Diana regresó a la casa de su mamá el 14 de septiembre de 2021 al amanecer, la luz del sol comenzaba a reflejarse en la pequeña vivienda de láminas de zinc corroída por el óxido, localizada al fondo de una calle de terracería en la colonia Los Laureles, en el municipio de Oluta, en la región sur del estado de Veracruz.
Ese mismo día en la madrugada le avisaron que dejaría la celda en la que estuvo encerrada por tres meses y 20 días, acusada de asesinar a su hijo y abandonarlo en el baño de la misma tienda donde sufrió un aborto espontáneo el 24 de mayo.
Su defensa legal comprobó que la Fiscalía Regional de Acayucan inició un proceso penal en su contra por el delito de homicidio doloso en razón de parentesco, omitiendo que ella tenía una discapacidad mental, provocado por el contexto de violencia familiar en el que vivía.
Fuera del debate legal, Diana Patricia no olvida las voces detrás de su hombro que la acusaban de matar a su hijo y abandonarlo en baño del super Soriana donde abortó, cuando policías municipales la escoltaban al penal de Acayucan.
Este pensamiento fue recurrente los primeros días de su encierro, relata en un tono de voz tenue y que recurrentemente tropieza en la pronunciación de algunas palabras, como si guardara breves silencios antes de continuar la conversación.
A su ingreso a la cárcel vivió en un aislamiento que mantenía su celda cerrada con candado para que, supuestamente, las otras reclusas no le hicieran nada por el delito del que la acusaban.
Las largas horas en solitario, sangrando todavía por el aborto espontáneo que sufrió, sin oportunidad de ir al baño y utilizando una cubeta, terminaron hasta que su madre pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), relata en una conversación que sostiene lejos del lugar donde fue prisionera.
Al término de su aislamiento se enfrentó a las burlas y reclamos de las demás mujeres encerradas en la misma cárcel, con quienes convivía en las áreas comunes.
La historia del aborto que sufrió en la tienda Soriana del municipio de Oluta llegó a oídos de las reclusas distorsionada por las acusaciones en su contra por homicidio.
“El principio fue difícil porque las otras mujeres que estaban ahí me insultaban y me decían que había matado a mi hijo, otras se burlaban; como ahí hay niños no dejaban que me acercara a ellos, en una ocasión una nena de dos años se acercaba a mí con su andadera, yo por un momento la vi con alegría y le llamé para que se acercara más, pero cuando la iba a tocar su mamá le gritó y le dijo que no se acercara porque no fuera que yo la matara. Se rieron casi todas, yo me solté a llorar”.
Diana reconoce que pensaba que era una asesina, guardaba largos ratos en silencio acostada en una pequeña cama, a veces llorando y otras pensando en sus otros tres hijos a quienes no pudo ver desde que fue encerrada.
Pero su compañera de celda le repetía que era una víctima, que sufrir un aborto no era un delito y que la inculpaban porque no había perspectiva de género.
La idea se reforzó cuando en julio todas las reclusas recibieron una plática sobre los tipos de violencia contra las mujeres, por primera vez tuvo conciencia de que los insultos recurrentes y golpes de su esposo era algo que jamás permitiría de nuevo.
Diana se suelta de brazos, sonríe un poco y clava la mirada a un punto perdido en el horizonte, mientras levanta el rostro donde destaca su amplia frente y nariz, antes de platicar que reconocerse víctima de violencia machista le dio calma a pesar de estar encerrada.
En la cárcel compartió su testimonio con otras mujeres de la violencia que vivía, así como las demás reclusas le compartieron los suyos, la intimidad en la que se escuchaban generó empatía para que la mayoría cambiara su manera de tratarla.
En entrevista con La Sila Rota, Diana afirma que el día que se despidió de la cárcel se escucharon aplausos, felicitaciones y hubo lágrimas de alegría con la reclusa que le repitió desde el inicio que abortar no era un delito.
POBREZA Y DEUDAS, TRAS SALIR DE LA CÁRCEL
Para llegar a la vivienda en la que Diana Patricia fue recibida por su madre, caminó varias calles que serpentean el terreno irregular formado de tierra roja y pequeñas piedras blancas que se levantan a cada paso.
En este sitio se vive sin servicios básicos, se tiene cableado de energía eléctrica apenas hace dos años, pero falta agua potable y drenaje, pavimentación, banquetas y alumbrado público.
