El pasado 28 de enero del 2019 un hombre se dirigía a su domicilio en el municipio de Pesquería, Nuevo León, cuando se dio cuenta que era seguido por dos vehículos. El hombre paró en una gasolinera y pidió ayuda a la policía municipal.
Minutos después, cuando los policías llegaron al lugar, comenzaron a hacerle una inspección corporal y posteriormente le colocaron candados de manos en ambas muñecas, lo subieron a la unidad oficial y lo llevaron hasta un lote baldío donde le cuestionaron con quién trabajaba y por qué lo iban siguiendo.
El hombre dijo no saber nada, por lo que los oficiales le bajaron el pantalón y la ropa interior y comenzaron a golpearlo con una tabla de madera en la espalda baja y piernas, en varias ocasiones.
Cuando el hombre se negó a proporcionar el número de su teléfono celular, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, cortándole el aire en más de una ocasión. Además le colocaron un arma en la cabeza amenazandolo de privarlo de la vida “cortando cartucho”.
Luego de horas de tortura, fue llevado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad donde estuvo privado de su libertad por 36 horas, para después dejarlo en libertad.
Los oficiales que participaron en los hechos, son investigados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), quien emitió la recomendación 19/2019 al alcalde de Pesquería por las detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y tortura contra el hombre.
Violaciones a derechos humanos, histórica en Nuevo León
En Nuevo León, el uso de la fuerza y actos de arbitrariedad por parte de las autoridades tiene un historial largo.
En 2017, tras el incremento de violencia en el estado a causa de la llamada Guerra contra el narco, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León (Cadhac), informó que la entidad vivió “un alarmante incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico, sin embargo, la reacción de las autoridades a ese problema fue lanzar operativos inconstitucionales, legitimar prácticas violatorias de las garantías y crear normas jurídicas que permitieran encarcelar a quienes fueran considerados sospechosos”.
Desde ese tiempo, las instituciones de justicia han recabado cientos de denuncias contras autoridades por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Las recomendaciones de la CEDHNL
Hace unos días, la CEDHNL emitió tres recomendaciones, una de ellas, a presidentes municipales, otra al alcalde de Santa Catarina y una más, al Fiscal General de Justicia del Estado.
El organismo dirige la recomendación 19/2019, a los alcaldes de Salinas Victoria, El Carmen, Pesquería, General Zaragoza y Juárez, por cinco casos en que policías hacen detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, actos de tortura y transgresión al derecho de las personas privadas de la libertad.
La queja es porque además no recibieron la atención médica adecuada y fueron víctimas de discriminación.
(Cuartoscuro)
Otra recomendación fue la 21/2019 dirigida al Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, en la que se acreditó que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones transgredió los derechos al debido proceso, en San Pedro Garza García, donde coaccionaron a un ciudadano para endosar la factura de un vehículo a favor de un particular.
La tercera recomendación es al presidente municipal de Santa Catarina le señala transgresiones a los derechos a la vida y de las personas privadas de la libertad, cometidas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. El 29 de junio un detenido, por faltas administrativas, fue agredido por otro detenido, y murió cuando era atendido en el Hospital Universitario.
Policías golpearon y detuvieron a joven de 13 años de edad, en Salinas Victoria
En la recomendación 19/2019, dirigida también al presidente municipal de Salinas Victoria, relata los abusos de policías hacia un menor de sólo 13 años de edad.
El 29 de junio de 2019, en el municipio de Salinas Victoria, un joven menor de 13 años de edad, caminaba cuando un policía –sin motivo alguno- le pidió que lo acompañara, por lo que el joven sintió temor y decidió correr.
Al no detenerse, los policías le dispararon provocándole una lesión en la cara. El niño cayó al piso y los oficiales lo sometieron sujetándolo de los brazos y esposándolo para después darle cinco golpes en el abdomen y en la espalda.
Otro policía lo agredió en 10 ocasiones con la macana en la espalda. Y entre los dos oficiales lo lanzaron al piso de la caja de la unidad y se subieron sobre sus piernas, lastimándolo y dejándolo adolorido.
El menor nunca fue informado el motivo de su detención y posteriormente fue liberado.
