El pin parental, una herramienta que permitiría a las familias decidir si sus hijos reciben educación en materias sensibles, como la sexualidad y la igualdad, ha desatado la polémica en el país y ya se debate en por lo menos seis estados.
Expertos coinciden en que el costo social de restringir el acceso a la educación sexual sería enorme, principalmente para los niños, niñas, víctimas de abuso sexual y la comunidad LGBTQ.
La ONU también expresó su profunda preocupación por las reformas a las Leyes de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación al denominado “pin parental” por su carácter violatorio de los derechos de la infancia.
El pin parental es una herramienta que emula la función de un código o contraseña para proteger un dispositivo, de forma que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información, pero en este caso es aplicado en la educación.
"No estamos en contra de la educación sexual, pero hay padres que no estamos de acuerdo que liberalicen la sexualidad de nuestros hijos sin consecuencias jurídicas para nadie, el Estado debe respetarnos ese derecho", dijo Leonardo García Camarena, presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
(Fotos Cuartoscuro)
A finales de mayo pasado, una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Nuevo León abrió la puerta a la adopción de esta herramienta, la cual ahora también se discute en Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y Oaxaca. En estas seis entidades, las reformas las impulsa el Partido Encuentro Social (PES).
En Nuevo León, ya se rechazó la propuesta, pero el PES anunció que insistirá en su aprobación. La propuestas de pin parental se empuja en los Congresos estatales con la finalidad de que los padres tengan la facultad de decidir sobre la educación de sus hijos, de manera parecida al pin parental propuesto en España por la formación política ultraconservadora Vox, pero calificado por el Gobierno, la mayoría de los partidos y la comunidad educativa, como "censura educativa".
La propuesta es controvertida ya que estipula que los planteles educativos deben contar con aprobación previa de los padres de familia o tutores legales de los estudiantes para impartir clases que sean "ética y moralmente controvertidas".
Voces a favor y en contra
El problema de esta propuesta, a decir de Kalycho Escoffié, abogado y dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, es que este pin podría ser aplicado a cualquier tipo de contenido y no requiere que padres justifiquen razones.
"De la manera en la que están redactadas las iniciativas, no tiene ninguna limitante y la dificultad está en definir lo que es ética o moralmente controvertido", explicó.
Quienes están a favor, sin embargo, centran sus argumentos en el derecho a recibir información acerca de las actividades que se realizan en los centros o a educar según las propias convicciones morales de los progenitores.
De acuerdo con García Camarena, el derecho de que los padres eduquen a sus hijos por encima del Estado existe en más de 7 tratados internacionales, "desde la declaración universal de derechos humanos, hasta los derechos del niño".
Sin embargo, Escoffié asegura que esta concepción de los derechos sobre la educación de los hijos está mal entendido.
"El derecho de los padres es elegir a qué escuela acudirán hijos, pero nunca pueden elegir el grado de ejercicio sobre el derecho de educación a sus hijos", aseguró.
En tanto, la respuesta del Gobierno mexicano ha sido tajante: el pin parental está fuera de la ley. "Es inconstitucional y viola los derechos humanos de la niñez", dice.
Riesgos por aprobación
El riesgo de que se aprueben este tipo de iniciativas tiene varias aristas. Para Ana Rosales, psicóloga y especialista en educación sexual, temas como la educación sexual son herramientas básicas para prevenir y detectar el abuso sexual infantil.
"Muchas veces los niños que son abusados no saben los límites que debe haber entre un adulto y un niño", manifestó.
Es por ello, dijo, que es necesario que en las escuelas se den recursos educativos que les ayuden a tener esa conversación sobre sexualidad, incluso en niveles básicos.
Además de que con este pin se perdería la oportunidad de generar conciencia sobre la salud reproductiva de la mujer y el número de embarazos infantiles y juveniles, donde México tiene el primer lugar en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Para Escoffié, otra de las problemáticas es que se vulnera a sectores como la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT).
Porque los niños de primaria y secundaria que son LGBT "muchas veces todavía no lo saben y esta información puede ser determinante para ayudarles en autoestima o comprender ciertos procesos".
Mientras que para los que no lo son, tener información al respecto "les ayuda a no discriminar a compañeros o a cualquier persona de la sociedad".
Seguirán peleando
El Gobierno federal informó, en un boletín, que se enviará a los Congresos locales de los 32 estados del país un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano.
También expondrá las referencias a los tratados y convenciones internacionales, firmados y ratificados por México, que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y su dignidad intrínseca como sujetos de derecho.
Sin embargo, algunas asociaciones de padres piensan seguir peleando por la aplicación del pin.
"El pin parental puede evitar que adoctrinen a nuestros hijos en versiones de la sexualidad no compatibles ni con la ciencias ni nuestros principios ni nuestros valores", apuntó el dirigente de la UNPF.
Finalmente, Escoffié aseveró que se debe acabar con esa "idea arcaica" de que los niños son propiedad de los padres pues "son seres humanos y solo son propiedad de sí mismos", concluyó.
Con información de EFE