HIDALGO (La Silla Rota).- Por pagos a comisionados y trabajadores que no fueron hallados en sus centros de trabajos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “presume” un probable daño por 106 millones 577 mil 16 pesos que fueron transferidos a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SSPH), en 2015, durante el penúltimo año de la administración de José Francisco Olvera Ruiz.
Un ex funcionario de esa dependencia fue detenido, el 18 de enero, como posible responsable de peculado; uno más tiene orden de aprehensión, pero no ha sido localizado.
El recurso que, corroboró la ASF, fue utilizado de manera irregular, provenía del Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa (FONE) que, en ese periodo, transfirió 12 mil 404 millones 404 mil 207 pesos.
En la auditoría 1004, que es parte del informe que recibió la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados este 15 de febrero, el órgano fiscalizador identificó que el gobierno estatal dispuso de 44 millones 223 mil 217.94 pesos para remunerar a empleados adscritos a centros de trabajo no financiables con el FONE, entre “los que destacan” la Dirección de Escuelas de Calidad, Dirección de Acciones Compensatorias, personal comisionado a otras Dependencias en Hidalgo y el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, que no corresponden a educación básica y normal.
Además, presume otro probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 61 millones 634 mil 672.65 pesos por realizar pagos con recursos a trabajadores adscritos a centros de trabajo “AGS, personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación” (SNTE), los cual, tras la última reforma en la materia, es ilegal.
Otros 269 mil 937.49 pesos, de acuerdo con el acta 004/CP/2015 que envió el organismo federal a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) con las observaciones finales, 269 mil 937 pesos fueron destinados para sueldos de trabajadores con licencia por comisión sindical, mientras que 449 mil 188.22 pesos más a tres empleados que no fueron localizados, pero estuvieron adscritos durante el ejercicio fiscal 2015 en centros de trabajo financiados con el Fondo.
Los 106 millones que la ASF observó por uso indebido deberán reintegrarse a la cuenta de la Tesorería de la Federación, más los intereses generados desde su disposición hasta que el Poder Ejecutivo de la entidad los devuelva.
Asimismo, emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 15-B-13000-14-1004-08-001 para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión, no presentaron evidencia documental que acreditara la supervisión del proceso de integración y pago de la nómina del personal educativo realizado con los recursos del FONE”.
En 2015 fungía como secretario de Educación Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira y Pablo Pérez Martínez, con orden de aprehensión pendiente de cumplementar, era subsecretario de Administración y Finanzas.
José Antonio Turrubiarte Delgadillo, ex director general de Recursos Financieros de la SEPH, fue recluido como medida cautelar en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca desde el 18 de enero por posible peculado.
Contra el ex funcionario se inició un primer proceso por 68 millones 795 mil 10 pesos. En esa causa penal, la 354/2016, también está inmerso Pérez Martínez, cuyos seis inmuebles en la capital y en el municipio conurbado de Mineral de la Reforma fueron cateados un día antes de la detención de su subordinado.
El juez de control Ciro Juárez González confirmó que el supuesto agravio financiero de una segunda orden de aprehensión, cuya investigación inició el 18 de noviembre de 2016 cuando la Dirección Jurídica de la SEPH inició ante el ministerio público la carpeta de 12-2016-11840 por desvíos, es por de 126 millones de pesos.
Por lo tanto, la imputación es por 194 millones 795 mil pesos.
kach