Antes de ser encerrada Diana Patricia había dejado a su esposo para pasar los últimos meses de su embarazo en casa de su madre, María Leticia, huyendo de los gritos diarios y de los golpes que a pesar de su estado eran algo común.
Su plan era vender dulces o artículos por catálogo, como lo hizo antes de casarse, para ayudar a mantener la casa junto con su mamá y cubrir los gastos de sus tres hijos. La joven había solicitado un préstamo con una empresa financiera por 10 mil pesos en lo que lograba estabilidad económica.
Sin embargo, su encarcelamiento agudizó la pobreza en la que vivía su familia, ya que vendieron todas sus pertenencias para cubrir los gastos que se necesitaban cuando se encontraba en la cárcel y su mamá asumió otro préstamo para pagar las deudas.
“En lo económico si nos pegó, porque tenía pendiente, pagar un préstamo de Compartamos, tenía también un crédito de cosas que adquirí para mis hijos, mi mamá tuvo que pagar esos compromisos y con un préstamo que consiguió liquidó esas deudas”, cuenta Diana.
Ahora que regresó a su casa no tiene empleo y el único dinero que ingresa al hogar es el que lleva su madre como trabajadora doméstica.
María Leticia
“Me dedico a trabajar haciendo limpieza en algunas casas, me contratan empleados del Instituto Nacional de Migración. Mi sueldo es de 150 diarios, pero no es un trabajo fijo el que tengo así que hay días que no gano nada”, relata María Leticia.
CRIMINALIZADA POR ABORTAR
La Fiscalía General del Estado refutó la versión que sostiene María de la Luz Estrada, acompañante del juicio de la joven y coordinadora del Observatorio ciudadano nacional del Feminicidio en México, sobre las omisiones en las que se incurrieron en el caso de Diana.
Sin embargo, desde el inicio la imputación en contra de Diana motivó posturas de rechazo de grupos feministas, quienes acusaron a la Fiscalía de criminalizar a la joven por abortar y difundir información sobre el caso.
En el momento de la detención de Diana Patricia, el delito de aborto no se consideraba grave en el estado y desde el 2009 se eliminó del Código Penal de Veracruz la privación de la libertad como medida de sanción para cualquier mujer que abortara.
Sin embargo, la FGE imputó el delito de homicidio doloso en razón de parentesco, en un ánimo de criminalizar a Diana Patricia, afirmó María de la Luz Estrada, quien prestó acompañamiento legal.
“El mismo Ministerio Público criminaliza de facto, y ponen a su mamá como testigo de la otra parte, cuando su mamá estaba a favor de su hija (...), la Fiscalía de lo primero que estaba obligado era investigar porque ella era víctima de violencia. Es que hay una mentalidad de facto de la autoridad de decir que ya es la asesina.”
A partir del 20 de julio, el Congreso del Estado reformó el Código Penal de Veracruz para legalizar la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación en cualquier mujer que lo decidiera.
Diana sumaba 53 días en prisión cuando, con la despenalización del aborto, su caso fue recordado por grupos feministas que acusaron de criminalizar a la joven de 29 años encerrada en el penal de Acayucan.
El debate del aborto resurgió cuando el 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional que cualquier mujer fuera procesada penalmente por abortar.
Aunque Diana Patricia no se encontraba sujeta a proceso por esta razón, cuatro días después fue puesta en libertad luego de la audiencia incidental en la que se le declaró inimputable luego de que su defensa comprobara que padece un trastorno mental.
María Adriana Fuentes Manzo, coordinadora general de la agrupación feminista Equifonía, dijo que después de la determinación de la Suprema SCJN será necesario que en los estados se elaboren las reformas para evitar casos como el de Diana Patricia.
La especialista señaló que existe una línea delgada entre el aborto y el parto incidental, en este último existen casos en los que la mujer es imputada por homicidio doloso en razón de parentesco, debido a la falta de perspectiva de género con la que se investigan los casos.
Sin embargo, tanto el aborto como el parto incidental son emergencias obstétricas en las que el Estado debe garantizar el acceso a la salud de las mujeres y no dar espacio para que exista una criminalización.
VIVIR EN UN HOGAR CON VIOLENCIA
Diana Patricia regresó a vivir a Oluta en el 2020, luego de vivir cerca de cuatro años en el municipio de Martínez de la Torre con su esposo, dedicado a operar un tractocamión para diversas empresas particulares.
