Las cárceles mixtas de Puebla carecen de personal médico y de seguridad, alimentación especializada para niños que viven con sus madres, así como deficiencias en infraestructura, talleres, aulas, áreas médicas, comedores, cocinas, áreas deportivas y espacios adecuados para la atención de los menores de edad, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la CNDH en el país se tienen 300 centros penitenciarios de los cuales 18 son femeniles y albergan al 40.2 por ciento de las mujeres; mientras que el 59.8 por ciento restante está en centros penitenciarios mixtos que no cuentan ni con espacios dignos ni servicios específicos para las internas.
En la recomendación 68/2019 dirigida al gobierno de Puebla, la CNDH pide a Luis Miguel Barbosa Huerta, titular del poder Ejecutivo, que la entidad cuente con al menos una cárcel exclusiva para mujeres, o que en un término de seis meses se asignen o programen recursos presupuestales, materiales y humanos que permitan la organización y el funcionamiento independiente del área destinada para las mujeres, “desde su titular, que deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, así como de seguridad y custodia”.
Los centros mixtos actuales, considera, “no reúnen las adecuadas condiciones de habitabilidad (…) su infraestructura, organización y funcionamiento gira alrededor de las necesidades de los varones” y contraviene el artículo 18 Constitucional en el que quedó establecido que las mujeres cumplirán sus sentencias en sitios separados de los hombres.
Para su diagnóstico, la CNDH visitó los centros penitenciarios mixtos de Acatlán de Osorio, Ciudad Serdán, Cholula, Huauchinango, Puebla, Tecamachalco, Tehuacán, Teziutlán, Zacapoaxtla y Zacatlán. El Centro Penitenciario Ciudad Serdán, por ejemplo, cuenta con una población total de 245 personas privadas de la libertad, de las cuales 25 son mujeres que reciben “toallas femeninas de forma parcial que les proveen por donación de asociaciones civiles, no consideradas por el centro como un insumo que deba proporcionarse”.
El Centro Penitenciario de Cholula cuenta con una población total de 419 reos, de los cuales 25 son mujeres y 2 menores de 3 años de edad y no cuenta con registros de personas adultas mayores, indígenas, del grupo LGBTTTI, embarazadas, ni con enfermedades crónico degenerativas e infecto-contagiosas; se carece de espacios para visita íntima, área médica, cocina, comedor, talleres, aulas, biblioteca, visita familiar, patio, áreas deportivas y espacios destinados para la atención de niños y niñas que convivan con sus madres en el centro.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2018 los centros mixtos tuvieron una calificación de 5.98, promedio, a nivel nacional; los femeniles alcanzaron 7.57 y en particular el estado de Puebla tuvo una calificación de 6.05 en la escala del 0 al 10.
La CNDH pide también que se garantice el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad, en especial en labores productivas, privilegiando el trabajo remunerado y su capacitación en actividades útiles para cuando obtengan su libertad, así como desarrollar un programa de capacitación continua con perspectiva de género dirigido al personal que atiende a las mujeres presas.
En la recomendación se dan seis meses al gobernador Luis Miguel Barbosa para implementar acciones en materia de salud, “tendentes a brindar la debida atención a mujeres embarazadas, a niñas y/o niños, recién nacidos, personas con discapacidad, personas adultas mayores, con enfermedades crónicas y/o degenerativas, con adicciones que se encuentren en los centros penitenciarios mixtos visitados”.
bl