizar los 40 millones “para beneficio del instituto”.
Hablaron de comprar un edificio, de remodelar el que existe y de realizar jornadas cívicas de cultura y participación ciudadana apoyando a los ponentes con honorarios de 100 mil pesos y 150 mil pesos a la mano, sin factura y sin contratos. Sin cumplir con la normatividad
A lo que les respondió “tajante, no se puede, no se debe, no es correcto y no me prestaré a hacerlo, ese dinero tiene que devolverse”.
Posteriormente, explicó el cesado funcionario, se reunieron con la directora de Organización, en la oficina del secretario Ejecutivo, en donde ella pidió el costo de liquidar a todos los jefes de departamento o coordinadores de este órgano electoral. “con el objetivo de no dejar personas problemáticas para que la nueva consejera presidente pueda moverse con libertad”.
El ahora exdirector de Administración afirmó que cuando lo desalojaron, en su oficina quedaron contratos, licitaciones, listas de comensales, cheques, vales de gasolina, dinero en efectivo, bitácoras de combustible, actas y contabilidad en general “que pueden desaparecer para hacerme ver culpable antes los organismos fiscalizadores”.
Pidió permitirle realizar una entrega - recepción conforme a derecho; y aseguró que al día de hoy no tiene ningún procedimiento notificado por ninguna situación en ninguna instancia.
rst