A partir de que regresó a su ciudad de origen su esposo comenzó a tener un trato violento con ella, que empezó con no darle dinero para cubrir sus necesidades básicas, pasó después a los insultos y finalmente llegó a los golpes.
La joven nunca presentó alguna denuncia por las agresiones, pero vecinas y familiares aseguran que fueron testigos de diversos episodios en los que Diana era agredida, uno ocurrió cerca de la carretera Acayucan-Oluta y llevó a la detención de su esposo por Policías Municipales que se percataron de lo ocurrido.
Las discusiones comenzaban por la forma en la que Diana se vestía, una de las últimas ocasiones en la que fue golpeada, asegura que ocurrió cuando el médico que la atendía durante el embarazo le negó acceso al consultorio a su esposo cuando ella ingresó a la consulta.
Después de lo que vivió afirma que no planea presentar ninguna denuncia en contra de su esposo, quien ya no se encuentra en la ciudad desde que fue encarcelada y quien durante el proceso penal testificó en su contra.
Diana Patricia dice que prefiere dedicarse a cuidar a sus hijos; Joan, Jazmín y César.
Joan tiene diagnóstico de autismo y cumplió 11 años esta semana, por su condición, su abuela afirma que no fue consciente de que su mamá estaba en la cárcel, pero sufrió su ausencia.
Durante el tiempo que no estuvo con él, sus terapias con un neurólogo pediatra se retrasaron, lo mismo que el suministro de medicamentos. Una vez al mes debe viajar a Minatitlán para ser valorado por el especialista en una consulta que tiene un costo de mil pesos, además de los medicamentos.
Jazmín es una niña de 8 años, que no deja de abrazarla y de preguntarle porque estuvo en la cárcel y cómo fue que tuvo un aborto en el supermercado.
Diana Patricia evade las preguntas de Jazmín, quien se ha enterado de lo ocurrido prestando atención a las conversaciones de su abuela y su tía, así como a breves testimonios que ambas han compartido con algunos periodistas.
En casa las personas mayores son cuidadosas de no llevar periódicos o dejarla con algún teléfono celular para que la niña no lea las noticias en donde se difundió el caso de su madre. Para evitar preguntas incómodas que la hacen revivir el día que sufrió el aborto espontáneo por el que fue criminalizada, Diana prefiere hablar del tema fuera de la vivienda, alejada de la cerca improvisada con bambú, tablas y alambres de púas.
LA LUCHA DE UNA MADRE PARA QUE SU HIJA SALGA LIBRE
El domingo 19 de septiembre fue el primero, después de cuatro meses, en el que María Leticia no se levantó temprano para alistar la comida y artículos de limpieza personal que tendrían que pasar el filtro de seguridad en el reclusorio de Acayucan.
Relata que los jueves y los domingos eran los días de visita en los que tenía cinco minutos para ver a Diana Patricia a través de una placa de acrílico transparente para evitar contacto directo y contagios de covid, menos de un tercio del tiempo que tardaba en el filtro de seguridad en el que se revisaba cada uno de los artículos y productos que llevaba para el aseo personal de su hija.
“Le llevaba papel, jabón, pan tostado, queso filadelfia, tomate, cebolla, chile, plátano, manzanas, pollo que le gustaba a ella, yo hacía el esfuerzo por llevarle todo eso, de repente no me alcanzaba para todo y le decía que me disculpara.
“El proceso de revisión era tardado, a veces revisaban algunas cosas y me decían que no pasaban, las frutas luego van contadas, los plátanos por ejemplo solo eran cuatro, dos manzanas”.
En medio de las carencias, María Leticia se dice descansada por la liberación de su hija, ya que no solo eran las visitas a la cárcel para llevarle comida, además tenía que mantenerse al pendiente del proceso penal.
Durante los casi cuatro meses en el ir y venir de su casa al penal y los juzgados, buscó que el caso de Diana Patricia se difundiera en medios de comunicación, luego de notar que existía un grupo de activistas que a la distancia la respaldaban, exigieron la liberación de su hija.
“En el caso de mi hija está libre porque fue un caso que se supo, que se difundió, pero hay mucha gente que está encerrada, que es inocente y nadie se entera, porque solo los encierran. Es algo que nunca había vivido y ahora que lo vivo es algo que no le deseo a nadie.”
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